El portal de investigación Ojo Público, publicó un reportaje sobre los impactos de los trabajos de Pluspetrol y su presunta negativa a aceptar los daños ocasionados en el ambiente durante 15 años de extracción en la Amazonía.

Según el medio, Pluspetrol pelea judicialmente para no pagar 39,4 millones de soles por 12 multas impuestas por infracciones ambientales e intenta silenciar un documento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), donde se señala que la empresa tiene responsabilidad en la remediación de 92 lugares afectados por la extracción en el Lote 1AB (38 en la cuenca del río Pastaza, 17 en la del Corrientes y 35 en la del Tigre).

[Lee aquí el reportaje de Ojo Público]

Respecto a las 12 multas, Pluspetrol se ha negado a pagarlas y ha judicializado 6 de ellas. Asimismo, interpuso una medida cautelar contra el Informe 411-2014-OEFA/DS-HID, el cual señala que la empresa debe incluir en su plan de abandono de operaciones (que aprobará el Ministerio de Energía y Minas) la remediación de todos los sitios afectados.

COMUNIDADES EXIGEN REMEDIACIÓN

Desde el 2012, las comunidades quechuas del Pastaza, achuar y urarina del Corrientes, kichwa del Tigre y kukama kukamira del Marañón exigen la remediación ambiental antes de la consulta previa que se deberá realizar cuando venza el contrato de Pluspetrol (agosto de este año) y se convoque a una licitación pública para elegir al nuevo concesionario.

Al respecto, Daniel Guerra, gerente de relaciones institucionales de Pluspetrol, dijo a Reuters que “muchas de las protestas no solo tienen que ver con Pluspetrol, sino también con el gobierno, son pasivos que vienen de 1970”. La petrolera no acepta la remediación de todos los daños, aunque uno de los numerales del contrato indica que la empresa “asume todos los derechos, responsabilidades y obligaciones de Pluspetrol Perú Corporation S.A. (corporación que adquirió de Oxy el Lote 1-AB)”.