Escribe: Fátima Contreras / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

 

 

Las recientes decisiones internacionales reconocen el ambiente sano como un derecho humano. Pero, en América Latina, la falta de transparencia y participación amenaza con dejar fuera del debate a quienes más sufren los impactos del cambio climático.

El cambio climático dejó de ser un problema ambiental para convertirse en un desafío de gobernanza, de economías y de las sociedades. Naciones Unidas advierte que, con las políticas actuales, el planeta se encamina a un aumento de 2.9 °C hacia fin de siglo. No se trata solo de un déficit técnico: es un déficit de voluntad política, participación ciudadana y confianza institucional.

Por tanto, el desafío ya no radica en reducir emisiones o proteger ecosistemas, sino de repensar cómo tomamos decisiones, cómo rendimos cuentas y cómo propiciamos la participación de quienes deben estar en ese proceso.

En ese sentido, el gobierno abierto puede ser la clave para transformar la acción climática en una política más legítima, inclusiva y efectiva.

Es un derecho, no una aspiración

En julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión histórica: tener un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Advirtió que los Estados pueden ser responsables internacionalmente por no actuar frente al cambio climático.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reforzó el mensaje: los gobiernos tienen la obligación de prevenir daños irreversibles y reparar los daños ambientales cuando ocurren.

La conclusión es contundente: la justicia climática empieza reconociendo que actuar frente al cambio climático no es una opción política, sino un deber jurídico y ético.

El gobierno abierto frente al cambio climático

El 81 % de los latinoamericanos considera el cambio climático una amenaza muy seria. Pero solo tres de cada diez creen que sus gobiernos están haciendo lo suficiente, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Esa brecha alimenta la desconfianza en las instituciones y la sensación de que las decisiones se toman lejos de la ciudadanía.

Aquí es donde los principios del gobierno abierto —transparencia, participación y rendición de cuentas— se vuelven herramientas esenciales para cerrar ese vacío entre promesas y acción. ¿Pero qué implican? 

Por ejemplo, la transparencia significa acceso real a información sobre presupuestos verdes, emisiones, inversiones públicas y resultados de políticas climáticas.

La participación implica abrir los espacios de decisión a jóvenes, mujeres, comunidades y pueblos indígenas, no solo como consultados, sino como cocreadores de soluciones.

En tanto, la rendición de cuentas significa permitir que la ciudadanía pueda monitorear el cumplimiento de los compromisos climáticos y exigir los resultados.

En las zonas altoandinas del Perú, comunidades vienen adaptando prácticas ancestrales de manejo de agua para enfrentar la crisis hídrica. Sin embargo, estas experiencias no siempre son escuchadas ni incorporadas en las políticas nacionales. El desafío está en democratizar la acción climática para que las soluciones locales también cuenten.

Sin datos no hay decisiones

La información es el punto de partida de toda acción climática. Sin embargo, la generación de datos climáticos sigue siendo limitada en América Latina.

En el Perú, por ejemplo, todavía hay poca evidencia sobre cómo el cambio climático afecta de manera diferenciada a mujeres, niños o pueblos indígenas.

La información existe, pero muchas veces queda atrapada en informes técnicos o en lenguaje inaccesible. Sin datos abiertos y comprensibles, la participación ciudadana se vuelve simbólica. Y sin participación, las decisiones pierden legitimidad.

Hacia una democracia resiliente

El cambio climático nos desafía no solo a repensar nuestras políticas, sino a transformar la manera en que gobernamos. Una acción climática abierta y participativa genera confianza, legitimidad y resultados sostenibles.

No habrá justicia climática sin democracia ambiental. Y no habrá democracia ambiental sin gobiernos abiertos, ciudadanos informados y sociedades corresponsables.

 

Dato:

• Desde 6 al 10 de octubre se llevó a cabo la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, en Vitoria (España), que reunió a más de 2000 representantes de gobierno, sociedad civil y academia para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y avances en la iniciativa de gobierno abierto.