Perú entre los países más peligrosos para defensores ambientales en 2024, según Global Witness

  • El asesinato de cuatro líderes indígenas ocurridos en territorio peruano ubica al país entre los ocho con más muertes de personas defensoras del territorio en 2024.  
  • En todo el mundo, Global Witness registró 146 asesinatos o desapariciones de defensores ambientales. América Latina concentró el 82 % de los casos. 

viernes

19 de septiembre, 2025

Victorio Dariquebe fue asesinado en abril del 2025 mientras se dirigía a su comunidad nativa. Foto: New Orleans

La violencia contra quienes defienden el ambiente y el territorio no da tregua. Según el último informe de la organización internacional Global Witness, en 2024 fueron asesinados cuatro líderes indígenas en Perú, lo que coloca al país entre los ocho países más letales del mundo para defensores ambientales, junto con Colombia, Guatemala, México, Brasil y Filipinas.

Las víctimas fueron Gerardo Keimari Enrique (Madre de Dios), Mariano Mucama Isacama Feliciano (Ucayali), Ricardo Kunchikui Shimpujat (Amazonas) y Victorio Dariquebe Gerewa (Cusco). Esta cifra repite la tendencia de 2023, cuando también se registraron cuatro asesinatos.

Entre 2012 y 2024, Global Witness ha documentado al menos 62 asesinatos de defensores ambientales en Perú, la mayoría pertenecientes a pueblos indígenas que enfrentan la minería ilegal, la tala y el narcotráfico en sus territorios.
A nivel mundial, 146 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas o desaparecidas en 2024, según el informe “Raíces de resistencia”. La organización advierte que, en general, “podría faltar el nombre de muchas otras personas defensoras que murieron asesinadas o desaparecieron el año pasado. Quizás nunca sepamos cuántas más dieron su vida por proteger nuestro planeta”.

Imagen: Global Witness

América Latina, la región más letal

El caso de Perú forma parte de una tendencia regional. En 2024, América Latina concentró el 82 % de los asesinatos de defensores ambientales en todo el mundo. Una vez más, la región se mantiene como la más peligrosa.

Sin embargo, en Guatemala, la violencia escaló drásticamente. De cuatro asesinatos en 2023 a 20 en 2024, convirtiendo al país en el de mayor número de asesinatos per cápita. Por otro lado, en México se registraron 19 asesinatos, mientras que en Honduras hubo seis (cinco asesinatos y una desaparición). En Brasil, otro país históricamente marcado por los ataques contra defensores, fueron 12 las muertes documentadas.

Los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes han sido los más afectados, ya que viven en áreas con fuerte presión de industrias extractivas, narcotráfico y redes ilegales que operan con facilidad frente a la ausencia del Estado, según el informe. En 2024, alrededor de la tercera parte de personas defensoras asesinadas o desaparecidas fueron indígenas o afrodescendientes.

 

Imagen: Global Witness

Colombia, el país más crítico

En 2024, Colombia se mantiene como el país más letal del mundo para defensores ambientales. Global Witness registró 48 asesinatos, lo que equivale a un tercio de los casos en todo el mundo. Aunque la cifra es menor que los 79 de 2023, la organización aclara que no representa una mejora sostenida.

La violencia se concentra en departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo, donde confluyen economías ilegales, narcotráfico y la presencia de grupos armados.

Entre las víctimas se encuentran campesinos, afrodescendientes e indígenas, en particular 13 líderes del pueblo nasa, varios de ellos guardias comunitarios asesinados mientras ejercían funciones de protección.

El impacto invisible: la salud emocional

Más allá de los asesinatos, el informe de Global Witness incorpora un aspecto menos visible: el impacto emocional que sufren quienes defienden el ambiente y el territorio. Las amenazas, los hostigamientos y la criminalización generan un deterioro silencioso en la salud mental .

Muchos defensores enfrentan ansiedad, ataques de pánico, depresión e incluso pensamientos suicidas, debido al estrés constante al que están sometidos. Estos efectos alcanzan también a sus familias, que deben vivir con miedo permanente a la violencia.

Por ello, Global Witness demanda que los mecanismos de protección incluyan atención psicosocial y acompañamiento comunitario, además de medidas de seguridad física.

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