• Espacio propuesto por el Ejecutivo, ante derrame de petróleo de Repsol, solo considerará a un miembro por cada uno de los distritos de Ancón, Aucallama, Santa Rosa, Ventanilla y Chancay.
• Pescadores señalan que la agenda de trabajo no es amplia y solo abarca el tema de los rezagados que aún no han podido acceder al registro de afectados por el desastre ambiental.
• A la fecha, existen 57 mil registros de solicitudes de personas que consideran haber sido afectadas por el derrame y 38 867 expedientes en proceso de evaluación.

El pasado 6 de octubre, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) propuso una Mesa de Diálogo con la finalidad de abordar la problemática social generada respecto la atención de las personas afectadas por el derrame de petróleo producido el 15 de enero de 2022, en el mar de Ventanilla.

A la fecha, la empresa Repsol ha informado ante la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM que existen un total de 57 mil registros de solicitudes de personas que consideran haber sido afectadas por el derrame, y que al 31 de mayo cuentan con un total de 38 867 expedientes en proceso de evaluación.

“Hay muchas personas que no han sido empadronadas, algunos comerciantes y pescadores han recibido solo la tercera parte. No se ha respetado la valorización de la compensación”, señaló Luis Antonio Díaz Barroso, representante de una asociación en Aucallama, el pasado 19 de septiembre, durante en la última protesta que los afectados realizaron durante el año.

Objetivos de la Mesa de Diálogo

El grupo de trabajo de dicha mesa estará conformado por un representante de la PCM y un integrante por cada uno de los siguientes sectores: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A su vez, la mesa contará con un miembro por cada institución implicada en el caso: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes).

Respecto a las zonas afectadas, asistirá un solo miembro de alguna asociación de pescadores por cada uno de  los cinco  los distritos: Ancón, Aucallama, Santa Rosa, Ventanilla y Chancay; y un integrante de los gobiernos locales de cada zona.

Asimismo, en la resolución, la PCM indica que las organizaciones de la sociedad civil que se consideran afectadas por el derrame, y que a la fecha tienen pendiente la atención de una solicitud, pueden designar a un representante para que asista a esta reunión. Este proceso se dará mediante un documento dirigido a la Secretaría Técnica, dentro del plazo máximo de ocho días hábiles contados a partir del 7 de octubre, es decir hasta ayer el 18 de octubre.

Solicitan más representantes

Jean Pierre Araujo, asesor legal de la SPDA, considera que un solo representante cada uno de los cinco distritos afectados no es suficiente, ya que cada zona refleja una realidad diferente, y no todos los afectados se dedicaban a una misma actividad antes del desastre ambiental.

“Cada distrito tiene una realidad diferente, los avances en el proceso de limpieza y reactivación de las actividades económicas no son los mismos. Esta situación exige que los afectados cuenten realmente con los medios y espacios reales de identificación de necesidades, no todo puede recaer en un solo representante que además tendrá que asegurar los fondos necesarios para recoger las diferentes demandas en todos los distritos y playas afectadas”, señaló el especialista.

En cuanto a las principales funciones de la Mesa de Diálogo, los grupos de trabajo deberán proponer acciones o alternativas de solución, las cuales podrán incluir propuestas normativas, estrategias de gestión, u otras.

Además, elaborarán una propuesta de criterios de identificación de personas que se consideran afectadas por el derrame de petróleo y que no se encuentran incluidas dentro del Padrón Único de Afectados. Finalmente, coordinarán estas acciones con las entidades públicas y actores que conforman el grupo de trabajo, con la finalidad de dar cumplimiento a su objeto.

Frente a esta propuesta de diálogo, Actualidad Ambiental se comunicó con Luis Garrido Chávez, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa), quien menciona que esta reunión no se ajusta a los pedidos de los pescadores para dicha mesa.

“En los memoriales enviados y reuniones previas en PCM se especifica claramente que nosotros queremos el acompañamiento del Estado, primero en el tema compensatorio. Segundo el tema de los rezagados; y tercero, el tema ambiental. Sin embargo, en esa resolución le están dando énfasis al tema de los rezagados, cuando aún hay más problemas por solucionar”, indicó Garrido.

Al respecto, Jean Pierre Araujo indicó que este grupo de trabajo debería atender los diversos temas propuestos por los afectados por el derrame, porque priorizar solo uno de los aspectos identificados como prioritarios de atención rezagará aún más la toma de decisiones en desmedro de sus derechos fundamentales.

“Si se propone una mesa de diálogo entre el Estado y los afectados, y se ha convocado a tantos actores del sector público, carece de sentido sólo priorizar un punto de agenda, cuando sus pedidos de solución están próximos a cumplir dos años en enero de 2024”, sostuvo el especialista.

Dato:

• El Grupo de Trabajo tiene una vigencia de ciento ochenta (180) días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación de la resolución en la sede digital de la PCM.

Lee aquí la resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo: