Por Actualidad Ambiental

 

La Amazonía guarda en su historia un hecho doloroso. Miles de personas pertenecientes a diversos pueblos indígenas fueron esclavizadas, torturadas y asesinadas durante la denominada “época del caucho”, un periodo que duró aproximadamente cuarenta años, de 1880 a 1920.

En 1910, el diplomático irlandés Roger Casement llegó al Putumayo para investigar a la Peruvian Amazon Company, y fue testigo de muchas atrocidades. En su informe, publicado un año después, narra crudamente el sufrimiento de los pueblos indígenas, quienes eran forzados a trabajar en condiciones infrahumanas. Este informe tuvo repercusión mundial en su época y fue clave para conocer los abusos contra los indígenas amazónicos.

Sin embargo, la era del caucho se desarrolló también en otras regiones del país. Ucayali, Amazonas, San Martín y Madre de Dios también vivieron esta época. En este último departamento, por ejemplo, los mashco piro fueron capturados para trabajar en esta actividad, aunque muchos lograron huir y hasta hoy permanecen en aislamiento voluntario.

Según la información recogida por Naciones Unidas, tras los hechos conocidos gracias al informe de Casement, la Peruvian Amazon Company dejó de existir, pero el dueño de la empresa y los demás responsables de los abusos “continuaron con sus actividades en la impunidad” y “para defenderse de las acusaciones, difundieron y sustentaron una narrativa que caracterizaba a los pueblos indígenas como antropófagos, salvajes y violentos, que debían ser ‘civilizados’”.

Los caucheros no solo cometieron violencia física, sino también trataron de eliminar la cultura de las poblaciones, exterminando a los curacas, “las autoridades morales de los pueblos indígena de la zona. Dicha estrategia buscaba debilitar profundamente” a estos grupos humanos, “destruyendo sus unidades sociales, culturas y conocimientos”, agrega Naciones Unidas.

Si bien se estima que las pérdidas humanas superaron las 30 mil personas, no hay un registro exacto, debido a la falta de información. De acuerdo a los mismos pueblos indígenas, esta cifra es mucho mayor, ya que pueblos enteros fueron desaparecidos.

[Ver además►Jóvenes indígenas de Loreto exigen una Comisión de la Verdad por los crímenes de la época del caucho]

Exigen justicia y acciones del Estado

Ante décadas de impunidad, el colectivo Tsiuni, que reúne a jóvenes indígenas de los pueblos amazónicos kukama, maijuna, secoya, murui, bora, tikuna, awajún, arabela, achuar, wampís, exigió al Estado peruano -a través de una demanda en el Poder Judicial- la creación de una Comisión de la Verdad por los crímenes ocurridos durante esta época.

Patrick Murayari, joven kukuma y miembro del colectivo, señaló para Actualidad Ambiental que esta demanda judicial interpuesta ante la Corte de Justicia de Nauta representa “una oportunidad para saber qué sucedió realmente, para saber la verdad”.

La demanda también solicita la reforma del sistema educativo peruano a fin de que toda la sociedad pueda conocer estos hechos. Cabe precisar que la esta iniciativa fue respaldada por varias organizaciones de derechos humanos.

En este contexto, a través de una carta, cuatro relatores especiales de Naciones Unidas relacionados a justicia, verdad, ejecuciones extrajudiciales y derechos de los pueblos indígenas, solicitaron al Estado peruano acciones urgentes respecto a estos crímenes.

“Expresamos grave preocupación por la alegada ausencia de medidas estatales en materia de búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación, la memorialización y las garantías de no-repetición de las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra pueblos indígenas de la región del Putumayo durante la llamada Época del Caucho, lo cual ubicaría al Estado peruano en contravención de su obligación internacional de abordar el legado de dichas violaciones y de ofrecer remedio a las víctimas”, señala el documento.

“Notamos con preocupación la falta de medidas para investigar y esclarecer las violaciones cometidas durante el periodo del caucho. En este sentido, recordamos que los estándares internacionales de derechos humanos disponen que los Estados tienen la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos o violaciones al derecho internacional humanitario”, agregan los expertos.

Según el documento remitido al Estado peruano, los relatores solicitaron a nuestro país “adoptar con urgencia medidas holísticas en materia de verdad, justicia, reparación, disculpas públicas, memorialización y garantías de no repetición para abordar el legado de las violaciones cometidas contra los pueblos indígenas del Putumayo durante la época del caucho en consulta efectiva con las comunidades afectadas y ubicándolas en el centro de dichos procesos”.

A través de sus redes sociales, el colectivo Tsiuni destacó que esta carta significa un respaldo para sus objetivos. “Desde los pueblos amazónicos, que aún buscan justicia y no repetición, y desde el colectivo Tsiuni y todas las organizaciones que impulsamos la demanda por una Comisión de la Verdad sobre la Época del caucho, nos sentimos respaldados por este llamado que pide detener la violencia y encontrar justicia”, destacó.

La carta, enviada en noviembre del año pasado, y que será también remitida al Gobierno de Colombia, está firmada por Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Albert K. Barume, relator especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; y Tomoya Obokata, relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias.