El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la Ordenanza Municipal 011-2023-MPU, emitida por la Municipalidad Provincial de Ucayali-Contamana, que negaba la existencia de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). La decisión responde a la demanda presentada a fines de 2023 por el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, con el respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Instituto de Defensa Legal (IDL).

La ordenanza impugnada buscaba excluir el territorio de la provincia de Ucayali de la aplicación de la Ley 28736 (Ley PIACI), al negar expresamente la existencia de pueblos en aislamiento en la zona, como los remo (isconahua), mayoruna (matsés o matis) y kapanawa, ya reconocidos oficialmente mediante el Decreto Supremo 001-2019-MC. Además, la ordenanza declaraba de “necesidad pública y preferente interés provincial” la exclusión del territorio de cualquier propuesta de creación de Áreas Naturales Protegidas y Reservas Indígenas para PIACI.

En su fallo, el TC recordó que ninguna autoridad local puede anular derechos fundamentales ni desconocer el marco normativo nacional e internacional. Asimismo, reafirmó que la identificación y reconocimiento de los PIACI son competencias exclusivas del Ministerio de Cultura (Mincul), a través del Viceministerio de Interculturalidad, tal como establece la legislación vigente. De este modo, el TC ratificó que los PIACI son sujetos colectivos de derechos reconocidos por la Constitución y por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La ordenanza municipal en cuestión constituye una violación a los derechos humanos y evidencia un desconocimiento absoluto del régimen de protección de estos pueblos”, señala Melissa Sánchez, coordinadora de gestión de proyectos del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). “Saludamos la decisión del Tribunal Constitucional, que garantiza los derechos de los PIACI y el orden constitucional. Es un llamado a la acción no sólo de los tribunales sino del propio Ministerio de Cultura, en la necesidad urgente de capacitar en estos temas a los funcionarios de los distintos niveles del gobierno”.   

Foto: Mincul

¿Quiénes son los PIACI?

Los PIACI son pueblos indígenas que han optado por vivir en aislamiento o en contacto inicial con la sociedad mayoritaria. Para proteger su derecho a la autodeterminación y evitar impactos externos que pongan en riesgo su supervivencia, el Estado peruano ha establecido —a través de la Ley PIACI— la figura de las reservas indígenas como espacios intangibles.

En Perú, se estima que existen alrededor de 7500 indígenas en aislamiento y contacto inicial, pertenecientes a al menos 25 pueblos indígenas. Actualmente hay ocho reservas reconocidas legalmente para asegurar su protección: dos reservas territoriales (Kugapakori-Nahua-Nanti y Madre de Dios) y seis reservas indígenas (Murunahua, Isconahua, Mashco Piro, Yavarí Tapiche, Kakataibo Norte y Sur, y Sierra del Divisor Occidental–Kapanawa). Estas suman más de 4.5 millones de hectáreas protegidas. Además, existen cinco solicitudes de reservas adicionales que cubrirían cerca de 3.5 millones de hectáreas más.

El proceso de reconocimiento de estas reservas se basa en investigaciones científicas que recogen evidencias de la presencia de PIACI en dichos territorios. Aun sin reconocimiento oficial, el Estado está obligado a garantizar la protección de los PIACI, conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la legislación nacional.

En riesgo latente 

Esta no es la primera vez que se intenta negar la existencia de los PIACI. A fines de 2024, el magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Ticse declaró públicamente que no había pruebas de su existencia en Loreto. 

Además, entre 2022 y 2023, un grupo de congresistas y empresarios de Loreto impulsó un proyecto de ley que buscaba modificar la Ley PIACI para quitarle funciones al Mincul y transferirlas a los gobiernos regionales. La propuesta incluso apuntaba a anular la creación de algunas reservas indígenas que tomaron años en ser reconocidas.

El proyecto fue finalmente archivado por el Congreso de la República. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos argumentó que representaba “un grave retroceso del Estado peruano en cuanto a garantizar los derechos de los pueblos aislados”.