Loreto: carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos amenaza áreas protegidas y reservas PIACI

jueves 7 de marzo, 2024

El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima dispuso cesar provisionalmente la construcción de la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos. Foto: Vico Méndez / Actualidad Ambiental

  • Además de representar amenazas potenciales para los bosques, esta vía ya tuvo irregularidades antes del inicio formal de las operaciones para su construcción. En el 2021 se detectó que se había realizado trabajos de deforestación sin contar con instrumentos de gestión ambiental ni autorización de desbosque.

 

A 150 kilómetros de Iquitos, en Loreto, la construcción de la carretera de casi 100 km que busca unir la ciudad de Jenaro Herrera con la comunidad de Colonia Angamos, en la frontera con Brasil, pondría en riesgo a la Reserva Nacional Pacaya Samiria, la Reserva Nacional Matsés, el Área de Conservación Regional Tamshiyacu Tahuayo, los territorios de las comunidades indígenas Matsés y Fray Pedro, la recientemente creada Reserva Indígena Yavarí Tapiche, que busca proteger la vida y el territorio de pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, y la solicitud para crear la Reserva Indígena Yavarí Mirim.

Por si fuera poco, en el 2021, la deforestación producto de los trabajos de construcción de la vía fue realizada sin contar con el expediente técnico aprobado, sin certificación ambiental ni autorización de desbosque.

Jenaro Herrera es uno de los once distritos que conforman la provincia de Requena, en Loreto. Para llegar allí, saliendo desde Iquitos, se debe ir hasta Nauta, en un viaje por tierra de dos horas, y luego navegar el río Marañón primero y el Ucayali después, alrededor de dos horas y media más.

La ciudad está habitada por cerca de 3500 personas (de las 4500 que reporta el censo del 2017, la población restante se ubica en áreas rurales), que se dedican principalmente a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, además del comercio. Cuando visitamos Jenaro Herrera en el 2019 y a fines del 2023, constatamos que apenas había hospedajes o restaurantes, y que la energía eléctrica funcionaba solo algunas horas al día.

En 1965 se implementó en Jenaro Herrera un proyecto de asentamiento rural integral financiado por la cooperación suiza para manejar bosques, plantaciones forestales y el desarrollo agropecuario. Más de 50 años después, queda como herencia de ese proyecto una trocha que, según indica la misma población, en el pasado unía a Jenaro Herrera con Colonia Angamos, una pequeña comunidad en la frontera con Brasil. Esta vía fue abierta en los años 60 y reabierta en los años 70 y 80. Cada cierto tiempo, con el poco uso y la dificultad de los suelos y las lluvias, la trocha regresaba a ser parte de los bosques de los alrededores.

Vista aérea de la ciudad de Jenaro Herrera (Loreto), al lado del río Ucayali. Al frente se encuentra la Reserva Nacional Pacaya Samiria, la reserva nacional más grande de la Amazonía peruana. Foto: Vico Méndez / Actualidad Ambiental

La carretera

La vía entre Jenaro Herrera y Colonia Angamos tendrá, una vez concluida, alrededor de 97 kilómetros. El costo de la obra superaría los 175 millones de soles y empezó a tomar forma a fines del 2016, cuando se aprobaron los estudios de preinversión. En enero del 2018 se aprobó el proyecto de inversión pública.

El argumento usado para construir la carretera, que uniría una ciudad pequeña como Jenaro Herrera con una más pequeña aún, como Colonia Angamos, es facilitar “el traslado de carga y pasajeros entre las localidades” y “mejorar la calidad de vida de la población”, según la descripción del objetivo central del proyecto y el análisis de sostenibilidad del registro de inversión de Invierte.pe.

Además, en el estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto, se señala: “(…) con el aumento de las actividades económicas y productivas de los agricultores y ganancias monetarias de los agricultores, la mayor accesibilidad hacia los mercados locales y regionales y menor tiempo de viaje por el buen estado de la carretera, se mejorará la calidad de vida de la población, disminución de los costosa de transporte de carga y pasajeros, disminución de los tiempos de viaje y reducción de accidentes de tránsito por mejores condiciones del camino”. (1)

Se trataría de una vía departamental cuyos costos de operación y mantenimiento serían asumidos por el Gobierno Regional de Loreto y el financiamiento sería cubierto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Descentralizado.

