Imagen: MAAP.

Según el más reciente reporte de MAAP (Monitoring of the Andean Amazon Project), entre diciembre del 2015 y enero del 2016 se deforestó dentro de la Reserva Nacional Tambopata aproximadamente 20 hectáreas (200 mil metros cuadrados).

A través del uso de imágenes satelitales, MAAP da cuenta del incremento de la deforestación por minería ilegal (las áreas color rosado/azul son suelo sin cobertura vegetal o pozos de agua residual).

Desde inicios de año se han anunciado medidas contra la minería ilegal en la zona: una interdicción en la Reserva Nacional Tambopata, más guardaparques dentro de la reserva y una base militar en “La Pampa”, sin embargo, el avance de la minería continúa dentro de la misma reserva.

Al respecto Dino Delgado, abogado del Programa de Conservación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que “apenas se detecte que se realizan actividades ilegales al interior de un área natural protegida (ANP), se necesita un protocolo que debería activar una respuesta inmediata por parte del Estado que debe incluir, pero no limitarse, a la participación del Sernanp. Actualmente el Sernanp cuenta con un sistema de alerta temprana georreferenciado que permite organizar interdicciones con la presencia de representantes del Ministerio Público (fiscalía), la Policía y Dicapi. En el caso específico de Tambopata, los guardaparques, miembros del Comité de Gestión del ANP y demás colaboradores ayudan pero no pueden detener el avance de esta actividad ya que no cuentan con las herramientas necesarias para ello”.

El abogado de la SPDA mencionó que las interdicciones se están efectuando y que constituyen una parte importante de la lucha contra la minería ilegal. “El Sernanp está cumpliendo con sus funciones. Sin embargo, las interdicciones no representan el último eslabón en la cadena. Las personas que son o deben ser detenidas en estos operativos tienen que ser puestas a disposición del Ministerio Público y de ahí en adelante seguir el proceso penal respectivo. Si bien los operarios no son los únicos responsables de la minería ilegal en el país, pueden conducir en el proceso a los demás actores menos visibles. Para esto necesitamos fortalecer a las fiscalías y tener, además, policías capacitados para estas acciones específicas”, concluyó Delgado.