SPDA presenta al Congreso opinión legal para priorizar la ratificación del Acuerdo de Escazú

Foto: Andina

  • La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República mantiene en su despacho la ratificación del Acuerdo de Escazú enviado mediante el Proyecto de Resolución Legislativa 04645/2019-PE desde agosto del año pasado.
  • A la fecha son 9 países que han ratificado el Acuerdo de Escazú. Nuestro país fue parte del primer grupo de países en suscribir el Acuerdo pero aún no completa su ratificación. 
  • Perú puede ser el décimo país en ratificar el instrumento y ponernos más cerca de la entrada en vigor.

 

Escriben: Carol Mora Paniagua y Fátima Contreras Tellez / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

 

El Acuerdo de Escazú fue suscrito por nuestro país en setiembre de 2018 pero aún necesita ser ratificado por el Congreso de la República para que pueda entrar en vigor. Por ello, el pasado 5 de agosto del 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó el expediente al Congreso de la República para ratificación de dicho acuerdo mediante el Proyecto de Resolución Legislativa 04645/2019-PE.

El expediente del Acuerdo de Escazú fue derivado a la Comisión de Relaciones Exteriores a fin de que se emita el dictamen previo correspondiente para su posterior debate en el Pleno del Congreso de la República, en donde se decidirá su aprobación y ratificación.

Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) hemos participado activamente desde el proceso preparatorio y de negociación de este acuerdo y hoy estamos convencidas y convencidos que su ratificación por parte del Congreso es prioridad. Por ello, hemos presentado nuestra opinión legal favorable a fin de aportar al proceso de discusión y elevar la ratificación en base a los siguientes argumentos: 

1. El Acuerdo de Escazú permitirá elevar la democracia ambiental y transparencia en el país

El acuerdo orienta la aplicación de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Estos son derechos instrumentales puesto que aseguran el ejercicio de la ciudadanía y la defensa y protección de los derechos humanos ambientales, tales como el derecho a contar con un ambiente sano y equilibrado para la vida. 

Así, el Acuerdo de Escazú establece estándares mínimos para garantizar los derechos de acceso, lo que a su vez asegura que estos no sean relajados o minimizados frente a intereses particulares o decisiones de contexto sin sustento. 

Considerando ello, es necesaria la ratificación del Acuerdo de Escazú en la medida que contribuye a elevar los niveles de transparencia y rendición de cuentas, así como lograr los compromisos y metas de conservación nacional a través del fortalecimiento de los cimientos de los derechos de acceso.

[Ver además ► [Infografía] Acuerdo de Escazú llegó al Congreso para su ratificación: ¿qué sigue?]

Foto: SPDA

2. Establece herramientas concretas para la gestión anticipada y resolución de conflictos socioambientales

Nuestra región presenta una serie de desafíos para el fortalecimiento de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, los cuales han repercutido en el estado de la gestión socioambiental de los recursos naturales, evidenciándose en la proliferación de conflictos sociales y en la débil protección y defensa de los recursos naturales por la afectación o depredación de los ecosistemas por actividades ilegales o el establecimiento de estándares que no garantizan el cumplimiento de derechos ambientales.

El Acuerdo de Escazú permitirá asegurar correctos niveles de intervención de la ciudadanía, permitiendo siempre elevar la calidad de la participación ciudadana, apuntando a sustantivar los procesos, evitando un enfoque meramente formal y residual de los aportes y visión ciudadana. 

3. Promueve la implementación de herramientas concretas y mecanismos  de seguimiento para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de acceso

      • Respecto del derecho de acceso a la información pública, el Acuerdo de Escazú contribuirá a la consolidación de los sistemas de información ambiental, a la generación de información ambiental y al fortalecimiento de capacidades institucionales y operativas para la generación, registro, sistematización y difusión de información ambiental clave para la toma de decisiones y para la participación pública ciudadana. Buscamos que el país adopte decisiones sobre la base de la evidencia.
      • En cuanto al derecho de acceso a la participación pública, contribuirá a la innovación de mecanismos de participación ciudadana a fin de asegurar la inclusión de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, fortalecerá los procedimientos de participación pública y consolidará los estándares de participación en los procedimientos de evaluación ambiental de las distintas autoridades sectoriales que a la fecha cuentan con diferentes niveles de desarrollo de su marco normativo. Buscamos que se tomen decisiones que nos impactan a todas y todos, sobre la base de la escucha y asimilación de aportes.
      • En lo referido al derecho de acceso a la justicia ambiental, el Acuerdo de Escazú contribuirá a la creación de garantías procesales que permitan asegurar la tutela al derecho ambiental, contribuirá al fortalecimiento del sistema de justicia en materia ambiental y promoverá la consolidación de la justicia ambiental administrativa y judicial. Buscamos que ante situaciones de inacción e indefensión, el Estado sea un garante de los derechos humanos ambientales.

[Ver además ► ¿Cuál es el avance del proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú en América Latina y El Caribe?]

Foto: SPDA

4. Fortalece los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos ambientales

Este instrumento histórico nos permite adecuarnos a estándares internacionales, sin dejar de observar nuestros principios constitucionales, para fortalecer las medidas diseñadas y proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales a través de un enfoque especializado que atienda a las particularidades del riesgo que estos enfrentan.

      • El Acuerdo de Escazú resulta congruente con los avances normativos desarrollados por el Poder Ejecutivo para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos y nos permite seguir generando las garantías necesarias para su protección.
      • Finalmente, la ratificación del Acuerdo de Escazú nos permite salvaguardar el derecho a proteger el ambiente al incorporarlo de forma expresa en nuestro sistema normativo.

En este sentido, considerando la relevancia de este instrumento regional para elevar la democracia y transparencia ambiental así como la defensa y protección de los derechos humanos ambientales instamos al Congreso de la República a aprobar la ratificación del Acuerdo de Escazú con sentido de urgencia y como prioridad en el presente contexto. 

Perú ha tenido en los últimos años un rol activo y pionero en el proceso de negociación y difusión del acuerdo cuyo proceso debe concluir de forma positiva en tanto este instrumento representa una herramienta sin precedentes en la cual se involucran desafíos comunes y mejoras que nos benefician a todas y todos los peruanos.

Leer y descargar la opinión legal de la SPDA:

Opinión legal de la SPDA sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú by spdaactualidad on Scribd



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