Señalan que ANA y Sedapal deben articularse para descontaminar río Rímac

En declaraciones a diario Gestión, el abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), César Ipenza, indicó que la Autoridad Nacional del Agua y Sedapal no están realizando un trabajo articulado de fiscalización de aguas residuales en el río Rímac, con el fin de detener su contaminación y hallar a los responsables.

A inicios de octubre, Sedapal informó que el 60% de la contaminación del Rímac se debe a relaves mineros, mientras que otro 15% corresponde a desechos industriales. Esta situación exige utilizar procesos de potabilización del agua más costosos, sin que las industrias responsables asuman parte en remediar los pasivos ambientales que generan.

“Le corresponde a la ANA indicar quién es responsable de estos vertimientos. Podemos ir más allá y decir que tiene la obligación de definir a los responsables, así sean formales o informales”, indicó Ipenza. Esto debería darse en virtud de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), existentes desde el 2008, al igual que la creación de este órgano técnico.

En cuanto a los relaves mineros en afluentes del Rímac, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) debería fiscalizar que “las empresas cercanas al Rímac cumplan con el marco de los ECA”.

En el caso del sector productivo no minero, Ipenza indicó que el Ministerio de la Producción “debería exigir que los 50 subsectores bajo su tutela realicen sus actividades de manera adecuada bajo el reglamento del Sistema de Evaluaciones de Impacto Ambiental”. Sin embargo, hasta ahora solo los sectores cervecero, papelero, curtiembre, cementos y pinturas están regulados.

“Sedapal tiene la competencia para hacer monitoreos, pero debe ser un trabajo articulado de las diversas autoridades. La ANA es la responsable de imponer sanciones administrativas y denuncias penales”, anotó el abogado. Según la Ley de Recursos Hídricos, las multas van desde 0.5 UIT (S/. 1,825) hasta un máximo de 10,000 UIT (S/. 36.5 millones) para las infracciones más graves.

“El ANA no está asumiendo sus responsabilidades de manera adecuada. Es hora de que empiece a responder con mayor fuerza a las obligaciones y facultades que la Ley le otorga”, finalizó.



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