Foto: Diego Pérez / SPDA

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que Perú, a pesar de un “contexto de elevada incertidumbre”, ha tenido un “crecimiento sostenido”. Después de una “sólida recuperación” en 2024, agrega el organismo, la economía peruana continuó expandiéndose en 2025, alcanzando un crecimiento de 3.4 %.

El FMI indica además que se prevé que el crecimiento se modere, ya que el impacto de los elevados precios de los metales compensará en gran medida el choque global de los precios de la energía. “Partiendo del supuesto de que las repercusiones derivadas de una guerra de corta duración en Oriente Medio serán limitadas, se espera que el crecimiento alcance 2.8 % en 2026”, resalta el informe.

Asimismo, señala que “el balance de riesgos para las perspectivas se inclina a la baja, dada la elevada incertidumbre externa, aunque Perú cuenta con amplios márgenes de maniobra para hacer frente a posibles choques”. El informe indica que entre los principales riesgos internos a corto plazo se encuentran la incertidumbre política, la conflictividad social y choques derivados de fenómenos meteorológicos extremos, incluido un fenómeno El Niño Costero más intenso, mientras que “los niveles persistentemente altos de inseguridad y la minería ilegal podrían frenar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo”.

Respecto a los riesgos externos, estos están marcados por “las posibles repercusiones de un conflicto prolongado en Oriente Medio, que podrían dar lugar a efectos de segunda ronda sobre las expectativas de inflación, un menor crecimiento global y condiciones financieras más restrictivas”.

Otros riesgos externos incluyen las tensiones geopolíticas regionales, el proteccionismo y las disrupciones comerciales, así como la volatilidad de los precios de las materias primas y una prolongada incertidumbre política.

Del lado positivo, continúa el FMI, “el crecimiento podría ser mayor si los elevados precios de los metales o una mayor estabilidad política tras las elecciones generales propician una mayor inversión privada. La resiliencia macroeconómica del Perú se ve reforzada por colchones muy sólidos, que incluyen una deuda pública reducida, abundantes reservas internacionales y el acceso a los mercados de capitales internacionales en condiciones favorables”.

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Recomendaciones frente a la minería

En su informe, el FMI señala que Perú necesita “una respuesta de política coordinada para revertir el rápido aumento de la minería ilegal” porque “los elevados precios de los metales han desencadenado una expansión significativa de la minería ilegal de oro y, más recientemente, de cobre, y han creado incentivos para la participación del crimen organizado”.

Asimismo, alerta que Perú no ha llevado un proceso de formalización que se ajuste a la urgencia de poner freno a la expansión de la actividad minera ilegal. “La continua ambigüedad normativa en el proceso de formalización está permitiendo que los operadores ilegales se expandan con impunidad. La minería ilegal plantea riesgos para el crecimiento económico al desalentar la inversión formal y debilitar las instituciones, con amplias repercusiones socioeconómicas, incluso en los mercados laborales formales y la seguridad. La reciente legislación que amplía la definición de la minería ilegal como delito, incluyendo las actividades de procesamiento posteriores a la extracción, es bienvenida. No obstante, se requieren mayores esfuerzos para cerrar las brechas legales restantes y establecer vías claras hacia la formalización”, sostiene el FMI.

Finalmente, agrega que “deben evitarse las medidas que debiliten los derechos de propiedad de las concesiones mineras. El fortalecimiento de las instituciones anticorrupción y de la capacidad del Estado en materia de seguridad, fiscalización y supervisión financiera debería contar con el respaldo de la cooperación interinstitucional, regional e internacional. Asimismo, serán esenciales políticas específicas para elevar el nivel de vida y promover oportunidades económicas en las comunidades donde existen actividades de minería ilegal, a fin de reducir los incentivos para participar en dichas actividades”.