[Opinión] Ciudadanos, empresas y ambiente: medidas económicas ante la emergencia

Foto: Serfor

Escribe Samín Vargas / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA

 

La pandemia mundial del COVID-19 llegó al país y, para enfrentar sus efectos adversos, el Gobierno ha lanzado un Plan de Estímulo Económico de Emergencia programado en S/ 90 mil millones, que alcanza alrededor del 12% del PBI, convirtiéndose en la medida de política económica más grande entre los países de América Latina y el Caribe[1].

Este plan incluye medidas de política fiscal y monetaria. Por el lado de la política fiscal se tiene previsto la inyección de recursos por S/ 60 mil millones, habiéndose previsto un primer paquete por S/ 30 mil millones, que comprende varias transferencias desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y finanzas (MEF) a diversas entidades públicas en los diferentes niveles de gobierno para paliar los efectos del virus en la comunidad y atender la emergencia sanitaria.

Asimismo, se están orientando en atender necesidades de corto plazo de empresas y personas. En primer lugar, el Gobierno está trabajando con las entidades del sector financiero en asumir el 35% del pago de sueldos de trabajadores que no sobrepasen los S/ 1500 mensuales, reprogramación y fraccionamiento del pago de servicios públicos, prórroga de vencimiento de declaraciones juradas; en segundo lugar, a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, entrega de un primer subsidio por S/ 380 para la compra de una canasta básica de alimentos por el periodo de la ampliación de la cuarentena; en tercer lugar, a trabajadores, se permitirá el retiro de hasta S/ 2000 de fondo de AFP (para aquellos que no hayan aportado en 6 meses consecutivos), el retiro de hasta S/ 2400 de su CTS, prórroga de la declaración de impuestos a la renta hasta junio de 2020, suspensión de la cuota de AFP del mes de abril, entre otros; todas estas medidas suman un total de S/ 18746 millones[2].

Por el lado de la política monetaria, se ha destinado S/. 30 mil millones adicionales (equivalente al 4% del PBI), a través de una inyección de recursos del Banco Central de Reserva (BCRP) al MEF para la creación del programa “Reactívate Perú” para ayudar a las empresas a reponer fondos de capital de trabajo, reestructurar y refinanciar sus deudas a bajos intereses para evitar el rompimiento de la cadena de pagos en el corto plazo a través de garantías otorgadas por el gobierno[3].

Finalmente, la última medida de política fiscal establecida por el gobierno llegaría también a S/ 30 mil millones y tiene como propósito reactivar la economía en el mediano y largo plazo; todavía no se conocen las medidas específicas que tendrá la implementación de estos recursos.

El sector turístico es uno de los más afectados. Foto: SPDA

Apoyo a las empresas y oportunidad para pequeños productores y emprendedores

Es importante señalar que el Gobierno está financiando el plan de estímulo económico dado que cuenta con indicadores económicos que lo sostienen como el nivel de reservas internacionales netas acumuladas en los últimos 30 años y al bajo nivel de deuda pública que tiene el país en la región, lo cual le da el espacio fiscal y el soporte necesario para continuar implementando medidas de rescate y recuperación de la economía a través de préstamos a tasas preferenciales de la banca multilateral, así como la emisión de bonos[4].

Respecto a las medidas establecidas para ayudar al sector empresarial, están pensadas en  evitar el rompimiento de la cadena de pagos en el corto plazo, pero se debe señalar que están condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos para su aplicación, como no tener deudas exigibles en cobranza coactiva con SUNAT, no tener un alto nivel de riesgo en el sistema financiero, entre otros. Sin embargo, uno de los principales problemas que han advertido varios economistas con algunas de las medidas como el programa “Reactívate Perú”, es que las garantías otorgadas no llegan al 100%, con lo cual son las propias entidades financieras que tendrán que asumir más riesgo crediticio, y terminarán financiando a las empresas más solventes, respecto a muchas otras que tienen problemas serios de liquidez que son las MYPES.

Adicionalmente, se debe añadir que este tipo de requerimientos pueden ser cumplidos por empresas que se encuentran en el sector formal de la economía, el beneficio monetario solo estaría llegando a un número limitado, dejando de lado a muchas que están en el sector informal que es el que impulsa el 70% de la economía nacional.

Por ello, es que el Gobierno tiene la gran oportunidad de efectuar algunos ajustes en las medidas y aprovechar la magnitud de la inyección de recursos financieros para que el plan de estímulo económico apoye también a miles de pequeños agricultores y emprendedores de las áreas rurales de la costa, sierra y selva que todavía no están articulados o que tienen una débil  articulación a los mercados ni son sujetos de crédito por entidades financieras[5].

De esta manera, se podría sacar de la pobreza rural a millones de personas que actualmente tienen esta condición, es el momento en el que el país tome riesgos inteligentes e invierta recursos para aliviar no solo la situación de pobreza de estas familias sino también en la etapa expost de la pandemia, impulsar el desarrollo de las economías locales que están muy vinculadas a la provisión de bienes y servicios en los centros urbanos y tienen diversos eslabonamientos con otros sectores económicos en el país[6].