Colonia Angamos, el punto de destino de la carretera, se encuentra en la frontera misma con Brasil, país del que se encuentra separado solo por el río Yavarí. La comunidad es bastante pequeña y forma parte del distrito de Yaquerana, provincia de Requena. En todo el distrito de Yaquerana, que incluye a Colonia Angamos, viven menos de 2 mil personas, según el censo de 2017.

Trayecto de la vía en la parte más próxima a Jenaro Herrera. Foto: Vico Méndez / Actualidad Ambiental

Riesgos ambientales

La aparentemente bienintencionada e inofensiva construcción de la carretera entre Jenaro Herrera y Colonia Angamos, una vía en medio de dos ciudades pequeñas en la Amazonía, contrasta con todo lo que podría comprometerse una vez se concluya la obra. La vía pasaría muy cerca de:

  • La zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
  • La zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Matsés, creada para permitir a la población matsés continuar el aprovechamiento tradicional, permanente y sostenible de los recursos de la zona.
  • El Área de Conservación Regional Tamshiyacu Tahuayo, que busca conservar los ecosistemas de bosques de altura y bosques inundables.
  • Además, cerca de Colonia Angamos, pasaría muy cerca de las comunidades nativas Fray Pedro y Matsés, ambas de la etnia matsés, lo cual podría representar una amenaza para las áreas protegidas y el territorio de las comunidades nativas, por invasión de personas de otros lugares para apropiarse las tierras y la deforestación de los bosques.

“De ejecutarse o culminarse la ejecución de la carretera entre Jenaro Herrera y Colonia Angamos, tendría impactos ambientales significativos ya que justamente atravesaría áreas naturales protegidas y también atravesaría territorios de comunidades nativas. Debemos tomar en cuenta que esta carretera está cerca de la zona de frontera brasileña y tendría una conexión con territorios de pueblos indígenas en situación de aislamiento, motivo por el cual se requiere de una planificación mucho más estratégica y articulada con diversas entidades, ya que, de no hacerlo, una vía de este tipo podría fomentar el desarrollo de actividades ilegales como, por ejemplo, la invasión de territorios por parte de personas foráneas”, nos dice al respecto Bryan Jara, especialista legal del Programa Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Extracción de madera en los alrededores de la vía Jenaro Herrera-Colonia Angamos. Foto: Vico Méndez / Actualidad Ambiental

Deforestación ilegal

La carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos no solo presenta amenazas potenciales a los bosques. Ya hubo irregularidades incluso antes del inicio formal de las operaciones para su construcción. En julio de 2021 se reportó que se habían realizado trabajos de deforestación sin contar con ningún instrumento de gestión ambiental ni autorización de desbosque, hasta el km 58 de los 97 totales de la carretera. Este hecho generó la reacción de la Defensoría del Pueblo que, entre otras recomendaciones que dio en su Informe de Adjuntía 11-2021-DP/AMASPPI, dispuso que el Viceministerio de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Gobierno Regional de Loreto paralicen “la ejecución del mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos” y a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nauta que impulse “las acciones de prevención e investigación de los hechos relacionados a la presunta comisión del delito contra los bosques o formaciones boscosas”.

Según información remitida (2) por el MTC, las más recientes acciones de supervisión realizadas a la mencionada carretera se dieron en mayo de 2022, donde se verificó que la vía no impacta sobre propiedades de terceros. Asimismo, tampoco se evidenció la presencia de poblaciones no contactadas que se desplacen por la zona (3).

En conversación con Actualidad Ambiental Lissette Vásquez, de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo (4), señaló sobre lo que había sucedido con la deforestación causada por la construcción de la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos: “Esta carretera es icónica. Yo diría que es un caso emblemático de todo lo que no debería pasar en un proyecto de inversión de esta naturaleza. Es todo lo que el Estado no debería hacer. De la revisión que se hizo de la información oficial disponible, lo que se conoció es que era una carretera que pese a ser anunciada por el gobierno regional en forma amplia, no contaba ni con certificación ambiental ni con autorización de desbosque. Y que, incluso, el expediente técnico de ese proyecto aún continuaba en elaboración. Es decir, no tenía nada. Era una carretera ilegal, que se estaba construyendo ilegalmente, sin cumplir con el marco jurídico vigente”.

