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  MALCOLM ALLISON dijo:

  “GRANDES REPRESAS TENDRÍAN ENORMES REPERCUSIONES ECONÓMICAS EN TÉRMINOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO” ADVIRTIÓ EL EXPERTO EN LA AMAZONÍA MARC DOUROJEANNI EN JUNIO DE 2009

  ¿ESCUCHAREMOS LA INFORMADA OPINIÓN DEL FUNDADOR DE PRONATURALEZA, ASESOR DEL BID Y JEFE DE LA DIVISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL BID?

  DOUROJEANNI REMARCÓ; “OBVIAMENTE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES SERÁN EXTREMOS”

  LAS GRANDES REPRESAS SON UNA NUEVA Y GRAVE AMENAZA EN EL PROCESO DE OCUPACIÓN DE LA SELVA

  ¿Cuales serán los beneficios para el Perú de un programa hidroeléctrico que, por lo informado, será estudiado, financiado, construido y operado por el país vecino, que también comprará la mayor parte de la producción? ¿Acaso no se tiene en cuenta el riesgo de que es de esperar que la hidroeléctrica sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, a pesar de que nuestro país deberá continuar pagando la gigantesca deuda contratada? dijo categóricamente Dourojeanni

  Servindi » Perú: Hidroeléctricas “tendrán enormes repercusiones …26 Jun 2009 … La construcción de grandes represas en los ríos amazónicos “tendría … extremos” advirtió el experto Marc Dourojeanni …
  http://www.servindi.org/actualidad/13612 –

  Marc Dourojeanni escribe:
  En el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, caracterizado durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y forestales habituales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata de la explotación del potencial hidroeléctrico.

  Lo que sí es evidente es que la construcción de grandes represas en los ríos amazónicos tendría enormes repercusiones económicas en términos de endeudamiento externo y, obviamente, impactos ambientales y sociales extremos. Hay cuantiosa información sobre esos impactos, especialmente en condiciones de la Amazonia brasileña y, la verdad, obligan a reflexionar mucho antes de lanzarse a construirlas. Sus impactos directos incluyen desplazamientos humanos importantes, cambios económicos y sociales no siempre positivos, inundación de tierra fértil escasa, deforestación, eliminación de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico y de ecosistemas terrestres aledaños, navegabilidad, problemas especiales de contaminación de metano, etc. Los indirectos son peores y se extienden sobre enormes superficies que incluyen invasión de áreas protegidas y de territorios indígenas, más deforestación pues la obra atrae más gente y la energía facilita nuevas especulaciones.

  Todos estos problemas serán aún más graves en las condiciones sui generis de la selva alta, pues los valles son estrechos y los elementos de su biota son raros y muchas veces endémicos.
  Los taludes abruptos de la región no son estables y pueden afectar el embalse. Lo peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja- Sonene y que, para reconstruir la carretera, ésta quedará muy cerca del Parque mismo, amenazando gravemente su futuro. Ya se sabe, por estudios en la misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos raros, serán drásticamente afectados.

  El impacto de las otras represas puede ser mayor o menor que la de Inambari, pero no dejará de tenerlos y peor aún será su efecto acumulado.

  El problema, pues, es muy importante y antes de lanzarse a hacer las obras, como parece ser el caso, debe ser discutido al nivel nacional y no sólo escuetamente expuesto al nivel local, en pequeñas reuniones con campesinos desinformados, donde se enfatizan los supuestos beneficios y se escamotean los problemas.
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  EL PROFESOR QUIROZ dijo:

  “LA MADRE DE LOS PROBLEMAS DE LA AMAZONÍA ES QUE NO HAY PRESENCIA DEL ESTADO” …”NADA SUSTITUYE EL CONTROL PÚBLICO EN EL MANEJO FORESTAL”

  Palabras de Marc Dourojeanni en 2002, que al parecer mantienen plena vigencia ante la invisibilidad y el concesionismo de la Amazonía. Palabras que suenan muy distinto a las de los especialistas ligados a los poderes de turno. Palabras independientes de Dourojeanni, el maestro. Lenguaje muy distinto al de los lobbistas ligados a los
  “negocios verdes”.

  Balance y puntos de vista de Marc Dourojeanni acerca de los roles que los sectores público y privado deben cumplir en el manejo de nuestros bosques:

  ¿Cuáles son los tres aspectos que considera más importantes para ser analizados en la gestión de la Amazonía en los últimos 20 años?

