REDD: retos de una nueva herramienta

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Escribe Milagros Sandoval / Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
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La estrecha relación entre bosques y cambio climático viene haciéndose cada vez más clara entre los especialistas en ambos temas. En el Perú este vínculo se puede apreciar en el hecho de que la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (47% del total de emisiones ), proviene del cambio de uso de los suelos. En otras palabras, la deforestación generada para abrir espacios principalmente para la agricultura y ganadería (actividades tildadas de “más eficientes” que la conservación de áreas boscosas), se ha convertido en un problema que es necesario afrontar.

Es así que, ante la necesidad de conservar o aprovechar sosteniblemente estos espacios de bosque, han surgido diversas herramientas tanto económicas como financieras para coadyuvar con esta tarea. En este contexto, se han desarrollado a nivel internacional importantes discusiones sobre la idoneidad o no de una herramienta que se ha denominado REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación).

Pero cabe preguntarse, ¿qué es REDD?, ¿funcionará en una realidad tan diversa como el Perú?

REDD es un concepto que aún se está desarrollando, por lo que no hay respuestas exactas en cuanto a su definición; sin embargo ya muchos vienen elaborando diversas propuestas sobre su contenido. Lo que está quedando claro es que REDD no es un fin en si mismo, es decir, no es una nueva herramienta de conservación.

Por el contrario la idea es que REDD sea un incentivo a través del cual se puedan financiar sosteniblemente las actividades de manejo o conservación que se realicen en los bosques.

A diferencia de otros incentivos que se han venido otorgando en estas áreas, como por ejemplo donaciones para la conservación de áreas boscosas, el establecimiento de un esquema REDD se encuentra estrechamente ligado a que un área de bosque determinada almacene carbono. El almacenamiento de carbono en dicha área deberá asegurarse a través de ciertas actividades que deberán ser previamente identificadas.

Pero el sólo hecho de tener derechos sobre un bosque o vivir en el no nos convierte en beneficiarios de REDD, por el contrario, primero es necesario establecer a través de diversas metodologías la posibilidad, entre otros, de saber si un área específica está almacenando una representativa cantidad de carbono que resulta interesante para el mercado.

Asimismo, será necesario determinar cuáles son las amenazas o riesgos potenciales de deforestación que tiene esa área, y que por tanto hagan que al establecer un esquema de REDD éste apoye efectiva y eficazmente a repeler las amenazas identificadas.

En otras palabras, tener algún derecho sobre áreas boscosas (por ejemplo derechos sobre los recursos forestales) o estar asentado en un bosque no implica necesariamente recibir algún beneficio por estar ahí. Por el contrario, los aspectos técnicos que se vienen discutiendo hoy en día hacen que REDD no sea una herramienta fácil de implementar y menos aún que sea posible de implementar en todos lados.

Un tema también importante a tener en cuenta para el establecimiento de esta herramienta será la necesidad de esclarecer el marco normativo respecto a los servicios ambientales (en este caso hablamos del servicio ambiental que se define a través del almacenamiento de carbono de estos bosques), específicamente será necesario determinar quién tiene derechos sobre esos servicios ambientales.

Actualmente si bien el marco jurídico peruano reconoce a través de diversas normas la importancia de valorizar y compensar los servicios ambientales, dicho marco normativo no ha llegado a tal nivel de detalle que esclarezca qué personas podrían tener derechos sobre dichos servicios – lo cual a final de cuentas es importante para saber si pueden o no involucrarse en el diseño e implementación de este tipo de esquemas.

Una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo para aclarar estas y otras dudas respecto a los servicios ambientales es la propuesta de una Ley de Provisión de Servicios Ambientales, que se encuentra actualmente en el Congreso.

Entonces, si llegamos a esclarecer tanto la parte técnica como legal, cabe la pregunta, ¿es esto suficiente para detener la deforestación? La respuesta es no.

Es necesario evaluar a nivel nacional cómo diversas políticas públicas, que en muchos casos han venido incentivado actividades contrarias a la conservación y/o el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, podrían adecuarse y así prevenir las actividades que promueven o generan deforestación.

Como podemos ver, no es un camino fácil pero no creemos que sea un camino intransitable. Desde nuestro punto de vista, el camino hacia REDD traerá cosas muy positivas, desde identificar y proponer cambios en cuanto a políticas nacionales que pueden promover o generar deforestación hasta valorizar nuestros bosques y priorizar la necesidad de que aquellos que vienen realizando actividades a través de las cuales conservan y/o aprovechan sosteniblemente los bosques tengan una posibilidad de obtener beneficios directos para seguir realizando dichas actividades.

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Fotografía: Thomas Müller / SPDA



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