• Federaciones indígenas exigen que las voces de los pueblos afectados sean escuchadas a través de la consulta previa.

 

Organizaciones indígenas de los territorios Putumayo, Napo y Bajo Amazonas de Loreto exigieron al Estado peruano detener la ejecución de la Carretera Bellavista -Mazán-Salvador-El Estrecho, debido a que la obra vulneraría su derecho a la consulta previa de acuerdo con el ordenamiento legal vigente.

A través de una carta abierta dirigida al Ejecutivo y Legislativo, las federaciones hacen énfasis en que la construcción del tramo I de la mencionada vía trajo consigo impactos negativos a la comunidad nativa Centro Arenal, como la invasión a su territorio, tala ilegal y las constantes amenazas contra la vida de los dirigentes. Cabe señalar que el tema de las amenazas fue comunicado a las autoridades competentes, sin embargo hasta la fecha no hay respuesta.

Por otro lado, mencionaron que -el pasado 13 de septiembre- Provías Nacional convocó la consultoría de obra para la elaboración del estudio definitivo del segundo tramo del proyecto; sin embargo, afirman que el proceso se llevó a cabo sin la implementación de un proceso de consulta previa libre e informada. Es preciso indicar que, el 17 de noviembre, se otorgó la buena pro al Consorcio Santo Tomás.

En el documento, las organizaciones concluyen pidiendo a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, promover espacios de diálogo sobre la conectividad sostenible que promuevan el desarrollo de los pueblos y garanticen sus derechos como el de la consulta previa.

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Piden acción contra la minería y las amenazas a los indígenas aislados 

Las federaciones, que se reunieron del 21 al 24 de noviembre en Iquitos en el V Consejo Consultivo de las Organizaciones Indígenas, también elaboraron otras dos cartas para pedir al Estado una acción más firme ante el incremento de la minería ilegal en la región, y las constantes amenazas a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto ambiental (PIACI).

En el mencionado evento participaron 29 representantes y líderes de diez federaciones, bases de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), así como los comités de gestión de las Áreas de Conservación Regional Maijuna Kichwa, Ampiyacu Apayacu, Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira, el Parque Nacional Yaguas y la comunidad nativa de Centro Arenal.

En este espacio, se fomentó el diálogo y la buena gobernanza para tomar acuerdos en el ámbito del territorio de los ríos Putumayo, Napo y la porción baja del río Amazonas, donde existen 142 comunidades y seis áreas protegidas ya establecidas que comprenden 7.6 millones de hectáreas, además de tres propuestas de áreas en proceso.

Respecto al tema de la minería ilegal, que está afectando ríos importantes como el Nanay y el Putumayo, las federaciones acordaron unir esfuerzos junto al Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira, a solicitud de la presidenta, Marcelina Angulo.

Por otra parte, exigieron a las autoridades a respetar a los indígenas en aislamiento, y rechazaron que PetroPerú promocione la explotación de hidrocarburos sobre áreas de reservas indígenas o propuestas de ellas.