En agosto del año pasado, tras casi once años de proceso judicial, cuatro personas fueron sentenciadas por el asesinato de los líderes de la comunidad ashéninka Alto Tamaya-Saweto, en el departamento de Ucayali. Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo fueron atacados con armas de fuego y sus cuerpos mutilados cerca de la frontera con Brasil, en setiembre de 2014.

Tras años de espera y constante reclamo por justicia, los familiares de las víctimas lograron una sentencia contra los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, así como los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, quienes fueron condenados a 28 años de prisión y el pago de una reparación de 400 mil soles.

Sin embargo, esta búsqueda de justicia podría sufrir un revés, debido a que la defensa de los hermanos Atachi Félix presentó una demanda de habeas corpus, con el fin de anular las sentencias de primera y segunda instancia.

La demanda fue interpuesta por Gloria Liliana Falcón San Miguel, conviviente de Josimar Atachi Felix, ante el 3.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo en Ucayali contra los magistrados de la primera y segunda instancias, solicitando la nulidad de las sentencias, la realización de un nuevo juicio oral y el levantamiento de las órdenes de captura vigentes contra los responsables. Entre los argumentos que presentan, se alega una supuesta vulneración al debido proceso y a la libertad personal.

Al respecto, especialistas advierten que este recurso representa un serio riesgo para el caso, ya que podría dejar sin efecto todo lo avanzado. De prosperar dicho recurso, se anularían las órdenes de captura, se eliminaría la reparación civil establecida para las familias de las víctimas y el proceso regresaría a su etapa inicial, reabriendo la posibilidad de impunidad.

“El proceso judicial, en primera y segunda instancia, contó con pruebas irrefutables y en un marco de un proceso penal que respetó las garantías del debido proceso. Hacemos un llamado al Poder Judicial para que resuelva de acuerdo al marco jurídico y declare improcedente la demanda de habeas corpus porque no hay argumentos ni de forma ni de fondo”, señaló Rocío Trujillo, asesora legal de los familiares de las víctimas de Saweto.

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Frente a este recurso legal, la defensa de las familias de Saweto ha solicitado su incorporación al proceso de habeas corpus como parte interesada, con el fin de garantizar su derecho a la defensa y evitar que se adopten decisiones que afecten directamente sus derechos como víctimas.

Los abogados advierten que el habeas corpus presentado no cumpliría con los requisitos legales. “Existen recursos pendientes de resolución en la Corte Suprema, como el recurso de casación y la queja, lo que impediría su procedencia. Además, no se evidenciaría una afectación directa a la libertad personal, dado que las sentencias fueron emitidas en el marco del debido proceso”, señaló Felipe Tapia, abogado de las familiares de Saweto.

Cabe resaltar que los sentenciados continúan prófugos y han sido incluidos en la lista de “los más buscados” del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, lo que había sido exigido por las familias de las víctimas, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos.

“A pesar de ello, los condenados siguen prófugos. Ahora, con esta demanda de habeas corpus, los sentenciados buscan que la inclusión en la lista de los más buscados también sea revocada, lo que constituiría un retroceso en la búsqueda de justicia e impunidad de estos crímenes contra defensores indígenas”, agregó Tapia.

En ese contexto, organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) hacen un llamado a las autoridades judiciales a evaluar con rigor este recurso y a evitar que se utilicen mecanismos constitucionales para desvirtuar procesos judiciales en curso.

“La resolución de este caso será clave no solo para las víctimas, sino también para la lucha contra la impunidad en delitos vinculados a la defensa del territorio, el medio ambiente y la agresión a defensores indígenas en el país”, indicó Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep.