Foto: Diego Pérez

• Para Helen Figueroa, directora general de Digespacr, la titulación debería convertirse en un mecanismo financiero, pues la seguridad jurídica sobre la tierra puede ayudar a las poblaciones en un proceso de reactivación económica post COVID-19.

Por Angela Rodriguez / arodriguez@spda.org.pe

Las organizaciones indígenas no solo piden ser atendidos oportunamente en salud, educación y alimentación, sino también esperan que el Gobierno continúe avanzando con el cumplimiento del cierre de brechas como la titulación total de sus territorios.

Actualidad Ambiental conversó con Helen Figueroa, directora de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespacr), sobre el avance en la titulación de comunidades nativas, los retos que se presentan en este nuevo escenario generado por el COVID-19 y las estrategias que utilizarán para atender esta demanda.

Según indica Figueroa, luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que se titulará a todas las comunidades nativas al 2021, lo primero que hicieron fue sincerar la cifra de comunidades reconocidas. Así, al 27 de julio del 2019 tenían un total de 2270, “de las cuales existía una brecha pendiente de titulación de 745. Hasta hoy hemos avanzado la titulación de 72 comunidades nativas, rebajando la brecha de 745 a 673”.

Lo segundo fue replantear los procesos con los que trabajan. “Independientemente del número de lo avanzado, que son 72 comunidades nativas, los avances más importantes que estamos haciendo son cambios a nivel estructural y también en gestión”, resalta.

Dirigente de la comunidad nativa Francisco Bolognesi del rio Tigre, Luis García Palla, recibiendo su título de propiedad. Foto: Fiorella Fiestas / SPDA

Una Digespacr descentralizada

En el transcurso del último año se lograron avances importantes como la aprobación de los lineamientos para la demarcación y titulación de comunidades nativas, un documento fundamental para ordenar los procesos de titulación.

“La Ley de Comunidades tiene un reglamento que data del año 1979. Entonces, en diciembre de 2019 emitimos la Resolución Ministerial 443-2019-Minagri, que aprobó los lineamientos sobre la demarcación y titulación de comunidades nativas. Esto nos ha permitido mejorar los procedimientos para la demarcación y titulación de comunidades”, explica Figueroa.

Además, resalta que han avanzado en cuanto al trabajo articulado con las autoridades y direcciones regionales “y ello se ha logrado con ayuda de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Tenemos funcionarios de Digespacr en algunas regiones lo cual nos ha permitido mejorar las coordinaciones y acelerar los procesos.”.

Según explica Figueroa, el trabajo cercano a los Gobiernos regionales les permite coordinar y solucionar problemas como la interpretación de normas, y dar asistencia técnica, todo en línea, lo que permite reducir los plazos de consulta.

Una tercera estrategia, que refuerza en paralelo las anteriores, ha sido ordenar la información sobre los procesos de titulación en base a saber cuáles cuentan o no con financiamiento, para ello se ha desarrollado una matriz que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) actualiza constantemente y comparte con las organizaciones cooperantes.

“Hemos trabajado inicialmente con la ayuda de varios cooperantes, entre ellos la SPDA, el Instituto del Bien Común (IBC), GIZ, WWF, CEDIA, los cuales nos han ayudado a sincerar desde campo la información que se tiene como pendiente a la fecha. Es decir, con el título de reconocimiento realizaban la inspección en campo y verificaban si la comunidad se encontraba en posesión o no, para posteriormente corroborar la información con la que cuenta el Gobierno regional, con estos insumos hemos podido crear una matriz sustentada”, menciona Figueroa y agrega que dicha matriz les permite hacer seguimiento “de manera que, por ejemplo, si una cooperación quiere apoyar en la titulación de cinco comunidades más tiene que pedir a la Digespacr la información de cuáles podrían ser estas comunidades”.

El COVID-19 continúa avanzando en territorio indígena. Foto: Omar Montes.

¿La pandemia va a impedir que se cumpla con la meta de titulación?

La seguridad jurídica territorial es la principal demanda de los pueblos indígenas en Perú. Con esto, pueden tener las garantías para ser autónomos en sus territorios y desarrollarse según su cosmovisión, que los convierte en protectores de la Amazonía. Sin embargo, hoy estos guardianes están más vulnerables que nunca.

