Foto: FCDS

Tras participar en el “Primer intercambio de pueblos indígenas amazónicos sobre la minería ilegal de oro y la contaminación por mercurio en sus territorios”, realizado los días 2, 3 y 4 de julio de 2025, en el Parque Nacional Natural Amacayacu, Leticia (Colombia), los participantes emitieron un comunicado en donde expresan sus preocupaciones y plantean propuestas respecto a la actividad minera que representa una de sus principales amenazas.

El encuentro reunió a delegaciones indígenas y comunitarias de Colombia, Perú y Brasil, junto a representantes gubernamentales y expertos técnicos, en un diálogo intercultural, enfocado en la reflexión colectiva sobre los impactos sociales, ambientales, culturales y sanitarios de la minería de oro y el uso del mercurio en la región amazónica.

A partir del análisis territorial, la deliberación por país y el intercambio de experiencias, los participantes formularon propuestas de acción, mensajes clave y una hoja de ruta -por país y a nivel regional- que articula el conocimiento ancestral con herramientas legales, institucionales y de incidencia internacional.

La declaración recoge 25 propuestas y exigencias desarrolladas colectivamente por los pueblos indígenas y comunidades locales, y representa una voz unificada frente a los impactos sociales, ambientales, culturales y sanitarios. Su contenido fue validado mediante un proceso participativo, con un periodo de retroalimentación abierto.

El evento contó con la participación virtual de Richard Gutiérrez, representante de la Secretaría del Convenio de Minamata, quien reafirmó el compromiso de visibilizar la voz de los pueblos indígenas y locales en los espacios internacionales. Subrayó además la urgencia de generar evidencia concreta sobre los efectos del mercurio en la salud, especialmente sus impactos intergeneracionales.

La actividad fue organizada por la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO), y el Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad (OMI), con el respaldo de la Fundación Gordon y Betty Moore.

Este pronunciamiento colectivo constituye un paso estratégico hacia la articulación regional de los pueblos indígenas y comunidades locales y su incidencia internacional frente a una de las amenazas más urgentes para sus territorios y formas de vida.

[Ver además►Toneladas de mercurio de México alimentan a la minería ilegal en Bolivia, Colombia y Perú]

Fotos: Andina y EIA

Conoce los 25 acuerdos y exigencias:

