El Grupo Regional de Megaproyectos de Ucayali y Escuela de Líderes “SENEN SOI” publicó el testimonio de un indígena perteneciente a la comunidad shipibo “Juventud San Rafael” del río Abujao (Ucayali), quien advirtió los trabajos de unos ingenieros en su territorio sin el correspondiente permiso de la comunidad. Estos trabajos están vinculados al proyecto de construcción de la Carretera que uniría las ciudades de Pucallpa (Ucayali – Perú) con Cruzeiro Do Sul (Acre – Brasil).

Respecto a la obra, diversas organizaciones advirtieron en su momento que el proyecto -aún en fase de preinversión- afectaría la Zona Reservada Sierra del Divisor, y la Reserva Territorial Isconahua, en el caso del Perú. En cuanto a Brasil, afectaría el Parque Nacional Serra do Divisor y las tierras indígenas circundantes al Parque. Esto causaría la irreversible pérdida de una valiosa biodiversidad, derechos de comunidades indígenas y el patrimonio cultural y el manejo tradicional de los recursos naturales de los pueblos indígenas.

Según el abogado del Instituto del Bien Común (IBC), Ramón Rivero, “el proceso de elaboración de los estudios de impacto ambiental y de Perfil del proyecto se ha configurado sin brindar la información y respeto intercultural necesarios en beneficio de la población indígena involucrada al trazo que se pretende desarrollar”.

“El propio Ministerio de Transportes y comunicaciones (MTC) cuenta con normas sobre participación ciudadana que exigen informar e involucrar a la población local con anterioridad a la elaboración de tales estudios y no sólo cuando estos se encuentren en elaboración; todo ello sin perjudicar el correspondiente proceso de consulta indígena, que deberá desarrollarse con anterioridad a la decisión de llevar a cabo este megaproyecto”, señaló Rivero.

INDÍGENAS Y SU LIBRE DETERMINACIÓN

El abogado explicó además que para ingresar a estos territorios, debe existir “un mínimo de consideración al derecho de propiedad comunal que ostentan nuestros pueblos originarios y no se puede disponer de él como si se tratara de tierras de libre acceso, más aún si nuestro Tribunal Constitucional acaba de emitir una sentencia que prescribe al ejercicio del derecho a la propiedad territorial indígena como una manifestación de la autonomía que ostentan los pueblos indígenas, vale decir: su derecho a la libre determinación”.

Rivero indicó que a pesar de que la empresa concesionaria contratada (Consorcio Vial Pucallpa, por encargo de PROVIAS Nacional (MTC) ) para los correspondientes estudios ha propuesto un nuevo trazo para reducir las afectaciones, son inevitables los impactos indirectos alrededor de la carretera.

Estos impactos serían: migración no planificada, deforestación, huída de fauna silvestre, exacerbación de actividades con carácter ilegal (minería, tala, caza, asentamientos poblacionales, etc.) y a partir de ellas: contaminación de cuerpos de agua (emisiones líquidas no controladas), SUELOS (residuos sólidos), entre otros.

“El MTC debe valorar no sólo los supuestos beneficios económicos de la obra, sino rescatar también evidentes efectos socioambientales que la misma generará a lo largo de su recorrido”, consideró el abogado.

“Si consideramos que gran parte de las comunidades de la zona no cuenta con títulos de propiedad o con sus terrenos saneados, pese a sus pedidos al estado para asegurar sus territorios, la inseguridad jurídica se incrementa”, puntualizó.