  “Llorar sobre leche derramada no ayuda mucho. Pero, para responder a la pregunta, debo decir que la “madre” de los problemas de la Amazonía es que, en verdad, durante los últimos 20 años no ha habido ninguna gestión, ni buena ni mala. Ha habido ausencia del Estado en su función de rector y conductor del desarrollo y, por eso, los acontecimientos ocurridos son fruto de iniciativas aisladas, bien sea de sectores públicos o privados, y como respuesta a intereses de grupo, en lugar de ser fruto de un plan bien elaborado y legitimizado con participación de la sociedad civil”.

  “El resultado es la expansión de la pobreza, la destrucción masiva de recursos naturales y el imperio de la corrupción montada sobre el dinero del narcotráfico. El avance caótico de la agricultura y la ganadería no consiguieron, hasta el presente, una productividad siquiera medianamente aceptable”.

  “En consecuencia, sólo sobreviven sobre la base de destruir más bosques cada año, en lugar de aprovechar bien lo que ya está deforestado”.

  “Esa es la causa principal de la pérdida de recursos de biodiversidad y de la reducción de los muchos servicios ambientales que la Amazonia puede brindar”.

  “Pero, como siempre, en medio de los desastres hay algunas noticias buenas. Entre las iniciativas sectoriales públicas positivas, que son pocas, merece destaque la creación de varias áreas protegidas nuevas. De otra parte, en este periodo el ecoturismo ha progresado un poco, gracias a valiosas iniciativas privadas, pero aún está muy lejos de lo que es su potencial. Evidentemente, también se ha avanzado en la tarea de crear una conciencia cívica sobre la importancia de ser más atentos con el medio ambiente natural, pero eso se logra en la medida que se superen las acciones depredadoras fomentadas por grupos de poder económico de corto plazo, como en el caso de la mayoría de los madereros, buscadores de oro y, en especial, de los negocios que giran alrededor del tráfico de drogas”.

  “Hay mucho en esa nueva ley forestal que falta, que no me parece conveniente o, que me parece utópico y, en otros casos, peligroso, en función de la experiencia en la Amazonia del Perú y de otros países”.

  “Lamento, por ejemplo, que la nueva ley no abra la posibilidad de que los bosques sean administrados y manejados directamente por un servicio forestal nacional, regional o departamental, que cada año licitaría el volumen de madera permitido en uno o varios tramos de corta anual (en una unidad de manejo, o bosque, o en varios), suficientes para abastecer la industria local. Esa modalidad de gestión forestal no implica que el servicio forestal haga directamente los inventarios, ni que construya infrastructura o realice prácticas silviculturales. Todo eso puede ser contratado con empresas especializadas, sin ceder la autoridad sobre el manejo”.

  “En el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, caracterizado durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y forestales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata de la explotación del potencial hidroeléctrico que puede ser una certera puñalada a la Amazonía donde se pretende construir cerca de 100 grandes represas que responden a intereses económicos de grupos de poder”.

  SE ESPERA CON GRAN EXPECTATIVA LAS SENTENCIAS DE DOUROJEANNI … A ESTAS ALTURAS DE SU VIDA … CASI UN LEGADO.
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  simon rodriguez dijo:

  “GARCÍA PERDIDO EN EL BOSQUE”

  Por: Marc Dourejeanni, 30 de octubre de 2007

  Escuchemos a Marc Dourojeanni, uno de los especialistas en temas amazónicos más destacados de todo el planeta. La suya es una posición clara, los bosques peruanos no han recibido, por parte de los gobiernos de turno, la atención debida. Revertir dicha tendencia es el deber de la hora actual. El artículo sobre García en El Comercio levantó polvaredas…

  “Sólo vendemos US$ 200 millones en madera porque se cree que la Selva es intocable”…. Según el diario Expreso, esa es una frase del Presidente Alan García, del Perú. De acuerdo a ese periódico, el presidente García calificó como “una locura que el Perú solo venda 200 millones de dólares en madera solo porque a alguien se le ocurrió que la Selva es intocable y mientras tanto Chile, que no tiene una hectárea de Amazonía, vende 2 mil millones de dólares”. Continuando con sus estadísticas, el Presidente habría afirmado que “el Uruguay, de los que caben varios en la Amazonía peruana, vende mil millones de dólares, ¿por qué?”. Añadió “El Perú tiene que desarrollar sus recursos, poner en valor sus recursos; parecemos locos, tenemos 63 millones de hectáreas en la selva, y sólo vendemos 200 millones de dólares en madera”. El mandatario tendría asegurado que la explotación de este recurso no se efectúa debido a que a alguien se le ocurrió que esa es tierra intocable y sagrada: “Pero mientras dicen esa tontería, el ilegal, el informal va talando y sacando toda la caoba y destruye la selva, ¿en qué quedamos?”.