Portada del Informe de Adjuntía 11-2021-DP/AMASPPI: Construcción de carreteras sin certificación ambiental – Recomendaciones en torno al caso de la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos, Loreto.

La representante de la Defensoría del Pueblo destacó que en el informe que realizaron (publicado en setiembre del 2021, durante la gestión de Elisbán Ochoa como gobernador regional de Loreto) se advirtió, también, de una demora en las acciones del Estado ante el caso de deforestación detectado. “Se conoció luego que hubo algunas actuaciones del MTC y el Sernanp. Serfor, en el marco de su competencia, había indicado que era el gobierno regional era el que debía realizar la labor de supervisión. Un poco complicado pensar que el gobierno regional pueda ser parte de un caso en el que él mismo está generando eventualmente el incumplimiento. Cuando se dieron esos aspectos (la deforestación por la construcción de la vía), no se contaba con un reglamento por parte del MTC que establezca la tipificación de las infracciones. Eso pudo haber generado también un vacío o una falta de acción por parte de estas entidades. Son una serie de aspectos que la Defensoría del Pueblo detectó y que en un informe formuló un conjunto de recomendaciones destinadas a corregir las decisiones en este caso puntual pero que también, con su implementación, se puede prevenir otras situaciones similares en el caso de otras carreteras. Creo que es importante que a partir de estos casos emblemáticos se pueda luego tomar acciones que permitan evitar situaciones similares en el futuro. Es relevante poder dar cuenta a la ciudadanía pero también a las entidades competentes de que casos como estos no deben repetirse”, sostuvo Lissette Vásquez.

La Contraloría de la República, por su parte, realizó un informe sobre el caso, publicado en noviembre del 2021, y señaló como conclusión que “en la ejecución del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de la obra del proyecto (…) la administradora de contratos y el gerente, ambos de la Gerencia de Estudios actuaron sin velar por el debido cumplimiento de sus funciones, toda vez que dieron conformidad y/o autorizaron a la ejecución de los trabajos de campo sin contar con los permisos y/o autorizaciones de las autoridades competentes para el desbosque, generándose impactos ambientales negativos en la extensión de la vía proyectada”, y se recomendó al director ejecutivo de Provías Descentralizado “merituar el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Provías Descentralizado comprendidos en los hechos irregulares” y al procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones “dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad”.

Vista aérea de la ruta Jenaro Herrera – Colonia Angamos, donde se puede notar el avance de la vía. Foto: Vico Méndez / Actualidad Ambiental.

Además, en setiembre de 2021, la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental del Minam formuló una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nauta por la deforestación causada por la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos. Cuando se investigaba la irregular deforestación para la construcción de la carretera, participaron mediante informes y opiniones Serfor, el MTC, la Procuraduría del Minam, el Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de Loreto, Sernanp y OEFA.

Al mes de setiembre de 2023, se emitió una orden de parte del 4° Juzgado Constitucional de Lima de cesar provisionalmente la construcción de la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos, en virtud a una demanda presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), Kené – Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, y Pachamama Alliance Peru, con el fin de proteger el derecho de los pueblos indígenas en situación de aislamiento.

“En setiembre de 2023, mediante una medida cautelar, se dispuso que ese proyecto se paralice totalmente. De esta manera se reduce y se mitigan los impactos ambientales que se hubieran seguido generando de haberse seguido ejecutando. Esto nos debe traer como lección que todos los proyectos de inversión deben cumplir con sus obligaciones ambientales y sociales oportunamente. De no hacerlo, implica de por sí una irresponsabilidad en el ejercicio de sus funciones que posteriormente va a dar inicio a diversos procedimientos disciplinarios, sea a nivel funcional, penal o civil. Basta recordar casos emblemáticos que desde la SPDA hemos estado haciendo seguimiento también, como el de la carretera Yurimaguas-Jeberos, que de forma muy similar a este proyecto, se ejecutó sin certificación ambiental ni autorización de desbosque, y que después de las investigaciones que se realizaron, se detectó que no contaba con certificación ambiental ni autorización de desbosque, así como otras obligaciones asociadas a cada proyecto de inversión, y se determinó el inicio de investigaciones de responsabilidades”, explica Bryan Jara sobre la decisión del 4° Juzgado Constitucional de Lima de cesar provisionalmente la construcción de la carretera.

