Escribe: Seichi Santos / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA

 

En el 2020, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), presentaron la solicitud para el establecimiento de la Reserva Indígena Atacuari, con el fin de proteger a los indígenas en aislamiento que habitan y se desplazan en territorios que abarcan las provincias de Ramón Castilla y Putumayo, en el departamento de Loreto.

Según la Ley 28736 (Ley PIACI), para el establecimiento de una reserva indígena se requiere primero la elaboración de un Estudio Previo de Reconocimiento (EPR), basado en evidencia antropológica y pruebas de rigor científico para determinar la existencia de pueblos en aislamiento o contacto inicial. Una vez aprobado el EPR por la Comisión Multisectorial PIACI, se debe aprobar el Estudio Adicional de Categorización (EAC) que finalmente crea la reserva.

Cuatro años después de la solicitud de Aidesep y ORPIO, la Comisión Multisectorial aprobó los términos de referencia para elaborar el EPR. El estudio se inició en agosto de 2024 y tenía prevista su culminación para julio de 2025. Sin embargo, más de dos años después, el estudio recién será sometido a consideración de mencionada comisión.

Cabe resaltar que las reservas indígenas más recientes, como la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental, tardaron cerca de dos décadas en ser categorizadas. En el caso de la solicitud de Reserva Indígena Yavarí Mirim, el proceso se inició en 2003, pero el EPR se aprobó en 2018, para que finalmente, tras más de dos décadas, la Comisión Multisectorial rechazara su categorización en setiembre de 2025[1].

Cuando la espera implica riesgos

Las reservas indígenas constituyen uno de los principales mecanismos de protección para los PIACI. Su establecimiento busca reducir los riesgos asociados al contacto y a la presencia de terceros en sus territorios. No obstante, mientras los procedimientos de categorización se dilatan, estos territorios continúan expuestos a distintas presiones, pudiendo producirse superposiciones de derechos o actividades económicas, así como el avance de actividades ilegales. Todas ellas ponen en riesgo la vida y salud de los PIACI.

Esta situación adquiere más relevancia debido a la alta vulnerabilidad de estos pueblos, cuya supervivencia y bienestar dependen directamente de la integridad de los territorios que habitan.

Atacuari y una tarea pendiente

La sesión en la que se evaluará el EPR de la solicitud de la Reserva Indígena Atacuari ha generado preocupación entre las organizaciones indígenas. Recientemente Aidesep publicó una carta[2] abierta en la que cuestiona la situación de distintos procesos de solicitudes de reservas indígenas y pide a la cooperación internacional suspender el financiamiento climático destinado a determinados sectores del Ejecutivo.

En el caso específico de Atacuari, Aidesep señala que el EPR fue financiado mediante la Declaración Conjunta de Intención (DCI), mecanismo de cooperación climática orientado, entre otros objetivos, a reducir la deforestación y fortalecer la protección de los bosques amazónicos, y del que el Estado recibe financiamiento. Por ello, resulta especialmente preocupante que, pese a haberse destinado fondos climáticos para generar la evidencia técnica necesaria para sustentar la protección de estos territorios, exista la posibilidad de que el estudio no sea aprobado.

Más allá de la coyuntura, la carta vuelve a colocar en el debate un aspecto estructural: la protección de los PIACI requiere no solo normas y procedimientos, sino también recursos, capacidades institucionales y continuidad para que estos procesos puedan concluir en plazos razonables. La experiencia reciente muestra que incluso cuando una reserva finalmente es categorizada, la protección no termina allí. Se necesitan puestos de control, agentes de protección, monitoreo territorial y recursos suficientes para implementar las medidas previstas[3].

Aidesep señala en su carta que existe una falta de coherencia entre los compromisos climáticos que el Estado asume y financia con apoyo de la cooperación internacional y las decisiones que adopta. Si los recursos climáticos contribuyen a producir estudios destinados a sustentar la protección de territorios PIACI, pero sus resultados no se traducen en decisiones acordes con la evidencia técnica disponible, no solo se debilita la protección de estos pueblos y sus territorios, sino también la efectividad y credibilidad de los compromisos climáticos que justificaron ese financiamiento.