Foto: Diego Pérez / SPDA

• En abril de este año, el exdirector de formalización minera del Minem fue denunciado por presuntos actos ilícitos como la manipulación del Registro Integral de Formalización Minera o la creación de registros sin sustentos, informó Ojo Público.

El Observatorio de Minería Ilegal (OMI), una plataforma conformada por asociaciones civiles y especialistas que trabajan para enfrentar las amenazas de la minería ilegal en el Perú, emitió un comunicado donde solicitan al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República “investigar a profundidad el caso de la denuncia periodística que señala a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem) como presuntos responsables de haber favorecido a mineros ilegales e informales de Madre de Dios, Puno y La Libertad”.

El observatorio hace referencia a un informe publicado por el portal de investigación Ojo Público, el cual resalta que la oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Energía y Minas (Minem) recibió una denuncia contra el exdirector de Formalización Minera, Alberto Rojas Cortegana, por presuntos actos ilícitos como la manipulación del Registro Integral de Formalización Minera o la creación de registros sin sustentos.

Esta denuncia fue presentada por un funcionario de la Dirección de Formalización Minera, en abril de este año. Si bien, agrega el portal de investigación, Alberto Rojas ya no ocupa dicho cargo desde febrero, actualmente se desempeña como experto legal de la misma oficina.

“El documento señala la manipulación del sistema del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la creación sin sustento de registros mineros, información falsa respecto a avances de la gestión, la omisión de funciones en resoluciones de exclusión, así como irregularidades en la contratación de una empresa para impulsar la formalización de 1500 mineros”, destaca Ojo Público.

El caso también fue expuesto por el portal Epicentro TV, medio que pidió comunicarse con un vocero del Minem para que explique las medidas que han tomado ante este caso, pero la respuesta fue que dentro de la entidad existe la «prohibición de divulgar cualquier aspecto relacionado a las denuncias, particularmente, la identidad de la persona denunciante o de los testigos».

Exigen proteger al denunciante

Cabe destacar que el comunicado emitido por la OMI, los que suscriben el documento también piden “que el Minem proteja al denunciante de estos presuntos actos de corrupción, y que se tomen las acciones administrativas pertinentes con los servidores públicos denunciados. Ambas medidas resultan urgentes para que no se perjudiquen las investigaciones”.

Finalmente, el observatorio manifestó que “erradicar la corrupción es fundamental para un proceso efectivo de formalización minera. Las presuntas acciones denunciadas a favor de la minería ilegal no solo afectan la biodiversidad, sino también a la salud y seguridad de las personas de todo el país”.