Respecto a la compatibilidad con ANP 

El Sernanp remitió el 5 de abril de 2022 el Oficio 0750-2022-SERNANP-DGANP a Provías donde remite la Opinión Técnica 358-2022-SERNANP-DGANP, correspondiente a la solicitud de compatibilidad de la actividad denominado “Mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos (Frontera con Brasil), distrito de Jenaro Herrera, provincia de Requena, región Loreto”.

Al respecto, luego de la evaluación del área solicitada, la cual se encuentra superpuesta parcialmente en las zonas de amortiguamiento de las reservas nacionales de Pacaya Samiria y Matsés, se determina que actividad es compatible con el área natural protegida en cuestión. Sin embargo, es importante señalar que no se podrá iniciar actividades en tanto no haya una opinión técnica previa favorable del Sernanp al instrumento de gestión ambiental que designe la autoridad competente.

Como se detalla, es importante señalar que la Opinión Técnica 358-2022-SERNANP-DGANP reemplaza a las emitidas mediante la Opinión Técnica 444-2014-SERNANP-DGANP y la Opinión Técnica 647-2020-SERNANP-DGANP, por lo que deberá ser considerada como la única emitida por el Sernanp, que comprende el análisis del trazo definitivo de la carretera.

Una amenaza para los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial (PIACI)

En abril de 2021 se creó la Reserva Indígena Yavarí Tapiche, la primera en Loreto y la primera categorizada con la Ley PIACI (Ley 28736). La creación de esta reserva tomó 17 años. Yavarí Tapiche abarca una superficie de 1 095 877.17437 hectáreas, en los distritos de Yaquerana, Alto Tapiche y Soplín, en la provincia de Requena, y fue creada para proteger a los pueblos indígenas matsés, remo -isconahua- y marubo en situación de aislamiento.

La construcción de la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos, por su cercanía a la Reserva Indígena Yavarí Tapiche, podría poner en riesgo no solo el territorio sino la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, porque no cuentan con los anticuerpos para sobrellevar una enfermedad como una gripe, por ejemplo.

El Ministerio de Cultura señaló que no se ha identificado reservas indígenas que se encuentren dentro del marco de la carretera Jenaro Herrera Angamos y, en consecuencia, tampoco se cuenta con mapas que evidencien la extensión de la afectación de la carretera a las reservas indígenas (5).

Los PIACI se dividen en dos grupos: los PIA y los PICI. Los PIA son los grupos indígenas en aislamiento, que no tienen contacto con la sociedad nacional o que, habiéndolo tenido, han optado por descontinuarlo. Por otro lado, los PICI son pueblos indígenas que están en contacto inicial, lo cual quiere decir que tienen un cierto grado de relacionamiento con el resto de la sociedad. No significa que vayan a formar parte de esta, simplemente tienen un grado de relacionamiento que podrían mantener así para siempre, explica Melissa Sánchez, asesora legal del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.

Vista aérea de los bosques alrededor de la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos. Foto: Vico Méndez / Actualidad Ambiental

Consultada por las obligaciones que tiene el Estado para la protección de los PIACI, Melissa Sánchez señala: “Las obligaciones del Estado surgen de las características especiales de vulnerabilidad de estos pueblos y sobre todo su relación con el territorio, que es básicamente de supervivencia. Estos pueblos son nómades o seminómades, se desplazan en territorios amplios, y al no conocer del resto de la sociedad mayoritaria no conocen nuestras reglas, no conocen de fronteras, simplemente se desplazan en base a los recursos que necesitan, a sus características culturales, sociales. Entonces, la obligación del Estado para protegerlos implica reconocer espacios territoriales donde se determina la existencia de estos pueblos, donde se determina su desplazamiento, para que así se evite el contacto con ellos, porque una simple enfermedad que para nosotros sería una gripe cualquiera, para ellos puede implicar la muerte, incluso la extinción del pueblo. La obligación del Estado, si bien no solamente es la de categorizar reservas para su protección, sí la tiene como la piedra angular del sistema, porque sin esta frontera que se hace con ellos, realmente no se puede respetar el principio de no contacto, de vulnerabilidad o de autodeterminación de estos pueblos”.

