En marzo de 2024, tras dos décadas de espera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia histórica contra el Estado peruano, al cual responsabilizó de la contaminación ambiental ocasionada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en el departamento de Junín.

La corte ordenó la remediación de la zona, así como la compensación y monitoreo ambiental. Además, la atención integral de salud a los afectados, una indemnización, entre otras medidas. Sin embargo, a más de un año de la sentencia, poco o nada se ha hecho.

“Me siento indignada decepcionada del Estado peruano porque ya pasó un año un mes y hasta ahorita lo único que cumplió el Estado es este publicar parte de la sentencia en un diario nacional La República. Pero el tema de salud, el tema de investigación y otros más, hasta ahorita momento nada. Creo que la presidenta ni los ministros no tienen el interés ni por los ni por la población ni de La Oroya ni por todo el Perú”, comenta Liliana Carhuaz, una de las afectadas.

Carhuaz es una de las personas que estuvo desde el inicio del proceso contra el Estado peruano. A ella la motivó su hermana menor, quien estaba sufriendo los efectos de la contaminación del aire.

Pablo Fabián, por su parte, es uno de los símbolos de este caso. Su imagen ha recorrido todo el mundo, especialmente cuando La Oroya fue conocida como la segunda ciudad más contaminada del mundo, después de Chernóbil (Ucrania). Él también lamenta el nulo cumplimiento de la sentencia.

“Durante el año no ha pasado nada, ha sido un saludo a la bandera. Al Estado poco le ha interesado, no hay nada”, afirma.

Pero ser uno de los rostros que reclaman un ambiente sano nunca fue fácil. Pablo Fabián, así como Liliana Carhuaz, fueron amenazados en diversas ocasiones, tan solo por reclamar lo que era justo.

“Empezaron a decirnos que por culpa de nosotros se va a cerrar la empresa que nosotros estamos impidiendo que la empresa trabaje, que La Oroya va a desaparecer. Un montón de temas con el fin de que la gente nos tenga a nosotros en la mira”, recuerda Fabián.

“Hay que ir a quemar su casa a estas personas, que se vayan de acá, por fin dieron la cara… Es increíble que hasta la actualidad no se den cuenta que lo que hemos pedido es por toda la población, para que mejore la salud. Nunca hemos pedido el cierre de la empresa, sino que ellos cumplan con todos los estándares, con todas las leyes y las normas adecuadas para proteger nuestra salud”, agrega Carhuaz.

Contaminación por décadas

Cuando era universitaria, Yolanda Zurita sufría convulsiones y desmayos, pero nunca relacionó estos males con la contaminación en La Oroya. Su padre trabajaba en el complejo metalúrgico, y toda la familia vivía dentro del campamento de la empresa.

“A duras penas culminé la universidad no pude sacar mi bachiller mi título en ese entonces porque los síntomas de la de las convulsiones me trababa. En el 2000 tuvimos un evento donde en uno de los temas era justamente sobre los efectos en la salud del plomo y del dióxido de azufre. Ahí recién empiezo yo a relacionar con con todo lo que estaba sufriendo desde hace décadas”, recuerda.

Desde hace décadas, Yolanda también ha sido una de las personas que más ha participado en este proceso. Aunque ello le ha ocasionado diversas amenazas que hasta hoy le preocupan, al igual que a sus familiares.

Un caso especial es el de Alejandro Lirio, quien trabajó 25 años en el Complejo Metalúrgico, en el área donde se pulverizaban los concentrados que llegaban desde 90 minas del Perú y el extranjero. Ahí, asegura, fue cuando se contaminó los pulmones.

“Hay momentos que me desvanezco, no tengo esa fuerza de voluntad de seguir viviendo.  Mi respiración se corta, y como se corta mi respiración tengo que buscar en lugar adecuado donde hay climas cálidos como el doctor me ha recomendado: no estar tanto en La Oroya”, cuenta el extrabajador del complejo.

Alejandro tiene fibrosis pulmonar, y cuenta que sus compañeros de trabajo enfermaron de manera similar, e incluso algunos ya fallecieron.

Desinterés del Estado

¿Por qué a pesar de la sentencia no se ha implementado ninguna medida?

Christian Huaylinos, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), señala que hay un evidente desinterés a nivel estatal y una falta de voluntad política, porque hasta ahora la Procuraduría General del Estado no emite una resolución clave.

“La Procuraduría General del Estado es la que tiene que sacar una resolución en donde oficialmente señala qué institución tiene tal obligación [en cuanto a las medidas de la sentencia]. Lamentablemente el día de hoy no se tiene esa resolución”, señala.

Quisimos conversar con un representante de la Procuraduría General del Estado, pero no tuvimos respuesta.

Contaminación se reanuda

Por un tiempo, la contaminación en La Oroya se había reducido; sin embargo, esta ha vuelto a mostrar niveles de contaminación considerables. El año pasado, justo en el mes de la sentencia, el complejo reinició parcialmente sus actividades.

“En marzo del año pasado se produjo la reactivación parcial del complejo metalúrgico, y ya va un año en donde se han registrado altos niveles de contaminación, y si bien nosotros acudimos al OEFA y al Ministerio del Ambiente, pues nos dicen que todavía no hay una sanción específica contra la nueva administración del complejo”, explica Huaylinos.

Contra adversidad, pero con esperanza

El tiempo pasa, y la justicia aún no llega. Algunos afectados que iniciaron este proceso ya han fallecido. Y los que aún viven le piden al Estado que cumpla con sus obligaciones.

“Pediría primero al Ministerio de Salud que implemente un programa de atención para los afectados por contaminación plomo cadmio, arsénico, todos los metales que pueda haber. Pediría al Ministerio de Energía y Mina que tenga leyes que tengan que ver con proteger a la población al ciudadano, al ambiente, al agua”, indica Liliana Carhuaz.

“Yo pediría a la presidencia y al Congreso reglas claras con las empresas, para que no vengan a explotar nomás sino también para que cuiden a sus trabajadores, que den un hospital, que por lo menos verifiquen a esos trabajadores para saber cómo van con sus pulmones”, señala por su parte Alejandro Lirio.

Yolanda Zurita no pierde las esperanzas. Ella señala que, a pesar de la adversidad, aún confía que esa justicia llegará, y que su lucha servirá para beneficiar sobre todo a las nuevas generaciones.

“Sinceramente yo había perdido las esperanzas. Tantos años y siempre he dicho voy a seguir luchando hasta el último día de mi vida, y teniendo en cuenta que esta solución yo no voy a gozar, pero lo que me satisface es que gozarán las otras generaciones gozarán, mis hermanos menores”, concluye Yolanda Zurita.