Hace dos semanas, el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, señaló que la creación del Ministerio del Ambiente (Minam) y la Consulta Previa para pueblos indígenas han significado un “bache”. A ello se sumó lo que dijo recientemente el gerente de Finanzas de Buenaventura, Carlos Gálvez: “Cualquiera que se pone una pluma ya tiene derecho a ser consultado”.

Al respecto, el titular de la Adjuntía para la Prevención de los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, señaló que la Consulta Previa “no bloquea las inversiones”, ya que “respetar los derechos de los pueblos indígenas ayuda a que el proceso sea más legítimo”.

En entrevista con LaMula.pe, Luque manifestó además que «aún hay pendientes algunas normativas para saber en qué parte del proyecto minero debe hacerse la consulta previa: desde la concesión hasta el cierre de una mina”.

“Esperamos que eso pueda definirse en corto plazo. Ya hay anunciadas alrededor de 26 consultas y varias de ellas tienen que ver con proyectos hidrocarburíferos. Estamos en la fase de esfuerzo por consolidar la consulta. Tenemos marco normativo y 6 experiencias pero que todavía no han medido a fondo la consulta», agregó.

Asimismo, al contrario de lo que expresan muchos empresarios, Luque afirmó que la consulta previa ayuda a prevenir conflictos sociales: «mientras existan más mecanismos para discurrir los problemas racionalmente en un espacio participativo, habrá menos casos de conflictos».

Finalmente, el funcionario indicó que «la consulta previa es irreversible, ya forma parte de los mecanismos de toma de decisiones en el Perú y es un hecho histórico equivalente a cuando se le dio el voto a los analfabetos desde 1980. Esta dimensión tiene en el proceso de inclusión política a millones de personas que se mantenían al margen de la toma de decisiones y que además tienen derechos reconocidos internacionalmente por su condición de población originaria».

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Foto: Anmistía Internacional