Tras la designación de Wilfredo Portilla Barrera como nuevo titular de la Dirección General de Formalización Minera, órgano técnico que cumple un papel estratégico y preventivo en la lucha contra la minería ilegal en el país, el Colectivo PAS, que reúne a gremios empresariales y organización de la sociedad civil, expresó su rechazo a esta decisión del Ejecutivo.

Como se recuerda, Portilla Barrera fue elegido para reemplazar a Máximo Gallo, y esto llamó la atención porque, en julio pasado, el ahora funcionario del Minem fue excluido del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Según Graciela Villasís,  directora de Territorio Tomado, Portilla “ni siquiera logró formalizar sus dos reinfos: Río Seco XXI y Río Seco XXII” y ahora será “el responsable de depurar, supervisar y conducir el proceso de formalización minera, además de formular lineamientos de los más de 31 mil mineros a nivel nacional”.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por las decisiones que se han tomado en torno a este cargo, que es estratégico para definir la política pública destinada a enfrentar el problema de la minería informal e ilegal en el Perú. Más allá de cualquier consideración individual, instamos al Estado a mostrar firmeza en su posición frente a la que hoy es la principal economía ilícita, con políticas y nombramientos que garanticen coherencia, idoneidad y credibilidad”, publicó el Colectivo PAS – País Seguro, a través de un comunicado.

“Reafirmamos que acabar con la minería ilegal exige decisiones institucionales firmes y coherentes. La formalización debe basarse en principios claros: cumplimiento efectivo de requisitos sociales y ambientales, trazabilidad, responsabilidad jurídica. Sin una reforma profunda del sistema de formalización, el país seguirá atrapado en un ciclo que permite que la informalidad alimente la ilegalidad y socave el Estado de derecho”, agregó.

Ampliación del Reinfo

Cabe recordar que, el pasado 17 de diciembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó ampliar el Reinfo hasta diciembre de 2026, pese al rechazo de empresariales, entre ellos Adex, Confiep, Comex, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, entre otros, quienes señalaron que “esta medida representa un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal, hoy convertida en la principal economía ilícita del país”.

Por su parte, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), también rechazó esta ampliación, expresando su “profunda preocupación” ante esta medida que “amenaza el orden constitucional, la institucionalidad y los esfuerzos por frenar la minería ilegal en el país”.