Lizardo Cauper: “Queremos crecimiento económico, pero respetando los derechos de los pueblos indígenas”

Foto: Aidesep

  • Entrevistamos a Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) –organización que representa a 109 federaciones integradas por 1 809 comunidades donde viven más de 650 000 hombres y mujeres– sobre el Acuerdo de Escazú y del por qué el Congreso debería ratificarlo.

 

Actualidad Ambiental conversó con el presidente de Aidesep sobre el Acuerdo de Escazú y por qué desde su organización, que representa a más de 650 000 indígenas, solicitan su ratificación.   

¿Cuál es el escenario actual, en plena pandemia del COVID-19, respecto al acceso a la información?
Nos damos cuenta en esta situación del COVID que ahora no hay una información transparente ni completa. Diresas (direcciones regionales de salud) y el Minsa (Ministerio de Salud) no están poniendo los datos de fallecidos por pueblos indígenas. Entonces, no sabemos cuántos de los pueblos Shipibo o Asháninka, por ejemplo, han fallecido. Ahí nos damos cuenta de que no brindan una información completa y transparente. Por ello, es importante este Acuerdo de Escazú.

 

¿De qué manera el Acuerdo de Escazú podría contribuir a acortar esta brecha informativa?
Para nosotros la ratificación de este acuerdo por parte del Congreso peruano va a ser importante, porque va a permitir la transparencia de información. Y como sabemos, esto es importante para una justicia ambiental y para el cumplimiento de los derechos humanos. Algunas empresas, con políticas de trabajo que desconocemos, están vulnerando derechos en la Amazonía peruana, derechos humanos y ambientales, atentando social, cultural y espiritualmente. (Esto último) porque hay lugares sagrados para los pueblos indígenas que protegemos y conservamos, que a su vez conlleva una conservación de nuestra identidad cultural.

 

¿Cómo esto se podría alinear con la reactivación económica?
Lo que pedimos en esta reactivación económica son, primero, derechos humanos, derechos fundamentales y de una u otra manera se puede ir reactivando la economía y no solamente de inversiones extractivas. Hay que ver también mecanismos para que haya una reactivación económica equitativa que beneficie a los ciudadanos peruanos y no solamente a un grupo de élite de empresarios sino también a los ciudadanos en general. Y que estas inversiones se den con más cuidado, cumpliendo los estándares internacionales, lo cual ninguna empresa quiere hacer. Por ello, es que consideramos importante esta ratificación.

 

El Acuerdo exige que para facilitar el acceso a la justicia, se debe hacer uso de la interpretación o traducción de idiomas distintos cuando sea necesario para el ejercicio de este derecho. ¿Cómo esta falta de acceso a la información los ha venido afectando?  Y de ratificarse, ¿en qué ámbitos podrían verse beneficiados?
La administración de justicia intercultural tiene que ver con las costumbres que se pueden aplicar a los pueblos indígenas. Porque en la justicia ordinaria no podemos tener defensa real, porque no se puede defender si no te juzgan o no te entrevistan en tu propio idioma. Entonces, así no hay una buena interpretación y eso no es bueno. Por ello, el acuerdo es bueno, porque no solo permitiría un acceso a la información, sino también una justicia verdadera. Actualmente eso no se da. Lo que se hace va en contra de la justicia intercultural y el derecho consuetudinario que aplica a los pueblos indígenas.

 

Mencionó que existen cifras que el gobierno debería transparentar. ¿De qué manera el Acuerdo de Escazú responde a elevar los niveles de transparencia y rendición de cuentas?
Nosotros estamos pidiendo que (el Ministerio de) Economía y Finanzas brinde información en cualquier momento y no solo a través de la web, sino también a través de todo mecanismo comunicacional que pueda usar. Porque no todos tienen acceso a internet, los pueblos indígenas que están en la frontera, por ejemplo. Por eso yo he dicho que no es igual (su acceso a información). Siempre van a haber esas diferencias porque no estamos en las mismas condiciones. En el fórum del Gobierno Regional de Loreto (Gorel) escuché a un ingeniero representante del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Loreto, diciendo que “sí es transparente porque la información está en la página web” y claro, para él, pero para una comunidad que está en la frontera donde no tiene ningún tipo de acceso a información ¿cómo creen que van a informarse? Entonces, tienen que haber los mecanismos comunicacionales, todos los instrumentos que permitan dar la transparencia de la información.

