Foto: Minam

El Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina en Alta Mar (BBNJ, por sus siglas en inglés) entrará oficialmente en vigor este sábado 17 de enero de 2026, lo que marca un hito histórico en la gobernanza global de los océanos. A la fecha, 145 países han firmado el acuerdo y 81 lo han ratificado, superando el mínimo necesario de 60 ratificaciones para su entrada en vigencia, que se activa 120 días después.

Gracias a este tratado, las aguas internacionales -es decir, aquellas que están fuera de la soberanía de los países- contarán por primera vez con un marco jurídico integral y vinculante, lo que permitirá reforzar la acción internacional para proteger el océano, enfrentar el deterioro climático y salvaguardar los medios de vida de miles de millones de personas en todo el mundo.

Hasta ahora, en estas zonas regía principalmente el principio de libertad de los mares, que habilita actividades como la pesca, el transporte marítimo o la investigación científica, sin un régimen global específico orientado a la conservación de la biodiversidad marina. Frente a este vacío normativo, el Tratado de Alta Mar establece un nuevo estándar.

Tras alcanzarse las 60 ratificaciones necesarias el 19 de septiembre de 2025, más países continuaron sumándose al tratado. Solo en diciembre, Japón, China, Brasil, Ecuador, Islandia y Kiribati ratificaron el acuerdo. Sin embargo, resulta fundamental que más países completen este proceso para que puedan participar activamente en la toma de decisiones sobre la gobernanza de los océanos.

De acuerdo con información de Naciones Unidas, entre marzo y abril de este año se realizará la primera reunión de los países partes del tratado tras su entrada en vigor. Bélgica y Chile han expresado formalmente su interés en albergar la Secretaría del acuerdo.

¿Qué acciones contempla el tratado?

Este acuerdo regula cuatro áreas principales vinculadas a la protección y el uso sostenible de la biodiversidad marina en alta mar. En primer lugar, aborda el acceso y uso de los recursos genéticos marinos (RGM), lo que implica establecer mecanismos para asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su aprovechamiento científico y económico.

Además, el tratado incorpora medidas de conservación en alta mar, como la creación de áreas marinas protegidas (AMP) y otras herramientas de gestión basadas en áreas, orientadas a la conservación de ecosistemas y especies marinas. También dispone la obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para las actividades que puedan generar daños significativos al ecosistema marino, y promueve la creación de capacidades y la transferencia de tecnología marina para fortalecer la cooperación científica y tecnológica entre países.

La situación de Perú

En junio de 2025, la expresidenta Dina Boluarte firmó el Tratado de Alta Mar durante su participación en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, realizada en Niza, Francia. Sin embargo, a la fecha, el Perú aún no ratifica este acuerdo. Para que el país pueda adherirse, el Congreso de la República deberá revisar y debatir la ratificación.

Si Perú se suma a este tratado, tendría la posibilidad de incidir en decisiones estratégicas sobre la gobernanza global de los océanos y generar beneficios directos e indirectos para la gestión sostenible de los ecosistemas marinos y para los intereses nacionales vinculados al mar.

En diciembre, organizaciones nacionales publicaron un pronunciamiento sobre la importancia de que el país participe del acuerdo. “Se garantiza plenamente la soberanía nacional, en tanto el artículo 3 limita el ámbito de aplicación del tratado estrictamente a las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, lo que asegura que las competencias del Perú en su dominio marítimo permanezcan plenamente salvaguardados y bajo el control exclusivo del Estado”, señala el documento.