Ampliación del Reinfo: una medida que fomenta la informalidad e ilegalidad
- A través del Decreto Supremo 012-2025-EM, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó la extensión del plazo para culminar el proceso de formalización minera a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
- La SPDA alerta sobre los peligros que encierra esta nueva ampliación hasta el 31 de diciembre de 2025.
jueves
3 de julio, 2025

Foto: Andina
Escribe: Vera Morveli / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA
El último 29 de junio y a un día de culminar el plazo otorgado por la Ley 32214, el Minem formalizó la ampliación del plazo del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2025, a través del Decreto Supremo 012-2025-EM. Solo días antes, el ministro Jorge Montero Cornejo ya había anunciado esta extensión durante una entrevista en TV Perú.
“Prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2025, el plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal”, se lee en el decreto supremo.
La prórroga se aplicaría exclusivamente a las personas naturales o jurídicas en vías de formalización que cuenten con inscripción vigente en el Reinfo, así como a aquellas personas cuya inscripción se encuentre suspendida por un periodo igual o menor a un año contado hasta el 30 de junio de 2025.
Además, la norma también indica que el cierre del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal terminaría finalmente el 31 de diciembre.
Creación del Reinfo
El marco legal de promoción de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal empezó en el 2002, con la Ley 27651. En el 2012, se reguló los requisitos, plazos y procedimientos para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal a través del Decreto Legislativo 1105. Es a partir del 2016, con el Decreto Legislativo 1293, que se creó el Reinfo, como un primer paso para acceder a la formalización minera, el cual tuvo el carácter de transitorio, excepcional y con una duración de 120 días.
Pese a ello, el plazo para culminar la inscripción en el Reinfo se ha ampliado de forma continua. Han transcurrido más de 20 años desde el inicio del proceso de formalización minera, lo cual demuestra la debilidad del sistema, se viene perpetuando la impunidad y, sobre todo, se sigue poniendo en peligro nuestra biodiversidad y nuestro patrimonio natural, así como a las comunidades que dependen de dichos recursos naturales.

Foto: Diego Pérez / SPDA
¿Qué peligros encierra una nueva ampliación?
Un nuevo plazo permite que miles de mineros continúen realizando actividades sin ningún estándar ambiental, sin contar con instrumentos de gestión ambiental y sin ninguna consecuencia jurídica por el daño ambiental que provocarían en nuestro ambiente. Debemos recordar que al estar inscritos en el Reinfo y, pese a no finalizar el proceso de formalización minera, son impunes ante acciones administrativas o penales dirigidas a fiscalizar y controlar actividades mineras.
La actividad minera, especialmente en la Amazonía, viene destruyendo nuestra biodiversidad, lo cual ha puesto en riesgo constante a ecosistemas y poblaciones. La deforestación y la contaminación por mercurio son las principales consecuencias de la minería informal y sin control. Y, a pesar de estos peligros, no se toman las acciones necesarias para su protección ambiental.
Sumado a esto, existen iniciativas legislativas para permitir actividades mineras en zonas que deberían gozar de la más alta protección ambiental. Como la SPDA lo ha advertido, se vienen discutiendo proyectos de ley que permitirían el desarrollo de minería aluvial en cauces de ríos y en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, en completo desconocimiento de la normativa de protección ambiental.
Desde la SPDA, consideramos que el proceso de formalización minera debería ser una herramienta efectiva para regular la pequeña minería y minería artesanal, promoviendo una actividad que respete nuestro entorno y las leyes que lo protegen. Sin embargo, otorgar ampliaciones perpetúa una situación ajena a la conservación de nuestro patrimonio natural, fomenta la informalidad e ilegalidad y atenta contra la institucionalidad ambiental.
Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo a poner fin a este tipo de medidas que no contribuyen a las metas y compromisos ambientales que tiene el Estado peruano de conservación, así como a los objetivos de desarrollo sostenible.
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