Foto: SPDA

• La directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) comentó sobre los acuerdos que se buscan alcanzar en la COP27 y la situación de Perú respecto a sus compromisos climáticos. 

Entre hoy y mañana concluirá la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que se desarrolla en Sharm el-Sheij (Egipto).​​​​ El evento internacional, que inició el 6 de  noviembre, reúne a los líderes políticos de los Estados miembros con el objetivo de llegar a acuerdos para poder enfrentar la crisis climática que vive actualmente el planeta. 

Uno de los temas principales de la reunión y más polémicos es la financiación para pérdidas y daños a los países en desarrollo que han contaminado menos y, a la vez, son los más perjudicados por el cambio climático.

Isabel Calle, directora ejecutiva de la SPDA, se pronunció respecto a la necesidad de crear este mecanismo financiero y la reafirmación del compromiso de la COP21 de París para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 °C . 

“Tenemos que hacer cambios transformacionales, por eso la solución no está en el sector ambiental, la solución está en el sector económico. En el Ministerio de Economía y en el propio sector privado que decida hacer cambios en los procesos productivos”, expresó la abogada en entrevista con TV Perú. 

Asimismo, mencionó que el Perú -al igual que otros países de América Latina y el Caribe- necesitan financiamiento para invertir en cumplir sus contribuciones nacionales determinadas.

“El informe preliminar de CEPAL nos dice que llevamos 20 años de rezago en inversiones que necesitamos en países de América Latina y que necesitaríamos inversiones que son siete o nueve veces más de lo que se ha invertido hasta ahora para cumplir con esos compromisos climáticos. En el caso del Perú, tenemos el 0.3 % de las emisiones, lo cierto es que emitimos mucho más de lo que deberíamos invertir para el nivel de desarrollo que tenemos”, añadió.

Además, Isabel Calle mencionó que las iniciativas de movilidad sostenible, que surgieron luego de la pandemia por COVID-19, están centralizadas en Lima y en algunas ciudades grandes, pero no se está implementando en todo el país.