Si la carretera pasa cerca de la Reserva Indígena Yavarí Tapiche, representaría una amenaza para la vida de los pueblos indígenas matsés, remo -isconahua- y marubo en situación de aislamiento y otros pueblos indígenas en situación de aislamiento, lo que desnaturalizaría el sentido mismo de la reserva indígena. Además, en las proximidades de Colonia Angamos, el Ministerio de Cultura ha solicitado la creación de otra Reserva Indígena llamada Yavarí Mirim, para los pueblos indígenas matsés, matis, korubo o kulina-pano y flecheiro -takavina- en situación de aislamiento.

“En el caso específico de la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos, me parece que el mayor riesgo está alrededor de la solicitud de la Reserva Indígena Yavarí Mirim. Esta es una reserva que se ha presentado y que cuenta con calificación favorable desde el 2005 y que recién en 2018 ha obtenido un estudio previo de reconocimiento con un decreto supremo. Esto ya le da el grado de protección que la ley y el reglamento requieren. Los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial no solo se protegen una vez que existe una reserva categorizada. Lo que dice el reglamento es que, si cuentan con un estudio previo de reconocimiento, ya tienen el mismo nivel de protección. Entonces, esto ya impediría el otorgamiento de derechos que podrían afectarlos”, comenta Melissa Sánchez.

Punto donde la trocha Jenaro Herrera – Colonia Angamos reduce su tamaño e impide el avance a las mototaxis que se desplazan por la zona. Fotos: Vico Méndez / Actualidad Ambiental

Agrega la especialista que el estudio previo de reconocimiento es la primera parte, que se trata de un estudio de corte antropológico que busca definir quiénes son los pueblos que están allí y más o menos la cantidad de población y por dónde se moverían, pero el que determina el territorio es el estudio adicional de categorización.

“Entonces, en verdad no sabemos cuál es el radio que hay que proteger hasta que no esté el otro estudio. Por los casos que ya tenemos y por la cantidad de años que toma, es bastante probable que entre un estudio y otro se otorgue una serie de derechos que limiten el espacio territorial de estos pueblos que ya han sido oficialmente reconocidos. Esto obviamente implica un incumplimiento del Estado, no solo de la propia legislación nacional sino de todos los convenios y los tratados, los documentos internacionales que regulan la protección de los pueblos indígenas desde el año 89. Si haces una carretera que pasa cerca de una reserva o de lo que sería una reserva, que aún no se sabe de qué dimensión debe ser, realmente es muy probable que incumplas con varios de los principios de protección de los PIACI. El principio de no contacto probablemente se vea afectado; el principio de autodeterminación, porque esos pueblos han decidido vivir en aislamiento; el principio de vulnerabilidad, de todos los niveles especiales de vulnerabilidad con los que cuentan estos pueblos. Entonces, es una amenaza directa, un atentado contra su vida, y además es un incumplimiento de las obligaciones del Estado en su protección”, concluye Melissa Sánchez.

A modo de conclusión

La aparentemente inofensiva carretera entre Jenaro Herrera y Colonia Angamos, en medio de la selva de Loreto, vista en detalle, presenta muchos más matices a considerar, de carácter social y ambiental, y supera la simpleza del bienintencionado diagnóstico con el que se justifica su ejecución: “recuperar la transitabilidad para que así la población transporte sus productos en menor tiempo y a un menor costo, produciendo ganancias para ellos”. Tratamos de sacar, de parte de cada uno de los especialistas consultados, algunas lecciones a partir del análisis en detalle del caso.

Lissette Vásquez, de la Defensoría del Pueblo, indicó que es necesario que los funcionarios públicos que tienen a su cargo la toma de decisiones puedan ser conscientes de que para determinar o decidir la implementación de un proyecto de inversión que tenga por finalidad lograr la conectividad, se tenga que garantizar que estos sean viables ambientalmente, es decir, que se tengan los estudios que determinen que efectivamente esos proyectos son viables y que en vez de eventualmente afectar los derechos de otras personas, van a lograr el fin que se busca. Pero para eso es necesario que se pueda hacer estudios, evaluar la viabilidad y cumplir con el marco jurídico vigente.