1. Garantizar la demarcación, delimitación, titulación colectiva y seguridad jurídica de nuestros territorios ancestrales, para asegurar nuestra permanencia. Iniciativas legislativas como el marco temporal en Brasil, el proyecto de ley 6536 de 20232 en Perú o los retrasos en la restitución de derechos territoriales en Colombia, vulneran nuestros derechos territoriales y humanos.
2. Garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de nuestras comunidades, desde una perspectiva individual y colectiva, mediante mecanismos efectivos de protección y acceso a la justicia, con especial atención a las guardias indígenas como mecanismos comunitarios de defensa y pervivencia.
3. Garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada antes de aprobar cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar nuestros derechos colectivos, especialmente en relación con la exploración, aprovechamiento, almacenamiento o disposición de recursos naturales o materiales peligrosos en nuestros territorios.
4. Fortalecer, acompañar, financiar y visibilizar el liderazgo político administrativo de las mujeres, teniendo en cuenta las amenazas diferenciadas que enfrentamos.
5. Erradicar la violencia de género en todas sus formas, reconociendo que la minería de oro exacerba la vulnerabilidad de las mujeres y de los niños.
6. Poner el conocimiento ancestral y el reconocimiento de la medicina tradicional en el centro de la conversación para amplificar nuestra incidencia en la construcción de soluciones en nuestros territorios.
7. Todos los esfuerzos relacionados con la Conservación de la Amazonía deben tener inmersos procesos de Investigación Científica en Biodiversidad reconociendo e incorporando el conocimiento indígena ancestral para generar conocimiento que contribuya al Desarrollo Sostenible global.
8. Facilitar el acceso a mecanismos de financiación directa para garantizar nuestra autonomía y nuestros derechos como pueblos indígenas, incluyendo nuestras iniciativas de conservación y restauración.
9. Diseñar e implementar programas en salud física y mental, con enfoque en la toxicología del mercurio, que respondan a la afectación diferencial que sufrimos como pueblos indígenas, especialmente niñas, niños y mujeres; a partir de los avances en el reconocimiento de los sistemas de salud y educación propios de algunos países y capacitando a los servidores públicos y otros actores pertinentes.
10. Establecer una red amazónica multicéntrica de monitoreo en salud por exposición al mercurio, involucrando rutas de monitoreo comunitario y colaboración interinstitucional, articulada con los sistemas de salud nacional y sistemas de salud propios, que garanticen nuestro acceso a la información actualizada para la toma de decisiones.
11. Fortalecer los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas y de comunidades locales, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria que está en riesgo por la contaminación de los peces, principal fuente de nuestra alimentación.
12. Garantizar la coordinación intercultural para la creación de programas educativos que respondan a nuestras necesidades y contextos territoriales, con énfasis en medicina tradicional, comunicaciones e investigación científica intercultural.
13. Desarrollar sistemas de información ambiental propios con nuestro liderazgo como pueblos indígenas, a partir de investigaciones interdisciplinarias e interculturales, involucrando a las y los jóvenes indígenas, para realizar monitoreos de presiones, amenazas y biodiversidad.
14. Los países amazónicos deben gestionar redes de conocimiento e institutos de investigación científica para caracterizar la biodiversidad y biculturalidad de la Amazonía.
15. Fomentar economías sostenibles desde el territorio, de acuerdo con los contextos y productos locales, con énfasis en turismo vivencial y comunitario, ecológico, cultural, entre otros. Garantizando el bienestar de las comunidades.
16. Impulsar cadenas de valor en territorios indígenas amazónicos articuladas con actores públicos y privados que fomenten la participación y distribución equitativa de los beneficios económicos.
17. Apoyar y consolidar sistemas de monitoreo territorial indígena y comunitario, mediante el reconocimiento, la remuneración y el fortalecimiento de las guardias y los monitores indígenas y comunitarios, desde nuestro conocimiento propio.
18. Reconocer el rol de los abuelos, abuelas y sabedores tradicionales como guardianes del conocimiento y disponer de esquemas de beneficios a su favor.
19. Interpretar y aplicar las normas existentes de orden nacional e internacional a favor de los pueblos indígenas y las comunidades locales considerando sus principios culturales y sociales.
20. Proteger a los Pueblos Indígenas en Aislamiento o Contacto Inicial (PIACI) y pueblos indígenas transfronterizos, ante las amenazas de la minería de oro.
21. Exigimos que nuestros países gestionen la declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para considerar a los Bosques y pueblos originarios Amazónicos como Patrimonio de la Humanidad.
22. Fortalecer la cooperación transfronteriza que incluya los tres poderes estatales para ejercer un mayor control y fiscalización del comercio de oro y mercurio y los delitos asociados, considerando que las territorialidades de los pueblos originarios anteceden a las fronteras.
23. Aplicar de manera progresiva y efectiva los tratados y declaraciones que garantizan nuestros derechos como pueblos indígenas y comunidades locales, y que han sido suscritos por los Estados de la región Amazónica. De igual manera, las decisiones judiciales que reconocen a la Amazonía y otros elementos naturales como sujeto de derechos, en el caso de Colombia.
24. Desincentivar y disminuir la adquisición y el comercio de oro, visibilizando los impactos que su explotación tiene en nuestras vidas, en otras comunidades amazónicas y en la salud del bioma.
25. Los Estados deben disponer el presupuesto necesario para cumplir a cabalidad estas exigencias y garantizar la participación indígena en cada una de ellas.

[Revisa el pronunciamiento completo aquí]