  Cabe indicar que un día antes de que el Presidente ofreciera estas notables declaraciones, el “experto” Fernando Razetto, en verdad un extractor de madera cuestionado por ser demasiado informal, dijo al diario Expreso que si el Perú aprovechara sus bosques exportaría madera por un monto de 3 mil millones de dólares anuales pero, según él, la influencia de las ONGs ambientalistas ha hecho casi imposible la producción de madera en el Perú.

  Si esa declaración es fiel reproducción de lo que dijo, Alan García tiene grandes posibilidades de destronar al fallecido Presidente Fernando Belaúnde Terry como mayor enemigo nacional de la Amazonía y del medio ambiente. Es más, a pesar de la manifiesta antipatía de Belaúnde por los ambientalistas y por las organizaciones no gubernamentales, él nunca pronunció frases tan infortunadas como las que se atribuyen a García, las que además son pronunciadas en plena crisis ambiental planetaria, reconocidas inclusive por Bjorn Lomborg, el ambientalista escéptico que publicó dos best sellers atacando a los ambientalistas más tradicionales.

  Obviamente, el Presidente García no debe saber nada del tema y, lo que es peor, no se habría informado adecuadamente antes de usar su investidura para pronunciarse ante la Nación. Para comenzar, los miles de millones de dólares que Chile, Argentina, Brasil y Uruguay ganan exportando madera o productos forestales no provienen de sus bosques naturales de los que, por lo menos Argentina, Brasil y Chile, tienen mucho. Esas exportaciones son totalmente basadas en áreas reforestadas, principalmente con pinos en Chile y eucaliptos en los otros países. En el año 2000 Argentina tenía 1 millón de hectáreas plantadas, Brasil tenía 5 millones, Chile más de 2 millones y Uruguay más de 600,000 hectáreas. En ese momento el Perú declaró tener 640,000 hectáreas pero todos saben que en verdad no hay ni siquiera 100,000 hectáreas dignas de ser llamadas plantaciones. Las estadísticas de plantaciones forestales en el Perú son hechas a través del artificio de dividir el número de plantones que salen de los viveros entre el número de plantones teóricamente necesarios por hectárea. Nadie sabe si los plantones fueron plantados, si las plantas sobrevivieron o si los tales rodales realmente existen. Esa farsa, acumulada por años, da distorsiones gigantescas como la mencionada. Cuando el suscrito, en los años 1970, fue el jefe de la por entonces llamada Dirección General Forestal y de Fauna, una de sus primeras medidas fue precisamente limpiar las estadísticas mentirosas de reforestación que se redujeron al 30% de lo que aparentaban. Por lo visto, la falacia renació de las cenizas.

  Pero, lo importante es saber que el Brasil, que tiene 546 millones de hectáreas de bosque natural, proporcionalmente no exporta más madera de ese origen que el Perú. Chile posee 15 millones de hectáreas de bosques naturales y lo que exporta de ellos es insignificante y así ocurre también con Argentina. Por lo tanto, el argumento presidencial para comparar la producción de madera de la selva del Perú con la producción forestal exportadora de Brasil, Chile o Uruguay está completamente errado. El hecho es que ningún país suramericano o amazónico exporta gran cosa a partir de sus selvas naturales. El Perú no es una excepción.

  La pregunta correcta hubiera sido porqué el Perú tiene tan escasa área reforestada. Y la respuesta nada tiene que ver con las ONGs que, muy por lo contrario, llevan décadas empeñadas en fomentar la reforestación en las tierras sin uso de todo el país. El problema han sido los gobiernos peruanos de los que ninguno tuvo la sensatez de hacer lo que si hicieron los vecinos, o sea fomentar la reforestación mediante toda clase de incentivos fiscales y crediticios desde más de 40 años atrás. Hoy, las inversiones forestales en esos países caminan solas y no requieren más de apoyo del sector público. Cada vez que las autoridades forestales nacionales propusieron eso a los políticos y al gobierno de turno fueron recibidos con sorna, y eso no excluye al primer gobierno de Alan García y también al actual. A pesar de todas las evidencias de las ventajas económicas y sociales de hacerlo, ningún gobierno se dio el trabajo de pensar en el asunto. Que fácil es ahora, para los mismos gobernantes, echar la culpa en las ONGs.

