• Los proyectos legislativos que plantean modificar la Ley PIACI, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP), respectivamente, representan un “atentado contra lo avanzado en materia ambiental”, advierte María Amelia Trigoso, titular de la Dirección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) del Mincul.

Por Angela Rodriguez / arodriguez@spda.org.pe y Jonathan Bazán / jbazan@spda.org.pe

En Congreso de la República se han presentado tres propuestas legislativas que significarían un grave retroceso en materia de protección del ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI). Al conjunto de estas propuestas legislativas se le ha catalogado como “paquetazo ambiental” debido a la amenaza que representan para los derechos ambientales de todas y todos los peruanos, incluyendo a los más vulnerables: los PIACI.

Como se recuerda, para la protección de estos pueblos vulnerables el Estado peruano creó la Ley PIACI. Sin embargo, desde noviembre de 2022 el congresista fujimorista Jorge Morante impulsa el Proyecto de Ley 3518-2020, el cual, según advierten especialistas y defensores de los derechos humanos, significa una amenaza al derecho a la vida de estos pueblos.

Actualidad Ambiental conversó con María Amelia Trigoso, titular de la Dirección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) del Ministerio de Cultura (Mincul), sobre esta propuesta legislativa y las implicaciones que tendría dejar sin protección a los indígenas en aislamiento, considerados los peruanos más vulnerables.

En Loreto, un grupo de empresarios, apoyados por el gobernador René Chávez, desconocen la existencia de los PIACI, y argumentan que no existe evidencia científica al respecto. Pero, para lograr el establecimiento de las reservas indígenas y territoriales ya existentes, el Mincul ha tenido que realizar investigaciones y demostrar con evidencias la existencia de estos pueblos. Entonces, ¿a qué cree que se debe esta negación de la existencia de los PIACI por parte de estos grupos? ¿Qué razones cree que puedan tener?

En principio consideraría que es falta de información. Por otro lado, hay mucha información que se difunde respecto que la creación de reservas indígenas impediría el desarrollo económico de la región y en particular de las zonas aledañas a los territorios de reservas indígenas. Creo que hay una falsa dicotomía entre el hecho de que el desarrollo económico -en particular el desarrollo proveniente de industrias extractivas- es más importante que la protección de PIACI, que recordemos están en esa situación (de aislamiento) por momentos traumáticos en la historia.

Entonces, creo que niegan su existencia (de los PIACI) pensando que las reservas impedirían un desarrollo económico, lo cual no es cierto. Las reservas que tenemos creadas en Ucayali, por ejemplo, no han impedido el desarrollo de las zonas aledañas. Obviamente hay mucho que hacer desde el Estado peruano para impulsar el desarrollo de las comunidades aledañas, yo siempre señalo que el Estado peruano se demora en llegar a esas zonas, pero la razón para la falta de presencia (del Estado) o el desarrollo de proyectos que beneficien a esas poblaciones no son las reservas indígenas, ese retraso viene de décadas atrás.

Las organizaciones indígenas insisten en la protección de los PIACI. ¿Qué amenazas existen para estos pueblos aislados?

Lo que se ha identificado como principal amenaza en estos momentos es el otorgamiento de concesiones forestales. Representan una amenaza porque permiten el ingreso de personas en territorios que son intangibles y eso viola el principio de no contacto. Además, las concesiones forestales que se entregaron luego del 2015 no han sido otorgadas de manera legal, porque la Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece que después de esa fecha no se podían otorgar concesiones forestales. Entonces, son actividades ilegales en este sentido.

También representan una amenaza las actividades extractivas. Toda actividad humana en territorios que habitan los PIACI representa una amenaza para ellos. En algunos casos también es una amenaza el narcotráfico, y lo hemos identificado en algunas zonas de solicitudes de reservas indígenas.

Frente a estas amenazas, ¿qué mecanismos de protección tiene el Mincul?

El Mincul es el ente rector, en el marco de una figura que se creó con la Ley PIACI en el 2006, que es el régimen especial transectorial, el cual es el conjunto de políticas públicas para atender las situaciones de amenazas a los PIACI y proteger su integridad.

En ese marco, el Mincul tiene todo un sistema de control y vigilancia en todos estos territorios. Hay todo un sistema de control y vigilancia con infraestructura y personal que se ubica en los principales puntos de acceso a las reservas indígenas, porque incluso el personal del Mincul no puede ingresar a estas.

Además, tenemos articulación con otros sectores del Estado para atender otras situaciones, por ejemplo, vinculadas a actividades ilícitas como el narcotráfico. Porque, si bien el Mincul no hace interdicciones, articula con DEVIDA para que priorice, en sus planes anuales de interdicción, aquellas zonas que tienen presencia de actividades ilícitas como el narcotráfico.

Asimismo, en el marco de las reservas indígenas, tenemos un mecanismo que son los Comités de Gestión de protección. Estos comités son espacios que reúnen a todos los actores en el territorio, como el gobierno regional, los gobiernos locales, las organizaciones indígenas y comunidades nativas del ámbito.

Sobre el llamado “paquetazo ambiental”, ¿cuál es la posición del Mincul frente a estos proyectos de Ley que buscan modificar la Ley PIACI, la Ley Forestal y de Fauna, y la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP)?

Desde el Mincul nos hemos enfocado en el Proyecto de Ley 3518-2020 que modifica la Ley PIACI, no hemos hecho pronunciamientos públicos respecto a los proyectos que pretenden modificar la Ley Forestal y a la Ley de ANP. Sin embargo, consideramos que en conjunto estos tres proyectos de ley suman para retroceder en lo ganado en materia de protección de pueblos, en particular los PIACI, pero también en materia de protección de los recursos naturales que albergan las reservas indígenas y las ANP.

De aprobarse (los proyectos legislativos), representarían realmente un atentado a lo avanzado en materia ambiental, porque estas tres leyes abonan muchísimo a la lucha contra el cambio climático. Y, en el caso de la Ley PIACI, además protegen la vida de las personas, que está primero. Entonces, sería nefasto que el Congreso pudiera avanzar estas iniciativas legislativas.

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