“Otro gran aspecto a considerar es la necesidad de fortalecer los mecanismos que tiene el Estado cuando ya se produjo la ilegalidad o el incumplimiento. El caso de la carretera Jenaro Herrera nos evidencia que se requiere todavía una mayor celeridad y una mayor proactividad de algunas entidades para que se pueda eventualmente enfrentar problemáticas como la que se ha descrito”, concluye Lissette Vásquez.

¿Es posible pensar en mayor diálogo y coordinación entre el MTC y Mincul? Melissa Sánchez cree que esto sí es viable. “Existe la Ley PIACI, que entre otras cosas crea este régimen especial transectorial que, como su nombre lo dice, es una conversación entre los distintos sectores para la protección de los pueblos indígenas. El problema es que esto es una serie de políticas, directrices y lineamientos que, dirigidos desde Cultura, deben adecuarse o conversar con el resto de los ministerios que están alrededor de una zona donde existen PIACI. Pero no se ha priorizado. Entonces, sí es necesario generar este espacio, y para ello es necesaria la voluntad política, el presupuesto, contar con un sistema de reservas, no solamente con islas. Es un sistema que debe funcionar, tener un componente de sostenibilidad financiera, conversar permanentemente con las otras partes de los sectores necesarios para darle una real protección a los pueblos porque si no se queda en papel”, indica la abogada de la SPDA.

Trayecto entre Jenaro Herrera y Colonia Angamos, donde la vía está mucho más abierta, pese a que el tipo de suelo y las lluvias dificultan el desplazamiento. Foto: Vico Méndez / Actualidad Ambiental

Por su parte, Bryan Jara, especialista legal SPDA, recalca la necesidad de que los proyectos de conectividad en la Amazonía peruana tengan evaluaciones ambientales, económicas y sociales para que los beneficios de las obras superen los impactos esperados.

“Cerrar las brechas de conectividad en las regiones amazónicas debe ser una prioridad, pero esta priorización de proyectos de inversión pública en el sector transporte debe estar acompañada de una correcta evaluación en términos ambientales, económicos y sociales, ya que de no hacerlo los impactos que se generarían con ese tipo de proyectos podrían ser mucho mayores en comparación con los beneficios potencialmente esperados. Esto se encuentra íntimamente relacionado con la incorporación de la dimensión ambiental dentro de etapas estratégicas, como la de planificación de proyectos de inversión, a fin de evitar la superposición de derechos o la afectación de derechos colectivos, como en el caso de los pueblos indígenas o de los PIACI. También debemos tomar en cuenta que se debe promover proyectos de inversión que sean resilientes a los impactos del cambio climático. Estamos hablando de infraestructura sostenible, cuyas dimensiones permiten justamente que las intervenciones que son parte de un proyecto contribuyan a la sostenibilidad de estos proyectos, tanto en términos ambientales, sociales y económicos. Finalmente, debemos hacer bastante incidencia en que cualquier titular de proyecto de inversión, sea público o privado, debe cumplir con sus obligaciones ambientales y sociales de forma oportuna, esto es: la certificación ambiental, la autorización de desbosque, la consulta previa, la implementación de mecanismos de participación ciudadana, entre muchas otras obligaciones ambientales que forman parte de cada proyecto de inversión”, concluye Bryan Jara.

Dato:

  • Del lado brasileño se encuentra una de las reservas más grandes de ese país: Tierra Indígena del Yavarí, que alberga la mayor diversidad de pueblos indígenas en situación de aislamiento y otros pueblos con diferentes grados de relacionamiento.

 

 

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[1] Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “Mejoramiento y construcción del camino departamental Jenaro Herrera – Colonia Angamos (frontera con Brasil) L= 97.405 Km, departamento de Loreto”. Página 19.

[2] Solicitud de Acceso a la Información Pública. 11 de octubre de 2023. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

[3] Acta de supervisión Ambiental S/N.

[4] Estuvo en el cargo en la Defensoría del Pueblo hasta enero del 2024. Dio la entrevista a Actualidad Ambiental cuando aún pertenecía a la mencionada institución.

[5] Oficio 0750-2022-SERNANP-DGANP. Solicitud de Acceso a la Información Pública. Sernanp.

[6] Memorando 000945-2023-DGPI/MC