  La verdad es que no es cuestión de explotar más la Amazonía peruana, pues más explotada de lo que está es casi imposible. La deforestación y la degradación de los bosques han alcanzado proporciones irreversibles. De lo que se trata, y en eso se está de acuerdo con los exabruptos presidenciales, es usarla o manejarla mejor, de forma sostenible. Aún es posible hacerlo si se pone coto a los desmanes de los extractores ilegales que atacan a las ONGs apenas para poder acabar más libremente, si cabe, con el recurso que ya está agonizando precisamente por culpa de ellos. Si el Presidente habla de las áreas protegidas, valga recordar que todas ellas sumadas, no representan ni el 10% de lo que los madereros explotan a cada año. Además, llama la atención que el Presidente de la República se queje de los ilegales cuando, constitucionalmente, el responsable de controlarlos es él mismo. Y, claro que los ilegales pululan pues el INRENA, la institución pública para aplicar la legislación forestal, no tiene ninguna capacidad material para hacerla cumplir.

  En conclusión, dos acciones simultáneas son importantes y urgentes. La primera es comenzar a reforestar de a verdad, a través del sector privado y dando a los inversionistas y a los dueños de la tierra las facilidades que los tiempos actuales permitan. Basta ya de mini-plantaciones empujadas por el sector público para comprar apoyo político de las comunidades rurales. La segunda acción es imponer orden en la explotación de los bosques amazónicos y, en especial, evitar los desmanes de los ilegales amparados por las perversas “concesiones de reforestación” otorgadas en la Selva, donde se saca madera sin jamás plantar nada y controlando las otras concesiones forestales que, en general, se basan en planos de manejo fraguados que, además, nunca se aplican.

  Valga rescatar el interés presidencial por el tema forestal y esperar que, esta vez, el problema se enfrente seriamente, sobre la base de la realidad.

  simon69rodriguez@yahoo.es
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  simon rodriguez dijo:

  EXPERTO ADVIERTE GRAVES IMPACTOS DE CARRETERA INTEROCEÁNICA EN AMAZONIA SUR.Marc Dourojeanni
  17 Agosto 2006
  http://www.redescristianas.net/2006/08/17/experto-advierte-graves-impactos-de-carretera-interoceanica-en-amazonia-surmarc-dourojeanni/

  En una década la carretera interoceánica que unirá Brasil y Perú tendrá graves impactos sociales y ambientales que no solo dañarán al bosque amazónico sino también a los pueblos indígenas, en especial los que se hallan en aislamiento, denunció ayer el especialista Marc Dourojeanni.El experto en temas ecológicos advirtió ayer que la carretera, que forma parte del proyecto IIRSA, tendrá fuertes impactos sociales “en relación a los indígenas en aislamiento voluntario, incremento de la migración andina hacía la región amazónica, invasión de tierras indígenas en general, conflictos por la tierra y por su regularización y dilución y pérdida de valores culturales tradicionales, entre otros” afirmó.
  Entre los impactos ambientales más probables están el “incremento rápido de la deforestación, degradación de bosques naturales, invasión de áreas protegidas, mayor incidencia de incendios forestales, expansión del cultivo de la coca, explotación anárquica de oro, degradación de ambiente urbano, pérdida de biodiversidad, incremento de caza y pesca y, reducción de la amplitud y calidad de los servicios ambientales, en especial problemas mayores en torno al recurso hídrico, incluido inundaciones, aluviones y calidad del agua para uso humano”.

  Tales anuncios se hicieron en el marco de la presentación del Estudio de caso sobre la Carretera Interoceánica en la Amazonia Sur del Perú, realizado el jueves 6 de julio en la Universidad del Pacífico. Este evento fue organizado por la Asociación Civil Labor, el Bank Information Center (BIC), Conservación Internacional, Derecho Ambiente y Recusos Naturales (DAR) y Racimos de Ungurahui y fue promovido por La Articulación Frente al IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sudamérica).

  A continuación presentamos un resumen elaborado por Marc J. Dourojeanni y que fue difundido a los participantes en el acto de presentación.

