Defensoría del Pueblo solicita que Ejecutivo observe norma que pone en riesgo los bosques

Foto: Diego Pérez (SPDA)

  • Según un comunicado dirigido a la PCM, lo aprobado por el Congreso de la República valida y promueve la ilegalidad y afecta los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía.

 

La Defensoría del Pueblo emitió un oficio dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para expresar su rechazo y preocupación ante la reciente aprobación de una normativa que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Recientemente, el Congreso de la República aprobó un texto sustitutorio del dictamen recaído en los proyectos de ley 649/2021-CR y 894/2021-CR, con la finalidad- según el documento- de “promover el desarrollo” del proceso de zonificación forestal en diferentes regiones del país.

Para la Defensoría esta propuesta pone “en riesgo nuestra diversidad biológica y los valores científicos y culturales que aportan a la población y al desarrollo sostenible”.

Además, destaca que también se vulnerarían los mandatos constitucionales del Estado de promover el uso sostenible de los recursos naturales en la Amazonía con una legislatura adecuada.

El dictamen establece también que sea el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) la entidad que apruebe el proceso de zonificación forestal. En este sentido, la Defensoría recordó que el Midagri “promueve las actividades agrícolas y ganaderas”, en su condición de ente rector de dichos subsectores.

Por ello, solicitan que el Ministerio del Ambiente (Minam) continúe siendo la entidad pública que regule estos procesos en concordancia con el manejo sostenible de los bosques.

Finalmente, resaltan que la norma “pone en riesgo la institucionalidad ambiental, el ordenamiento territorial y forestal, así como la conservación de los bosques, afectando particularmente a los pueblos indígenas de la Amazonía quienes dependen de estos recursos”.

Organizaciones también piden observación

A través de un pronunciamiento, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), junto a otras organizaciones, expresaron su preocupación porque dicha norma debilitaría la gestión sostenible de los bosques, así como el rol del Estado en el caso de los proyectos sobre el patrimonio forestal y, además, promovería la ilegalidad.

Por ello, pidieron al presidente de la República, Pedro Castillo, y al Consejo de Ministros, que observen “la autógrafa y que esta regrese a la Comisión Agraria para su archivo o reformulación, previa opinión técnica favorable de las autoridades competentes, en especial del Serfor, entidad competente para opinar sobre todo proyecto normativo cuyo contenido afecte el patrimonio forestal y de fauna silvestre”.

Aquí puedes consultar por las organizaciones que han suscrito el pronunciamiento.

 



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