¿La actual emergencia por el COVID-19 podría estar afectando también el cumplimiento de la meta de titulación de sus territorios? Para Helen Figueroa, es claro que sí porque más allá del trabajo que se puede continuar en gabinete, a través de medios virtuales, la pandemia ha paralizado la parte inicial del proceso de titulación que consiste en la entrada a campo para el recojo de información.

Protocolos para trabajo de campo

Aunque las labores no se han detenido en Digespacr, pues vienen avanzando en la parte de diagnóstico y revisión de toda la información recogida en campo antes de la pandemia, según señala Figueroa, han trabajado por ser incluidos en la segunda fase de la reactivación con el fin de volver pronto al trabajo de campo, tan necesario para la titulación.

Para ello, conscientes de que lo primordial es priorizar la salud y por supuesto la vida de las personas, vienen trabajando en un protocolo para entrar a comunidades nativas.

“Al día de hoy nos encontramos desarrollando los protocolos para cumplir con todas las medidas de seguridad y evitar el contagio”, explica Figueroa y resalta que dicho documento se viene elaborando en coordinación con Gobiernos regionales y organizaciones indígenas.

Foto: Minagri

En este punto, la especialista del Minagri resalta que “la seguridad jurídica sobre la tierra puede ayudar a las poblaciones en un proceso de reactivación económica en vista que el título de propiedad se convierte en un activo formalizado”.

Aprovechar herramientas digitales

Hay un reto generado por la emergencia que se podría convertir en una oportunidad para modernizar los procesos, identifica la directora. Se trata de digitalizar en lo máximo posible la documentación, procedimientos y trabajo.

La meta es “implementar mecanismos de simplificación administrativa” explica, y agrega que están preparando una norma sobre los diagnósticos a través del uso de tecnología de última generación para detección con imágenes satelitales y el uso de drones, junto con servicios en línea.

“Es importante comentar que hemos contactado con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de Colombia, uno de los máximos referentes en Lationamérica en temas de catastro, que al igual que nosotros se ha trazado un importante reto a nivel de catastro y georreferenciación. En aras de tener un mismo objetivo, vamos a suscribir un convenio de cooperación para recoger ambos países las lecciones que nos van a ayudar a gestionar y cumplir las metas previstas”, asegura.

Con este mismo enfoque de modernizar los procesos para facilitarlos, están preparando una norma sobre interoperabilidad, “el diagnóstico físico y legal que se está haciendo en gabinete. Con esta norma ya no se necesitaría enviar todos los documentos a cada entidad para respuesta, sino se haría un trabajo directamente en línea. Eso permite disminuir el contacto físico y, sobre todo, reduce el tiempo de diagnóstico que podía ser un mes, dos y hasta seis meses. Con esto estamos reduciendo el trabajo prácticamente a tiempo real”.

Otra estrategia importante que vienen implementando es la plataforma para la emisión de títulos digitales. La especialista explica que es muy importante tener esta información en digital, pues con esto se evitaría la pérdida de información.

“El SIC COMUNIDADES es una plataforma que permitirá hacer seguimiento al procedimiento de las comunidades y nos mostrará la información como si fuese el expediente en físico, empero es un expediente digital con elementos importantes. Por ejemplo, como primer documento importante mostrará la resolución de reconocimiento, la resolución de demarcación y titulación, el plano, el título y hasta la inscripción registral. El único camino para emitir el título será a través de esta plataforma. En este contexto, esta plataforma permite tener un seguimiento constante de los procedimientos de las comunidades”, explica Figueroa.

Plataforma SICAR.

Titulación de interés nacional

Finalmente, la directora de Digespacr anunció que están socializando dos proyectos de normas con el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas (GTPI), a través de la plataforma del Ministerio de Cultura (Mincul). “Una de estas normas, es una ley, que esperamos sea aprobada muy pronto, que declara de interés nacional la titulación de comunidades nativas”, afirma. Asimismo, agrega que la otra está referida a “la anotación preventiva, es decir, le vamos a dar la seguridad legal que necesita la comunidad para que no se superpongan otros tipos de derechos y pueda estar resguardado hasta que culmine con su proceso de titulación”.

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