Según un reportaje publicado en El Comercio, las empresas Universal Metal Trading (UMT), AS Perú & CIA, E&M Company y Minera Tambopata no sólo exportaron a Suiza unas 25 toneladas de oro, sino que además financiaron a clanes de minería ilegal que actualmente están siendo procesados por lavado de dinero.

El informe señala que familias como la de Cecilio Baca Fernández y su pareja Gregoria Casas, se convirtieron en principales proveedores de International Metal Trading (ITM), cuyo gerente es Jorge Zavaleta. Dicha empresa vendía oro a empresas suizas PAMP y MKS Finance con sede en Ginebra.

Otras familias, como la integrada por los hermanos Moisés y Arturo Ortiz Ortiz (ambos cusqueños), o la liderada por Leonardo Canalli Warthon (apurimeño), son las que aparecen como los mayores proveedores de ITM. Sin embargo, esta cadena fue denunciada por la Sunat en 1999, debido a que se comercializaba el oro de manera ilícita.

Al poco tiempo, Jorge Zavaleta y su hermano Luis –por entonces asesor del Ministerio de Energía y Minas (Minem)– creó la sucesora de ITM: Universal Metal Tradin (UTM). Con esta nueva empresa de nombre parecido, los hermanos continuaron acopiando el preciado mineral de Madre de Dios, logrando enviar -sólo el 2011- más de 19 toneladas de oro valorizados en 900 millones de dólares. Gran parte de este material fue entregado a la transnacional MKS Finance de Ginebra, dedicada a la producción de lingotes a gran escala.

ZAVALETA SE DEFIENDE

Ante la denuncia del diario, el gerente general de UTM se defendió señalando que dejó de comprar oro a los acopiadores de Madre de Dios desde marzo de este año, debido a que el Estado penalizó esta actividad.

Por otro lado, dijo que nunca conoció al clan de Cecilio Baca ni a su esposa, Gregoria “Goya” Baca. Sin embargo, Zavaleta sí reconoció conocer a los acopiadores Arturo Ortiz (de Oro Fino) y Leonardo Callali (de Los Poderosos), ambos procesados por defraudación tributaria.

“ES HORA DE INVESTIGAR A LAS EMPRESAS”

Sobre este caso, el abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), César Ipenza, señaló que “ya es hora de investigar y dejar en claro la responsabilidad penal de quienes adquieren el metal con un legado de destrucción ambiental”.

“Es el momento de fiscalizar a los grandes beneficiarios que se enriquecieron a costa de la depredación de Madre de Dios”, acotó.

“Hoy tenemos instituciones y herramientas para enfrentar esta ilegal actividad. Una de ellas, es la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos, a cargo de Julia Príncipe. Gracias al decreto 1106 se incluyó la minería ilegal como delito precedente del lavado de dinero. Quizás sólo aplicando esta norma y los decretos que penalizan la minería ilegal y su financiamiento, el Estado pueda recuperar parte de lo que perdió en zonas como Huepetuhe”, finalizó.