Violencia, invasiones y desplazamientos por la expansión de esta actividad ilegal, es lo que sufren actualmente más de 270 comunidades indígenas de la Amazonía, según el informe Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana. Rutas, impactos y políticas erradas, elaborado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), el Instituto del Bien Común (IBC) y Amazon Watch.

Según el documento, el narcotráfico afecta a las comunidades nativas a través de la invasión de sus territorios, deforestación, y la producción comercialización y transporte de cocaína. Esto produce desplazamientos forzados, amenazas a los líderes indígenas y una creciente ola de violencia.

Ucayali figura como el departamento más afectado, al concentrar el mayor crecimiento de cultivos ilegales de coca y más de 85 pistas de aterrizaje clandestinas. Asimismo, se detalla que comunidades indígenas como las kakataibo y asháninka se encuentran en rutas estratégicas utilizadas por el narcotráfico, lo que las expone a graves riesgos. Asimismo, el informe detalla que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como los de las reservas Kakataibo Norte y Sur, enfrentan impactos directos debido a la presencia de cultivos ilícitos y pistas clandestinas en sus territorios.

Ruta del narcotráfico

El documento también identifica cuatro rutas principales del narcotráfico en la Amazonía. La primera se encuentra en el norte, conectando regiones de Amazonas e impactando a comunidades awajún, hacia Ecuador; una segunda ruta hacia Colombia, afectando a comunidades ticunas y yaguas, ubicadas en el Bajo Amazonas. La tercera ruta se encuentra en el centro del país, y atraviesa Ucayali, una región estratégica por su ubicación y baja densidad poblacional, lo cual facilita el tránsito de drogas hacia mercados internacionales. Finalmente, la ruta sur conecta el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) con Brasil y Bolivia, utilizando tanto vías aéreas como terrestres, y afectando comunidades en regiones como Cusco, Puno y Madre de Dios.

El informe también cuestiona las políticas antidrogas implementadas por el Estado peruano, señalando que no han funcionado. Según el documento, entre 2014 y 2019, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) promovió la titulación individual de predios en el bosque amazónico, lo que facilitó la invasión de territorios colectivos indígenas por parte de migrantes vinculados hoy al cultivo de coca. Además, los programas de erradicación de cultivos ilícitos han empujado la frontera cocalera hacia zonas más remotas de la Amazonía, exacerbando el problema.

Amenaza a comunidades indígenas

Luis Hallazi, investigador y especialista legal del IBC, destacó que el “impacto del narcotráfico para los pueblos indígenas amazónicos se refleja en la invasión de su territorio, la degradación ambiental a través de la deforestación y contaminación de ríos para la siembra de coca y producción de cocaína con la consecuente violencia contra la población y la inseguridad permanente que sufren las comunidades indígenas. La presencia de organizaciones criminales ha llevado a una constante violación de los derechos humanos y la amazonización del narcotráfico”.

Por su parte, Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), subrayó la falta de protección legal para las comunidades indígenas.

“Uno de los aspectos más alarmantes es la falta de reconocimiento y protección de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. A pesar de la existencia de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la legislación nacional no ha armonizado adecuadamente estos derechos, dejando a las comunidades en una situación de desprotección”, señaló.

Políticas antidrogas y conflictos

Según el documento, la consolidación de las rutas del narcotráfico podría desencadenar nuevos episodios de violencia letal contra defensores indígenas, quienes ya han sufrido más de 27 asesinatos en tan solo cinco años, la mayoría de casos vinculados al narcotráfico. Además, se prevé un aumento en el desplazamiento forzado y la deforestación descontrolada en la región.

Miguel Guimaraes, líder shipibo y vicepresidente de Aidesep, hizo un llamado a la acción tanto a nivel nacional como internacional y destacó que “el informe debe servirnos como alerta y hoja de ruta, tanto al movimiento indígena como a todos nuestros aliados”.

“Esperamos que los estados amazónicos asuman decisiones radicales para contener este drama ambiental y de derechos humanos, y confiamos en que la comunidad internacional en su conjunto, y en particular los países de destino, donde se consume la cocaína, asuman un papel más decisivo en la protección de los derechos de los pueblos indígenas que estamos poniendo nuestras vidas en riesgo”, agregó.

Indígenas piden acción urgente

El tráfico de tierras y la ausencia de títulos colectivos son otros factores que, según el informe, han facilitado la expansión del narcotráfico en territorios indígenas. Estas dinámicas han permitido que organizaciones criminales se apoderen de tierras legalmente desprotegidas, agravando la situación de vulnerabilidad de las comunidades afectadas.

El informe también plantea recomendaciones, como fortalecer los derechos territoriales de las comunidades, e implementar políticas públicas interculturales efectivas, garantizando la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones relacionadas con sus territorios.