• Sentenciados recibieron penas de cinco y seis años de cárcel, además tendrán que pagar una reparación civil de 70 mil soles.

El Segundo Juzgado Penal de Delitos Ambientales de Cusco emitió una primera sentencia con cárcel efectiva para siete personas acusadas por delitos de contaminación ambiental, minería ilegal y deforestación en Camanti.

Según informó Mongabay, cinco de ellas deben cumplir prisión durante cinco años y las otras dos tienen penas de seis años. Además, están en la obligación de pagar una reparación civil conjunta de 70 mil soles al Estado peruano.

El fallo también dispone que la Fiscalía Penal del Cusco investigue los delitos aduaneros relacionados con este caso por el presunto ingreso ilegal de maquinaria pesada al país. Se trata de un caso iniciado en el 2013, cuando la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía constataron que se estaban realizando actividades de minería ilegal y desbosque no autorizado en el sector de Tunkimayo, en el distrito de Camanti, Cusco. En ese momento fueron 13 las personas acusadas, pero solo siete resultaron culpables tras el juicio.

Según el Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán, “lo que está pasando en Camanti es el inicio de La Pampa”. Guzmán se refiere a la zona denominada La Pampa, en Madre de Dios, convertida hoy en el lugar más devastado por esta actividad ilegal en Perú.

El procurador explicó que esta decisión judicial busca ponerle un alto al crecimiento de la minería ilegal en esta zona. “La sentencia es importante porque es la primera en esa zona”, resaltó.

El presidente de la Reserva Comunal Amarakaeri, Walter Qertehuari, expresó también su preocupación por el avance de la minería ilegal que avanza hacia la mencionada área protegida.

El líder indígena cuenta que durante 2018 lograron desalojar a mineros ilegales que se encontraban dentro de la misma reserva. Sin embargo, lamenta que la ilegalidad ahora esté instalada en la zona de amortiguamiento de Amarakaeri y que, además, se están presentando situaciones de intimidación como las ocurridas con Tayori y el personal del Sernanp.

Para Qertehuari la sentencia dictada recientemente es un buen ejemplo de que las autoridades están cumpliendo su labor para salvaguardar las áreas de conservación. Sin embargo, considera que esto no es suficiente porque la presión de la ilegalidad es muy fuerte.

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