Madre de Dios: minería deforestó más de 30 mil hectáreas de bosques primarios en tres años

Foto: Diego Pérez / SPDA

  • Según el reporte elaborado por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), con apoyo de la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), el área deforestada equivale a 43 mil campos de fútbol profesionales.

 

El Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés), iniciativa de Conservación Amazónica (ACCA), informó que la minería generó la deforestación de 30 846 hectáreas de bosque primario en la región de Madre de Dios. Según las imágenes satelitales del estudio Minería de oro en la Amazonía peruana sur, resumen 2021-2024, el área deforestada es el equivalente a 43 mil campos de fútbol profesionales.

El informe recopila datos desde enero de 2021 a marzo de 2024 y comprende áreas de bosque primario deforestadas por la minería formal, informal e ilegal.

En el caso de la minería formal e informal, esta se desarrolla dentro del denominado “Corredor minero” o “Zona de pequeña minería y minería artesanal”, área asignada por el Estado peruano para que mineros formales e informales puedan trabajar minería de oro.

[Ver además ►Ampliación del Registro de Formalización Minera permitiría que mineros operen sin considerar impactos ambientales]

Es importante destacar que, para ser considerado un minero formalizado, se deben cumplir una serie de requisitos, incluida la inscripción en el Registro de Formalización Minera (Reinfo) y la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom), entre otros.

Por otro lado, los mineros informales solo necesitan estar inscritos en el Reinfo para operar dentro del “Corredor Minero”. No se requiere la aprobación de su Igafom.

De acuerdo con el MAAP, en el “Corredor minero” se deforestaron 22 576 hectáreas, en poco más de tres años. En las imágenes satelitales se observa que los sectores más afectados fueron la zona minera Guacamayo y distintos puntos a lo largo del río Madre de Dios.

Imagen: ACCA/MAAP

Imagen: ACCA/MAAP

Las 8 270 hectáreas deforestadas restantes se registraron, principalmente, en territorio de pueblos indígenas, zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas (ANP) y concesiones forestales de castaña. Las comunidades nativas más afectadas son San José de Karene, Tres Islas, Puerto Luz, Boca Inambari, Kotsimba, Barranco Chico, entre otras.

El análisis del MAAP mostró que  la deforestación minera entre 2021 y 2024 disminuyó en la comunidad nativa Barranco Chico, en comparación a años anteriores (2017-2020), mientras que en este mismo periodo hubo un amento en San José de Karene, Tres Islas y Boca Inambari.

Respecto a las ANP, la deforestación generó daños en la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri.

Pueblos indígenas enfrentan deforestación

Ante el avance de la minería ilegal en las comunidades nativas, la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), cuya principal tarea es la de defender los derechos fundamentales y colectivos de pueblos indígenas y comunidades nativas, incluyendo a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), viene apoyando a ACCA con la identificación de las comunidades que son amenazadas por esta actividad ilícita.

Luego, ACCA, a través del proyecto MAAP, realiza monitoreos satelitales de las comunidades nativas priorizadas y elabora informes confidenciales que son entregados a esta organización indígena.

Imagen: ACCA/MAAP

Con esta información, se revisa los informes junto con veedores (monitores de territorio) y los resultados se socializan con las comunidades nativas afectadas quienes son las que deciden si estos casos ameritan un proceso legal.

En caso los miembros de la comunidad acepten, la Fenamad elabora expedientes de denuncia legal ambiental que son entregados a las autoridades como la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, la Policía Nacional del Perú, entre otras entidades.

Finalmente, las instituciones del Estado peruano involucradas disponen dónde iniciar una operación de interdicción sobre las áreas donde se desarrollan actividades de minería ilegal.



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