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La semana pasada, la Comisión de Energía y Minas aprobó una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), hasta diciembre de 2027, pese al rechazo de diversos sectores, entre ellos gremios empresariales, organizaciones civiles y especialistas en temas ambientales, quienes aseguran que esta medida favorece la minería ilegal que causa impactos ambientales.

A puertas de una posible aprobación en el Pleno del Congreso, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) advirtió que esta nueva ampliación vulnera la Constitución, es un obstáculo para la fiscalización ambiental y favorece a la minería ilegal.

“El dictamen aprobado vulnera la Constitución del Perú, al proponer que quienes incumplen sus obligaciones y no controlan los impactos ambientales de sus actividades no puedan ser sancionados ni retirados del Reinfo. Esto debilita la responsabilidad que debe regir en toda actividad extractiva”, explicó el OMI en un comunicado.

“En el Reinfo se inscribieron más de 80 mil sujetos al proceso de formalización minera. Sin embargo, transcurridos cerca de diez años, menos del 2 % ha culminado su proceso de formalización. Esto significa que más del 98 % continúa operando fuera de los estándares ambientales y legales, incluso después de sucesivas y cuestionadas prórrogas. Esto genera graves afectaciones a los ecosistemas, a la calidad del agua y a la salud y seguridad de miles de peruanos”, agregó el colectivo.

El OMI también señaló que esta nueva prórroga “permitiría que miles de operadores continúen sin instrumentos de gestión ambiental aprobados, sin autorización de uso de agua, sin certificación de insumos fiscalizados y sin obligaciones de remediación. Esta situación vulnera el principio de prevención, así como el derecho constitucional de toda persona a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida”.

Por otro lado, indicó que el Tribunal Constitucional ya ha señalado que “no puede existir exención de responsabilidad penal, civil ni administrativa, ya que eso vaciaría de contenido el deber del Estado de proteger el ambiente. Cualquier norma o dictamen que impida sancionar a quienes generan impactos o incumplen obligaciones contradice este mandato constitucional”.

Como se recuerda el Reinfo fue concebido como un mecanismo temporal para facilitar el proceso de formalización, pero el OMI afirma que no se han dado los resultados esperados. Y, al contrario, ha creado un escenario que favorece la impunidad.

“Las constantes ampliaciones han desnaturalizado su finalidad, convirtiéndolo en un refugio permanente para quienes no avanzan en el proceso. Se ha vuelto un obstáculo para la fiscalización ambiental y para que las autoridades del sistema de justicia puedan actuar, pues su constancia se usa como escudo frente a intervenciones”, señala el comunicado.

Finalmente, debido a diversos riesgos, el OMI exigió al Pleno del Congreso archivar el dictamen “y actuar en defensa del interés nacional, de la legalidad y del derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano. El Perú no puede seguir premiando la ilegalidad disfrazada de informalidad con la excusa del derecho al trabajo”.