  Estudio de caso sobre la Carretera Interoceánica en la Amazonia Sur del Perú

  Por Marc J. Dourojeanni

  Resumen

  La IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sudamérica), lanzada en el año 2000 por los gobiernos de los 12 países de la región con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), incluye la promoción de 10 ejes de integración que reúnen 335 proyectos por un valor de 37.5 billones de dólares. Estos proyectos son principalmente de transporte pero incluyen también obras de generación y transporte de energía y de comunicaciones.

  Una de las obras de esta iniciativa que está siendo ejecutada es la Carretera Interoceánica entre Brasil y Perú y que se justifica, de una parte, por brindar acceso a los productos brasileños a los puertos peruanos del Pacífico y, por otra, para promover el desarrollo de la deprimida y populosa región sur del Perú.

  La obra, en territorio peruano, consiste en asfaltar o mejorar 2,586 km de carreteras, entre la pequeña ciudad de Iñapari (Madre de Dios), en la frontera con el Brasil y puertos de la Costa Sur. Será realizada a un costo de US$892 millones. La parte amazónica de la obra, materia de este estudio, atraviesa las regiones amazónicas de Madre de Dios, Cuzco y Puno, entre 200 m.s.n.m. y más de 4,000 m.s.n.m. Esta parte será ejecutada y luego administrada por dos empresas concesionarias por la modalidad conocida como BOT (build, operate and transfer). La obra fue estudiada, licitada, concedida, parcialmente financiada e iniciada entre 2003 y marzo de 2006. El financiamiento parcial, un préstamo de enlace, fue otorgado por la CAF con garantía de la República del Perú. La obra en el Perú se interconecta con el sistema vial brasileño permitiendo transitar por carretera asfaltada entre los puertos oceánicos del Atlántico y los del Pacífico.

  La región amazónica por la que pasará la carretera es la región más natural que queda en la Amazonia peruana y ostenta una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta, incluido una elevada proporción des endemismos, debido a su buen estado de conservación general y a la diversidad de ecosistemas ocasionados por la gradiente altitudinal. También es refugio de un número considerable de grupos indígenas que viven en aislamiento voluntario. Por eso el mejoramiento de esta carretera reviste una importancia única en términos de riesgos para los esfuerzos mundiales de conservación de la biodiversidad y de respeto por los derechos de las últimas poblaciones humanas que viven sin o con muy poco contacto con la sociedad moderna. Igualmente preocupa el agravamiento de problemas ambientales y sociales característicos de la construcción y operación de carreteras en condiciones de bosque tropical húmedo de regiones planas y de altitud.

  De una parte, el presente estudio confirma que en la región existe un pasivo ambiental y social significativo, que deviene de los impactos producidos gradual y cumulativamente a partir de la construcción en las décadas de 1940 y 1950 de caminos de penetración a la Amazonía desde Cuzco y Puno y, en especial, a partir de la primera trocha carrozable entre Puerto Maldonado y la frontera brasileña, que data de los años 1980s. De otra parte, el estudio ratifica opiniones de diversos autores que alertaron sobre el riesgo de que los impactos ambientales y sociales se agraven mucho, en amplitud y velocidad, después del asfaltado y mejoría de la carretera.

  Los impactos ambientales más probables, vistos en un horizonte de más de 10 años, incluyen incremento rápido de la deforestación, degradación de bosques naturales, invasión de áreas protegidas, mayor incidencia de incendios forestales, expansión del cultivo de la coca, explotación anárquica de oro, degradación de ambiente urbano, pérdida de biodiversidad, incremento de caza y pesca y, reducción de la amplitud y calidad de los servicios ambientales, en especial problemas mayores en torno al recurso hídrico, incluido inundaciones, aluviones y calidad del agua para uso humano.

  Los peores impactos sociales se manifestarán con relación a los indígenas en aislamiento voluntario, incremento de la migración andina hacía la región amazónica, invasión de tierras indígenas en general, conflictos por la tierra y por su regularización, incremento de la pobreza urbana y falta de servicios públicos en barrios marginales, aumento de las actividades ilegales y disminución de la seguridad pública y, claro, dilución y pérdida de valores culturales tradicionales, entre otros.

  La opinión pública local, regional y nacional, tradicionalmente a favor de la construcción y mejoramiento de las carreteras y fuertemente influenciada por la pesada propaganda gubernamental, considera casi unánimemente que la obra traerá grandes beneficios económicos y no se importa con los impactos ambientales y sociales que, de otra parte, han sido constantemente minimizados por los actores oficiales.

