El Presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé, y el Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Manuel Pulgar-Vidal, expusieron sus puntos de vista respecto a los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011. Ambos especialistas participaron en una mesa de conversación en La Hora N.

El primero defendió los decretos, aduciendo que es la tercera vez que el Gobierno da estas normas para determinados proyectos, en referencia al DU 121-2010, con “el fin de acelerar los procesos de concesión de infraestructura de servicios públicos que en la vía regular dura seis años en promedio”.

“La urgencia de estos decretos radica en la urgencia de los peruanos excluidos que no tienen acceso a carreteras, gas, luz, puertos. Peruano que no tienen cómo salir de la pobreza y por ello tenemos que integrarlos. Esa es la urgencia. Me impresiona cuando un político o la Defensora del pueblo se pregunta cuál es la urgencia”, señaló Prialé.

Por su lado, Manuel Pulgar-Vidal enfatizó en que los decretos relajan y disminuyen las exigencias ambientales debido a que con estas normas los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se presentarán luego de las concesiones y no antes, debilitando la importancia que debe tener los EIA en casos de obras que pueden alterar el medio ambiente.

En respuesta a Prialé, sobre el retraso de los procedimientos administrativos en nuestro país, Pulgar Vidal señaló que esto se da por la ausencia de la ventanilla única que administre los Estudios de Impacto Ambiental.

“Si tuviéramos procedimientos en donde un inversionista llegara a una sola autoridad para obtener las distintas autorizaciones, probablemente todos ganaríamos. (…) El Ministerio del Ambiente debió tener la capacidad de ser la ventanilla única en el proceso de evaluación de impacto ambiental”, señaló el Director Ejecutivo de la SPDA.