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• Se calcula que 20 mil personas ingresaron de manera ilegal a la reserva indígena más grande el país y han provocado una de las peores crisis de salud.

El Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil calcula que al menos 570 niños yanomami murieron entre 2019 y 2022 por contaminación de mercurio, desnutrición y hambre. El territorio indígena, del tamaño de Portugal, sufre una grave crisis sanitaria y el presidente Lula da Silva ha calificado la situación de “genocidio”. ¿Cómo inició este problema en la reserva indígena más grande de Brasil?

Esta semana las autoridades han comenzado a retomar el control del territorio indígena donde no está permitido ningún tipo de explotación. Sin embargo, se calcula que 20 mil personas han ingresado para trabajar en actividades extractivas, principalmente en la búsqueda de oro. Los mineros ilegales se habrían trasladado a esta reserva, algunos incluso con su familia, para formar campamentos. Esto limitó el movimiento de las comunidades locales y ha destruido la selva amazónica.  

La invasión ha generado que los yanomami no puedan realizar actividades de subsistencia como cultivar o pescar y, al estar más aislados, el número de atenciones sanitarias ha disminuido. 

Según el informe “Yanomami bajo ataque”, en la región Yanomami de Arathau, el número de atenciones sanitarias en 2021 cayó en un 75 % respecto al año 2020. En Homoxi, la reducción fue todavía más pronunciada, con un 83 % menos de visitas de salud. 

Durante el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, se desmanteló la red de atención básica de salud en territorios indígenas y enfermedades, que antes estaban bajo control, como la malaria se han convertido en mortales. Por ello, además de las atenciones en el hospital pediátrico de Boa Vista, se ha instalado un  hospital de campaña para tratar los casos de desnutrición y contaminación de mercurio. 

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Caso en investigación

La Corte Suprema de Brasil ordenó que la Fiscalía investigue la posible responsabilidad de miembros del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) en la práctica de genocidio y de otros crímenes contra la etnia yanomami. Los delitos ambientales están relacionados con la  vida, la salud y la seguridad de las comunidades indígenas.

El magistrado Luis Roberto Barroso, quien dictó la orden, señala que la actual crisis humanitaria se agravó por omisiones por parte de autoridades federales. Por ejemplo, en 2020 ya existía una sentencia para que el Gobierno de Bolsonaro use fuerzas militares y policiales para retirar a los mineros ilegales que actúan en las reservas de las etnias yanomami, karipuna, uru-eu-wau-wau, kayapó, arariboia, mundurucu y trincheira bacajá. Sin embargo, esto nunca sucedió. 

La decisión de la Corte Suprema también consideró la información del Instituto Socioambiental quienes reportaron que solo en el año pasado, los mineros ilegales que invadieron y explotaron la Tierra Indígena Yanomami. Destruyeron 1782 hectáreas de selva en la reserva, una extensión en un 54 % superior a la de 2021.

Dato:

• La Corte Penal Internacional (CPI) define que el genocidio se caracteriza por “la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso matando a sus miembros o por otros medios”.