  El gobierno siempre ha informado a la opinión pública que los impactos negativos serán mínimos porque la carretera no es nueva y que se están tomando todas las precauciones ambientales y sociales necesarias. Apenas un segmento pequeño de la sociedad civil, principalmente organizaciones no gubernamentales e intelectuales, ha levantado objeciones, esencialmente apuntando a la ausencia de un programa que limite los perjuicios más probables y que permita aprovechar las oportunidades económicas que la mejoría de la carretera brindará. Las principales restricciones por parte de las organizaciones sociales de base han provenido de entidades indígenas o campesinas.

  Pero, cuando se consulta directamente a la población que será afectada, a pesar del entusiasmo general, surgen innumeras dudas sobre lo que les espera. Estas dudas son de nivel personal, familiar, municipal y regional. Temas como la economía familiar, los conflictos por la propiedad en la faja de dominio, seguridad de la familia y de los animales, el costo del peaje, invasión de tierras, empleo en la construcción, costo de la titulación, riesgos de accidentes, elevación del precio de la tierra, modificaciones en el tránsito urbano, entre muchos otros, se suman diversos de los problemas que ya fueron comentados antes como impactos ambientales y sociales. Evidentemente, gran parte de los actores locales están muy satisfechos, en especial los extractores e industriales forestales, los que pretenden dedicarse a la agricultura y pecuaria en forma más intensiva, los mineros y los miembros de los sectores hotelero y de restaurante, así como una parte de los que se dedican al turismo.

  De otra parte, todos reclamaron de la precariedad de la información sobre la obra y de la falta de consultas públicas efectivas.
  El análisis de la actuación del gobierno peruano y de la CAF en relación a la obra, revela que ambos prestaron poca atención a principios y normas que, formalmente, rigen la aprobación de este tipo de proyectos. La omisión principal es que la obra fue aprobada, financiada e iniciada sin disponer de una evaluación de impacto ambiental y social. Existe, en cambio, un amplio capítulo ambiental dentro del estudio de factibilidad y también, estudios de impacto ambiental parciales, referidos a los trechos por los que la obra fue comenzada.

  Pero se trata de estudios basados en información de segunda mano o referidos esencialmente a los impactos directos de la obra, sin un buen análisis y sin el indispensable complemento de información pública y consulta. La pretensión de que los estudios de impacto ambiental parciales o por trechos sumen, al final, el equivalente a una evaluación ambiental completa no es técnicamente aceptable y, de cualquier modo, sería aprobada muy tarde para poder aplicar la gama de medidas que el ejercicio presupone. Gran parte del problema descrito se debe a la debilidad de la legislación peruana sobre licenciamiento ambiental, que deja la decisión en el sector que promueve la obra evaluada y, en general, a la menguada institucionalidad pública ambiental. Existen otras objeciones al procedimiento seguido por el gobierno y por la CAF para la aprobación de la Interoceánica. La CAF, en especial, no cumplió varios otros de sus lineamentos de política ambiental y social.

  La CAF tuvo conciencia del problema creado por la rapidez inusual que el gobierno imprimió al proyecto, provocando su aprobación sin evaluación de impacto ambiental y social y, por eso, realizó acciones paliativas como el mejoramiento de la capacidad de evaluación ambiental en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el financiamiento de consultas con la sociedad civil y, en especial, presionando al gobierno a aceptar un programa para la gestión ambiental y social de la región afectada por la obra (programa Inrena/CAF). Este programa (US$10 millones como préstamo de la CAF y US$7 millones de contrapartida local) está bien orientado y aborda muchos de los problemas que la carretera agravará. Pero el monto destinado al mismo y su plazo de ejecución son claramente insuficientes para resolver el problema. Además, este programa aún no ha sido aprobado por el Perú ni por la CAF.

  El gobierno argumenta que la situación de la ocupación de la tierra en Madre de Dios está consolidada por la existencia de áreas protegidas amplias, tierras indígenas tituladas y gracias al sistema de concesiones forestales (de varios tipos) ya otorgado. También se encuentra preparando una zonificación ecológica económica, un plan de desarrollo en el ámbito de la Interoceánica y otro, en las zonas fronterizas. La realidad demuestra que la supuesta estabilización en la ocupación de tierras es muy frágil, primeramente porque no existe capacidad de evitar invasiones y, en especial, porque las concesiones, del mismo modo que el programa de titulación de tierras y catastro rural, en lugar de evitar conflictos, los han multiplicado debido a la baja calidad del trabajo. De otra parte, la probabilidad de que los planes en ejecución sean implementados es sumamente remota debido a su costo elevado y a la incapacidad del gobierno en la región, en sus tres niveles.

