Foto: ORPIO

La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) expresó su preocupación por la demora en la categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, solicitada hace más de 20 años, que alberga a pueblos indígenas en situación de aislamiento en Loreto, en la frontera con Brasil.

A pesar de que el proceso de categorización cuenta con los estudios técnicos concluidos desde el año pasado, su aprobación ha sido postergada reiteradamente, advierte la organización, dejando expuestos a los pueblos indígenas en aislamiento matsés, matis, korubo, kulina pano y flecheiro/tavakina que habitan en esta zona de altísima biodiversidad.

De acuerdo con ORPIO, la demora del Estado peruano en la categorización de la reserva indígena abre paso a presiones externas como el otorgamiento de nuevas concesiones forestales, exploraciones petroleras y hasta ocupaciones ilegales. Según cifras de la organización, en los últimos dos años se han registrado más de 95 mil alertas de deforestación en el área solicitada para la reserva indígena.

El próximo 4 de septiembre se reunirá la Comisión Multisectorial convocada por el Ministerio de Cultura, instancia decisiva para aprobar la categorización de la reserva. Sin embargo, según denuncia ORPIO, sectores que se oponen a la categorización de la reserva vienen ejerciendo presión para frenar el proceso, lo que pone en riesgo la supervivencia de estos pueblos, reconocidos oficialmente por el Estado peruano en 2018.

Un proceso que puede tardar décadas

Desde la promulgación de la Ley 28736, más conocida como «Ley PIACI», hace 19 años, el Ministerio de Cultura ha categorizado seis reservas indígenas y dos reservas territoriales. En conjunto, suman alrededor de 4.5 millones de hectáreas en la Amazonía peruana protegidas a favor de los PIACI.

El proceso de categorización de una reserva indígena puede tomar décadas, explica Melissa Sánchez, coordinadora en gestión de proyectos del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Las dos últimas reservas reconocidas en el país tardaron cerca de 20 años en ser categorizadas desde que fueron solicitadas, asegura la experta, lo cual genera incertidumbre legal y la superposición de derechos sobre los territorios solicitados.

En el caso de la reserva indígena Yavarí Mirim, la solicitud fue presentada por ORPIO en 2003. Esta recibió calificación favorable en 2013 y obtuvo el reconocimiento legal de los PIACI que ocupan dicho territorio, en 2018.

Se cuenta con diversas evidencias documentadas que confirman la presencia de estos pueblos, reunidas en el Estudio Previo de Reconocimiento y el Estudio Adicional de Categorización, que incluyen testimonios directos, imágenes satelitales y estudios complementarios elaborados por ORPIO y otras instituciones especializadas.

“No hay más excusas. El Estado tiene la obligación de cumplir su palabra y garantizar la supervivencia de los PIACI de Yavarí Mirim”, señaló Pablo Chota Ruiz, dirigente de ORPIO, recordando que el compromiso de convocar a la Comisión Multisectorial en un plazo máximo de 30 días fue asumido en una reunión oficial en Palacio de Gobierno, el pasado 5 de junio.