- La investigación del doctor Fernando López Ramón, reconocido jurista español, aborda enfoques novedosos y propuestas para atender la superposición entre las áreas naturales protegidas (ANP) y los recursos hidrocarburíferos en el Perú.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presenta Régimen de áreas naturales protegidas e hidrocarburos en Perú, una investigación del reconocido jurista español Fernando López Ramón, la cual tiene por objetivo identificar el régimen jurídico del aprovechamiento de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas del Perú y dar nuevos alcances para su tratamiento, a través del análisis de fuentes legislativas, jurisprudenciales y doctrinales del derecho peruano y comparado.
La publicación parte de un análisis exhaustivo del marco jurídico peruano en contraste con la jurisprudencia de otros países, así como la revisión de la historia legal peruana. De esta manera, en cuatro capítulos, el autor ahonda en datos históricos; la interpretación jurídica del concepto constitucional de patrimonio de la Nación; y la trayectoria, caracteres normativos y tendencias sobre las áreas naturales protegidas y el régimen de hidrocarburos en nuestro país.
Esta investigación, que no busca definir o reflejar una postura institucional de la SPDA sobre el tema, sí constituye un necesario esfuerzo académico por enriquecer el debate sobre la explotación de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas del Perú. Un análisis necesario para entablar nuevas discusiones en el contexto nacional actual ante la recurrencia de iniciativas que buscan debilitar el sistema de áreas naturales protegidas (ANP). Un ejemplo de esto son los intentos por modificar la Ley de ANP a fin de flexibilizarla para la extracción de hidrocarburos.
Como se recuerda, en mayo de 2023, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) envió el borrador de un proyecto de ley al Ministerio del Ambiente (Minam), el cual proponía modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas con el supuesto fin de “compatibilizar: i) el aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables y no renovables, ii) la conservación de áreas naturales que cuentan con diversidad biológica, paisajes y otros componentes del patrimonio natural de la Nación, y iii) el desarrollo integral de la persona humana y del país”. Esta propuesta fue cuestionada por el Minam, Sernanp y organizaciones de sociedad civil, entre otros, por poner en riesgo la protección de espacios con gran valor natural para el país.
Sobre el autor
Fernando López Ramón, es catedrático de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza (España) y desde el año 2015 preside la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Es autor de 200 publicaciones, particularmente en materia de medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo, bienes públicos y defensa nacional. Entre sus publicaciones destacan Introducción al Derecho urbanístico (2005, 3ª ed., 2009), Política ecológica y pluralismo territorial (2009) y Sistema jurídico de los bienes públicos (2012), son consultadas por abogados de distintas partes del mundo.
En julio de 2023 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Alicante (España). Durante esta ceremonia fue considerado por el medio español COPE como “el gran jurista español en el ámbito de la protección de la biodiversidad”, en épocas “en que la protección del medio ambiente o la transición ecológica se mezcla con posicionamientos ideológicos”. También ha recibido premios en España por sus investigaciones sobre vivienda y defensa nacional.
Áreas Naturales Protegidas
Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), en el Perú existen 76 áreas naturales protegidas (ANP) de nivel nacional, que en su conjunto ocupan más de 22 millones de hectáreas y equivalen casi al 17 % del territorio nacional.
Las ANP son zonas protegidas establecidas por el Estado, sirven para conservar las diversas formas de vida presentes en la naturaleza, los distintos ecosistemas, especies y procesos naturales que, en su totalidad, generan grandes beneficios para las regiones.
Asimismo, estas áreas son espacios que permiten el desarrollo de actividades económicas sostenibles y cadenas de valor a partir del manejo de los recursos naturales y el turismo, siempre que se cumplan las reglas y cuidados para preservarlas.
El Estado, a través de las normas jurídicas, ha propiciado la creación de estos espacios para resguardar la diversidad biológica y así proteger las fuentes de agua y otros recursos de interés local.
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