  En conclusión, la principal objeción a la obra no se refiere directamente a ella sino a la falta de mecanismos públicos que permitan, de una parte, evitar los peores impactos ambientales y sociales previstos y, de otra, impulsar el desarrollo sostenible aprovechando las nuevas oportunidades que ella brinda. Por eso, la primera y más importante recomendación es la elaboración, financiamiento y ejecución de un programa de desarrollo regional que cubra en profundidad los temas que serán superficialmente abordados por el Programa Inrena/CAF y que incluya lo que este no contiene. Se estima que el costo de este programa es del orden de US$100 a 150 millones. Pero, para que un proyecto como ese tenga éxito en las condiciones de la región afectada, es indispensable que el gobierno peruano defina una autoridad clara sobre el mismo y sobre los sectores que deberían ejecutarlo.

  La principal dificultad actual de la sociedad civil en relación a la Interoceánica es la falta de interlocutor valido en el gobierno. También es condición de éxito que se establezcan los mecanismos de información y de participación efectiva que prevé la legislación peruana y los que sean necesarios específicamente para ejecutar el programa.

  El estudio presenta muchas otras recomendaciones, algunas de tipo coyuntural o urgente, como son el establecimiento de un mecanismo de monitoreo, seguimiento y evaluación independiente para la carretera, mecanismos de solución de conflictos por trechos y, asegurar que los estudios de impacto ambiental que faltan sean de mejor calidad que los ya realizados y, otras, de fondo, como las mencionadas antes, a las que deben añadirse la necesidad de hacer cambios estructurales en la legislación y en la institucionalidad peruana sobre medio ambiente y en particular sobre licenciamiento ambiental. Los bancos multilaterales de desarrollo han demostrado poca eficiencia en sus discusiones con el gobierno peruano en relación al tema ambiental siendo indispensable que adopten medidas concretas al respecto y, en el caso específico de la CAF, debe preparase a ejercer una supervisón muy severa sobre esta obra.

  La sociedad civil organizada peruana y regional, respectivamente a través del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil Peruana (GTSCP) y de la agrupación Madre de Dios, Acre, Pando (MAP) han realizado un excelente y efectivo trabajo con relación al proyecto de la Interoceánica pero deben prepararse para continuar el esfuerzo con la misma o con mayor intensidad.
  Más información sobre el tema:
  • Sudámerica: IIRSA: La integración a la medida de los mercados, por Raúl Zibechi
  • Perú: Organizaciones suscriben declaración frente a proyecto IIRSA
  Sitio web con información especializada sobre la iniciativa IIRSA incluyendo una base de datos sobre todos sus proyectos:
  • Proyecto Construyendo Incidencia Civil para la Conservación de la Amazonia Andina (BICECA, por sus siglas en inglés)

  simon69rodriguez@yahoo.es
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  MALCOLM ALLISON dijo:

  LA BOLA DE CRISTAL DE MARC DOUROJEANNI

  SIN NECESIDAD DE UNA BOLA DE CRISTAL, EN BASE A SU CONOCIMIENTO DEL PERÚ, MARC DOUROJEANNI ANTICIPÓ LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LOS GRANDES MEGAPROYECTOS “A LA PREPO”: DEFORESTACIÓN, DEGRADACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS RÍOS, INVASIÓN DE SANTUARIOS, EXPANSIÓN DE LA COCA, LA ILEGALIDAD Y LA MINERÍA ANÁRQUICA, PERDIDA DE BIODIVERSIDAD, DETERIORO DE LAS AGUAS Y DE LOS SERVICIOS HÍDRICOS …

  En su trabajo “Estudio del Caso sobre la Carretera Interoceánica en la Amazonía del Sur del Perú”, de junio del 2006, el destacado ecólogo y experto internacional en temas amazónicos Marc J. Dourojeanni Ricordi adelanta previsoramente los impactos que deben ocasionar en el sur del país y en particular en Madre de Dios el megaproyecto de la Interoceánica, al costo de 892 millones de dólares: una puerta de entrada del Perú al Brasil y una puerta de salida de Brasil a la cuenca del Pacífico.

