Escribe César Ipenza / Abogado de la Sociedad Peruana de Derecho ambiental

A finales de mayo, las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento que terminó con la fractura de al menos 140 metros de tubería del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en la provincia de Sucumbíos, derramando -según datos del gobierno ecuatoriano- 11.480 barriles de petróleo sobre el río Coca (Ecuador) y posteriormente ingresando al río Napo (Perú).

Luego de que el derrame fue reportado por algunos medios de comunicación a raíz de mensajes de Vigilante Amazónico, se observó la respuesta tardía de ambos Estados. Se supo que nuestro país recién desde el lunes 3 de junio estaba realizando las coordinaciones –cuando este hecho se dio el 31 de mayo–. Posteriormente, la Ministra del Ambiente de Ecuador anunció que Petroecuador correría con los gastos sociales y ambientales provocados por el derrame; sin embargo, no quedó claro si también remediará el impacto producido en el lado peruano.

Esta situación evidencia la poca acción oportuna y concertada de los Estados ante el desastre ambiental transfronterizo, así como la demora en comunicar estos hechos y el posible impacto en el Perú. Para casos similares debemos tener sistemas de alertas y de trabajo articulado, siendo un espacio ideal el Plan Binacional Perú – Ecuador que tiene como objetivo la cooperación entre los dos países; todo esto articulando a los ministerios de Relaciones Exteriores, y del Ambiente, así como a la Dirección de Capitanías y Guardacostas, que depende del Ministerio de Defensa, y su equivalente en el vecino país.

Un tema a analizar ante los hechos consumados son las acciones de intervención del Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Loreto frente a los riesgos generados a la salud de la población ribereña del Napo, y los costos que significan. Se deberían generar mecanismos destinados a la compensación e indemnización por los daños ocasionados. Si bien el presidente Rafael Correa ha pedido disculpas por estos lamentables sucesos, se requieren acciones y medidas para no solo compensar e indemnizar -hechos y ejemplos internacionales que dieron nacimiento al Derecho Ambiental existen- sino también tomarse medidas de contingencia para que en el futuro se eviten sucesos como los que acabamos de vivir.

En casos como estos, no podemos detener acciones bajo la justificación de la necesidad de esperar resultados de la contaminación –las que existirían ante hechos similares- sino de plantear medidas concretas, ya que en un río amazónico la situación es cambiante y las decisiones que no se tomen inmediatamente resultan tardías y poco efectivas. Esperamos que medidas como la disposición de envío de agua potable y de implementos especiales como skinner, paños absorbentes, tanques y bombas contribuyan a superar esta situación tan compleja en nuestra ya dañada Amazonía.

Artículo publicado originalmente en SER.