La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) suscribieron hoy un convenio interinstitucional, a fin de establecer acciones que promuevan la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, resaltando los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad como son los pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, así como lineamientos y objetivos vinculados con el medio ambiente.

“Este momento me parece importante, porque estamos institucionalizando procesos, lo cual ayuda mucho a sentar bases sólidas con miras al futuro. Lo segundo, es que con este convenio vamos a aprender mucho, porque entre los acuerdos está el intercambio de información y capacitación”, indicó el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Minjusdh, Daniel Sánchez Velásquez, durante la ceremonia realizada en la sede del ministerio.

Entre las principales propuestas del “Convenio marco de colaboración interinstitucional sobre la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 entre el Minjusdh y la SPDA” está consolidar una mesa temática sobre defensoras y defensores de derechos humanos en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Así como incorporar los contenidos de cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible vinculados a temas ambientales en las capacitaciones realizadas por el Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social (Pronelis).

“Tenemos una agenda de trabajo potente y una voluntad política en materia de derechos humanos que se ha hecho latente y que creemos va a requerir el apoyo de múltiples instituciones”, detalló el viceministro.

Asimismo, está la elaboración de lineamientos para el diseño de capacitaciones sobre derechos humanos, pueblos indígenas, mujer indígena, defensoras y defensores de derechos humanos, cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible vinculadas a temas ambientales de manera coordinada entre el Minjusdh y SPDA.

“Perú es el segundo país en Latinoamérica con más altos índices de criminalidad contra defensores ambientales, por eso debemos dar una respuesta en cómo manejar este tema no solo desde el Estado, sino también desde la sociedad civil. Es un tema que incide mucho en lo legal, pero también en lo cultural, por eso es un proceso educativo con el que tenemos que contribuir y por eso un protocolo como este es una herramienta muy útil”, remarcó el director ejecutivo de la SPDA, Pedro Solano.

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