En ese sentido, las medidas deben incluir garantías de 100% asumidas por el Gobierno para que a través de las entidades financieras se pueda financiar a tasas de interés cero el primer año y los años siguientes a las tasas de interés referencia del BCRP nuevos emprendimientos que incluyan créditos para compra de materia prima e insumos, adquisición de activos fijos y otros bienes de capital, impulsando alianzas estratégicas con el sector empresarial y la academia para dar el soporte necesario en el uso de tecnologías y canales digitales, manejo conjunto de negocios, poniendo a disposición de estos actores todo el aparato público de los tres niveles de gobierno disponible a nivel nacional.

Foto: SPDA

Metas ambientales

Es con el apoyo a pequeños productores y emprendedores, que el Gobierno a su vez favorecerá el mantenimiento de la infraestructura natural, la provisión de servicios ecosistémicos, la conservación de la biodiversidad y de las áreas naturales protegidas, ya que son estas familias de los ámbitos rurales de la costa, sierra y selva que viven cerca a estos espacios naturales, las que están en mejor posición para defender y aprovechar el patrimonio natural; asegurar las tierras para la seguridad alimentaria, y que con un gran impulso gubernamental, pueden cambiar su nivel de vida y ayudar también al Gobierno a cumplir con los objetivos ambientales plasmados en los diversos acuerdos supranacionales suscritos por el país[7].

Otro elemento importante que pudiera ayudar con el cumplimiento de las metas ambientales, es el de aplicar prácticas de economía circular para la optimización del uso de los recursos en esta coyuntura, como es el de aprovechar los materiales que se tiene disponible para darles usos alternativos: fabricar mascarillas domésticas usando ropa usada, protectores para la cara a base de botellas de plástico, instrumentos para prevenir el contagio, incrementar el número de bolsas a partir del uso de bolsas grandes, entre otros[8].

La humanidad a lo largo de la historia, ha sabido reponerse de acontecimientos dramáticos como las pandemias de inicios de Siglo XX, las dos guerras mundiales, la gran recesión económica de 1929, entre otros. El Perú también es un país que ha demostrado sobreponerse a terribles momentos como la Guerra del Pacífico, las guerras civiles postguerra, golpes militares en la década de los 70’s, la aparición del terrorismo en los 80’s, la hiperinflación y crisis económica de la segunda mitad de los 80´s, crisis asiática y rusa de 1998, y la crisis financiera global de 2008.

Por ello si bien el escenario actual es de gran incertidumbre, es también una oportunidad única para trabajar en la recuperación de la economía incorporando a pequeños productores, emprendedores urbanos y rurales entre los que se encuentran también comunidades indígenas, poniendo a disposición a todas las entidades estratégicas del país para la etapa expost de la pandemia.

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[1] Algunos analistas económicos señalan que el nivel de estímulo fiscal es porcentualmente equiparable a lo que suelen gastar en sectores sociales países como Dinamarca, caracterizados por el alto nivel de renta percápita de su economía y de prestación de servicios públicos de calidad en sus habitantes.
[2] De acuerdo con MAXIMIZE, están por anunciar S/. 11,254 millones con lo cual los recursos destinados en este primer paquete sumarán S/. 30,000 millones. Asimismo, como parte de este paquete se prevé la entrega de un segundo subsidio de S/. 380 a personas que viven en pobreza y situación de vulnerabilidad en los próximos días.
[3] Entre otras de las medidas implementadas por el BCRP se encuentran: la reducción de la tasa de referencia de 2.25% a 0.25%, reducción de la tasa de encaje legal de 5% a 4%, disminución del requerimiento mínimo de cuenta corriente en soles de 1,0 a 0,75% del TOSE (Total de Obligaciones Sujetas a Encaje).
[4] El nivel de reservas internacionales netas al año 2019 es de USD 68,316 millones, y el nivel de deuda pública respecto al PBI alcanza el 27%. Ver Indicadores Económicos IV Trimestre 2019, Banco Central de Reserva del Perú. Otra de las fuentes para el financiamiento ha sido la reasignación de partidas presupuestarias de las entidades públicas, usando saldos de balance y recursos directamente recaudados.
[5] El apoyo gubernamental hacia los pequeños agricultores y emprendedores de las áreas rurales ha sido muy limitado incluso antes de la aparición del COVID-19.
[6] El subsidio de S/. 760 a favor de personas en pobreza y vulnerables lo maneja el MIDIS. Este ministerio,  tiene un patrón de identificación de pobres que no refleja necesariamente a las personas que han vuelto a ser pobres como resultado de la contracción económica del país en los últimos 2 años.
[7] Si no se incorporan a estas familias, existe el riego de venta de tierras y pequeños activos (crianza de animales menores, entre otros), para la obtención de recursos, incrementando también la migración a las ciudades, generando una mayor demanda de servicios públicos.
[8] Tal es el caso de los brazaletes anticontagio y que fueron creados en el país por el Grupo GT-Analytics, utilizando para ello piezas de juguetes electrónicos.


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