 

Algunas voces opositoras vienen afirmando que el Acuerdo de Escazú obstaculizará los proyectos productivos del país que en estos meses es más necesario impulsar por la crisis del COVID-19 ¿Qué les respondería?
No es reciente, no es que estamos esperando que se firme el Acuerdo de Escazú para recién defender la Amazonía, lo estamos haciendo ya. Pero, lo que necesitamos es que haya algo escrito para que los Gobiernos, en la parte económica a través de sus actividades, acciones, códigos empresariales, se alineen y cumplan con los estándares. Hay códigos o adendas firmados, pero ¿quién los fiscaliza? ¿quién lo monitorea? ¿quién da seguimiento? Entonces, por eso hace falta este acuerdo, porque nadie vigila, nadie hace cumplir.

 

Los opositores consideran que esto podría afectar la economía del país
Al contrario, queremos crecimiento económico, pero respetando los derechos de los pueblos indígenas. No hay que satanizar diciendo que esto va a seguir frustrando el desarrollo, hay que entender el tipo de desarrollo ¿qué tipo de desarrollo queremos? Por ejemplo, una carretera ¿qué tipo de desarrollo nos va a traer? ¿solamente para trasladarnos? Y toda la vida no vamos a vivir de actividades extractivas, ¿después del petróleo, de qué va a vivir Loreto? Tenemos que ya trabajar las nuevas matrices energéticas y las nuevas formas de desarrollo. Sacamos materia prima, sacamos gas, sacamos madera y luego retorna a nosotros, pero más caro, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso tiene que ser bien analizado. Entonces, ¿qué crecimiento económico queremos? ¿Uno bañado de sangre, contaminando, matando personas, persiguiendo y asesinando líderes? Entonces, ¿de esa economía queremos vivir? O ¿queremos otra economía que beneficie equitativamente con nuestras propias potencialidades amazónicas?

 

La labor de los y las defensoras ambientales es crucial. Actualmente ¿cómo se ha venido protegiendo o salvaguardando la vida de ellos? ¿cuál es la realidad que vienen afrontando?
Para nosotros es algo natural, más allá de lo ambiental, es parte de nuestra cultura de relación armónica entre el hombre y la naturaleza, en este caso los pueblos indígenas que vivimos en la Amazonía protegemos el bosque porque es parte de nuestras vidas, porque en él conseguimos lo necesario. Entonces, la defensa de este recurso es bastante significativo para los pueblos indígenas.  La defensa de lo ambiental, la defensa de los cultural y de los lugares sagrados que considera cada pueblo indígena es importante. La defensa viene por dar valores económicos, espirituales, culturales y agrológicos. Entonces, yo debo defender lo que a mí gratuitamente me da la naturaleza. Pero ¿a que se enfrentan? A una persecución política, amenazas, solo porque no les permitimos extraer, sin respeto a los derechos humanos y a la biodiversidad y todo lo que ofrece la madre tierra. Frente a esto, para los pueblos indígenas defender es cuidar la vida, la vida de un poblador, de muchos pueblos y de la humanidad misma, de todos los que viven en la madre tierra.

 

¿Qué casos podría mencionar?
Se han visto varias muertes, varios asesinatos en la Amazonía, como el caso de Chota, el de Arbildo y muchos otros. Todo esto viene por consecuencia de conflictos sociales que el mismo Gobierno permite hacer abriendo estas ventanas irresponsablemente sin poner ningún tipo de fiscalización, ni control.

 

¿Qué se debe hacer para disminuir este escenario de vulneración?
Lo que debería hacer el Gobierno es tener un ente controlador.

 

Finalmente, al inicio de la cuarentena se habló que se debía mejorar el vínculo con la naturaleza, que deberíamos respetarla más y se habló de una “nueva normalidad”. Para usted ¿en qué debería consistir realmente esta nueva normalidad y cómo se vincula el Acuerdo de Escazú con esta?
Yo creo que va a ser importante como instrumento vital y que el Congreso o las instituciones tienen que aplicarlo con responsabilidad y no mirar como una amenaza de desarrollo. Si no que es un instrumento que va a ayudar al Perú a mirar otros escenarios políticos importantes al cumplir 200 años. El Acuerdo nos permite caminar hacia un nuevo sistema incluyente y responde a todo el país y no solo a un grupo de élite que quiere gobernarlo.

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