  “LA VÍA INTEROCEÁNICA, POR RAZONES POLÍTICAS, FUE APROBADA, FINANCIADA E INICIADA POR ALEJANDRO TOLEDO sin la previa aprobación del Sistema Nacional de la Inversión Pública (SNIP), FESTINANDO TRÁMITES Y OMITIENDO LO FUNDAMENTAL: UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL para la ejecución de obras de esta magnitud, tal como señala el mismo Dourojeanni. El costo de esta irresponsable GESTIÓN MANIPULADA POR INTERESES POLÍTICOS SUBALTERNOS es que ahora la vía tiene un sobrecosto de más de 400 millones de dólares”.

  En conclusión-escribe Dourojeanni en su estudio- LA PRINCIPAL OBJECIÓN A LA OBRA, NO ES LA OBRA EN SÍ MISMA, SINO LA FALTA DE MECANISMOS PÚBLICOS QUE PERMITAN EVITAR LOS PEORES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES PREVISIBLES, e impulsar el desarrollo sostenible aprovechando las nuevas oportunidades que ella brinda. Por eso, la primera y más importante recomendación es la elaboración, financiamiento y ejecución de un programa de desarrollo regional que cubra a profundidad los temas que serán superficialmente abordados por el programa INRENA/CAF y que incluya lo que éste no contiene.
  Se estima que el costo de este programa es del orden de 100 a 150 millones de dólares..

  Como es fácil suponer en un país como el Perú, el tercer país más vulnerable del mundo al cambio climático global por la pobreza, la imprevisión, la falta de capacidad para responder a los fenómenos y desastres y por la variabilidad climática y geográfica, el estudio del proyecto de desarrollo sostenible nunca se elaboró y, por lo tanto, los fondos nunca fueron asignados.

  TAMPOCO SE FORMULÓ PLAN DE CONTINGENCIA Y MITIGACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL CON GARCÍA PEREZ …

  CON GARCÍA PEREZ SE FRAGUÓ UN REMEDO CUANDO LA OBRA YA ESTABA AVANZADA EN 20% … Y DEBIDO A LA CONDICIONALIDAD DE EMERGENCIA IMPUESTA POR LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO PARA CONTINUAR CON EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO INTEROCEÁNICO.
  LO MISMO QUE SE PRETENDE REPETIR CON INAMBARI.. SI SE HACE UNA REPRESA… QUE SE HAGA TRAS TOMAR TODAS LAS SALVAGUARDAS DEL CASO … PERO AMARRAR INAMBARI A LA CONSTRUCCIÓN SÍ O SÍ DE 15 MEGAREPRESAS SOLO PUEDE JUSTIFICARSE DENTRO DEL BOLSILLO DE ALGUNOS …

  Inambari será como fue San Gaban II para Ollachea y para Sandia. Como no hubo ni hay demanda que justifique dar energía de San Gaban a pequeños poblados, “por razones económicas” no les dieron la tan esperada energía hidroeléctrica y hasta ahora no tienen luz. Es por el alto costo de la hidroeléctrica mas el costo de las líneas de transmisión. Por analogía, Puno no es ni será rentable para Inambari, esta es una gran hidroeléctrica de gran potencia pensada para grandes mercados.

  Conociendo el país y sin necesidad de una bola de cristal, Dourojeanni entonces escribió en su estudio: Los impactos ambientales más probables, vistos en un horizonte de 10 años, incluyen: rápido incremento de la deforestación, degradación de bosques naturales, invasión de áreas protegidas, mayor incidencia de incendios forestales, expansión del cultivo de la coca, explotación anárquica del oro, degradación del ambiente urbano, pérdida de biodiversidad, incremento de la caza y la pesca, y reducción de la amplitud y calidad de los servicios ambientales , en especial en torno al recurso hídrico, que causará mayores problemas pues abarca inundaciones, aluviones y el delicado tema de la calidad del agua para consumo humano.
  No fueron necesario 10 sino apenas 3 años para que Madre de Dios resintiera estos impactos. Además, el experto señalaba los impactos sociales que están a la orden del día: ruido y caos urbano, inseguridad ciudadana, invasión de tierras indígenas, incremento de la migración andina y un deterioro de los servicios básicos como la educación y la salud.

  LEER MÁS
  Perú: Madre de Dios y la quimera del oro. Róger Rumrrill
  http://www.ciberjure.com.pe/index2.php option=com_content&do_pdf=1&id=4065