Foto: Diego Pérez /SPDA

• De acuerdo con el documento, el Congreso de la República estaría vulnerando el derecho constitucional de vivir en un medioambiente sano 
• El proyecto de norma no fue debatido en la Comisión Agraria y no recogió las opiniones técnicas de las autoridades pertinentes 

Hoy es el último día para que el presidente Pedro Castillo observe la autógrafa de ley que modificaría la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS). La propuesta reúne los  proyectos de ley 649/2021-CR, presentado por Perú Libre y 894/2021-CR, iniciativa de Alianza para el Progreso. Asimismo, incluye una disposición complementaria final única a pedido de la congresista Silvia Monteza Facho (Acción Popular).

Según la opinión legal de la SPDA, lo aprobado por el Parlamento representa un riesgo inminente sobre el aumento de la deforestación y degradación de los bosques Amazónicos. Autoridades como el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor),  la Defensoría del Pueblo y organizaciones indígenas, se han pronunciado en contra de su promulgación y alertaron sobre  las consecuencias que generaría en la diversidad biológica y la promoción de prácticas ilegales en esta región del país. 

El último viernes, Lucila Pautrat Oyarzún, ingeniera forestal y defensora de derechos humanos en materia ambiental, interpuso una demanda de amparo contra la autógrafa de ley por representar una amenaza al derecho fundamental de gozar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la vida. 

Carlos Bravo Evaristo, representante legal, explicó a Actualidad Ambiental los argumentos principales de la demanda que debería ser admitida- en el mejor de los casos- en una semana por el Poder Judicial.

“Esta norma tiende a convalidar y normalizar toda una serie de actos irregulares, que podríamos calificar por un lado de infracciones ambientales y por otro lado, de delitos contra los recursos naturales. Las personas que han deforestado el bosque sin contar con el estudio de clasificación de tierras y sin contar con la autorización de cambio de uso no tendrían ninguna sanción, se podrían caer varias investigaciones ambientales. Es una situación dramática”, destacó. 

[Ver además ► Cuatro razones por las que el proyecto que modifica la Ley Forestal debe ser observado por el Ejecutivo]

La propuesta del Congreso incluye exonerar el procedimiento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), esto permitirá que se otorguen títulos de propiedad y constancias de posesión sin la evaluación técnica necesaria. 

Sobre la disposición complementaria, Bravo Evaristo resalta que la norma autorizará el desarrollo de actividades agropecuarias en la Amazonía a cualquier poseedor simple, sin ningún tipo de límite y sin ninguna regulación, y aquellas que sí están tituladas o estén gestionando la posesión, se verán incentivadas a deforestar lo que aún no se ha deforestado. 

“Sostenemos que la aprobación de esta autógrafa de ley puede promover la impunidad y fomentar la deforestación. Es contrario a la Constitución Política y a una serie de compromisos internacionales. La promulgación de esta norma posibilita que la deforestación se incremente en relación a lo deforestado en los últimos 20 años”, añadió el abogado. 

Ante el silencio del Ejecutivo, esta norma podría ser promulgada por la presidenta del Congreso, Lady Camones, quien pertenece al partido Alianza para el Progreso, una de las organizaciones políticas autoras de este proyecto de ley.