En un video difundido vía redes sociales, se observa a un soldado del Ejército recoger una bolsa de plástico de entre las malezas que crecen en la zona deforestada de ‘La Pampa’ (Madre de Dios). Presuntos mineros ilegales le preguntan al militar si “la fiscal sabe de eso”. Segundos después, el militar entrega la bolsa de donde salen billetes de diferentes denominaciones.

El audiovisual fue grabado el domingo 1 de junio, durante un frustrado operativo de interdicción contra la minería ilegal en ‘La Pampa’, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, en un sector adyacente a la base militar del kilómetro 108 de la carretera Interoceánica.

La fiscal mencionada en el video es Milagros Coaquira, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, quien lideró el operativo de interdicción. Ante la evidencia, se escucha a Coaquira dirigirse a las personas presentes y recalcar que “ninguna autoridad les puede pedir ni un sol”.

Al día siguiente, luego de la difusión del video, Coaquira, acompañada de Octavio Ramos Pacompia, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Madre de Dios, brindó detalles del incidente que culminó con la detención de los militares Jhosep Huamani, Marco Huamán y Giancarlo Montjoy.

¿Qué ocurrió durante el operativo en ‘La Pampa’?

De acuerdo con la funcionaria, el operativo inició a las 5:30 a. m. con un equipo conformado por 23 personas: diez representantes del Ejército, doce de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la propia fiscal.

Al momento del incidente, aproximadamente a las 9:30 a. m., el personal de la PNP se encontraba realizando acciones de interdicción en una balsa minera.

En otro sector, un militar advirtió que los mineros tenían intenciones de botar los motores que utilizan para la extracción del oro a las pozas. En esa circunstancia, el personal a su cargo fue rodeado por una turba de más de 150 personas, armadas con palos, machetes y botellas rotas, relató la fiscal. Al percibir el riesgo inminente, Coaquira ordenó el repliegue inmediato del personal militar que la acompañaba.

En medio de la tensión, algunos pobladores acusaron a los militares de haber cobrado una coima para evitar el operativo. Frente a la turba, la fiscal ordenó una requisa voluntaria que la incluyó a ella y todos los presentes. A uno de los militares se le encontró dinero. Sin embargo, los mineros afirmaban que habían entregado una cantidad similar a otros efectivos.

“La población, aún más enardecida, indicaba que nadie iba a salir de ahí hasta que se devuelva o se esclarezca esta situación”, narró Coaquira. Tras el pedido de la fiscal, uno de los militares fue al lugar donde habría arrojado la bolsa con la posible coima, y es desde ese momento en que una de las personas empieza a grabar al efectivo.

Fiscal no pudo contar el dinero de la posible coima

Según relató la fiscal Milagros Coaquira, tras encontrar la bolsa con billetes, no fue posible contar el dinero ni levantar un acta debido al nivel de hostilidad que presentaba la población de la zona. “Como ustedes ven, por la amenaza, por la situación caótica que hemos vivido, por la falta de principios de autoridad en esa zona, no hemos podido hacer mayor acta”, señaló.

Coaquira intentó explicar a las personas que se encontraban en ese sector de ‘La Pampa’ el procedimiento legal a seguir, pero la situación se salió de control. “No ha sido posible levantar un acta. En el video ustedes pueden observar que yo le conmino a la señora (que habría entregado el dinero) y le indico cuál era el procedimiento para este caso”.

La falta de garantías no solo impidió formalizar el hallazgo del dinero, sino también imposibilitó recoger los testimonios de las personas que habrían entregado el supuesto soborno a los militares. Incluso el operativo de interdicción quedó suspendido y no se logró ninguna incautación ni destrucción de maquinaria. El personal de la PNP se unió a la fiscal y los militares y posteriormente a la base militar EcoCharly del kilómetro 108 de la carretera Interoceánica.

Por su parte, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Madre de Dios reconoció que este tipo de incidentes complican seriamente el proceso investigativo. “Se está complicando la situación. En este tipo de circunstancias, va a ser un poco difícil la investigación”, advirtió.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Policía Nacional tendrán ahora la tarea de reconstruir los hechos a partir del material disponible y buscar elementos que permitan una eventual sanción a los responsables. De momento, los tres militares se encuentran detenidos e investigados por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios.

Ejército brinda facilidades en las investigaciones

La Segunda Brigada de Protección de la Amazonía del Ejército Peruano emitió un comunicado señalando que, tras conocerse los hechos, su comando institucional dispuso la inmediata intervención del sistema de inspectoría para determinar las responsabilidades conforme a la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, la institución castrense viene brindando todas las facilidades al Ministerio Público y a la Policía Nacional para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

“El Ejército del Perú rechaza de manera categórica cualquier acto que trasgreda las leyes y no dudará en expulsar de sus filas a quienes se les compruebe hayan vulnerado las normas y disposiciones que vayan en contra de la moral, la ética y buena conducta que como ciudadanos debemos observar”, precisa el comunicado.

‘La pampa’, una zona minera ilegal sin control

El sector denominado como ‘La Pampa’ esta ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, entre los kilómetros 98 y 110 de la carretera Interoceánica.

Este sector funciona como un centro de abastecimiento y entretenimiento para los mineros ilegales. Ferreterías, tiendas de abarrotes y prostibares operan en la zona sin control. Alrededor de estos negocios, los mineros han deforestado extensas áreas de bosque y destruido aguajales, transformando el lugar en un paisaje desértico en medio de la selva.

En 2019, el gobierno de Martín Vizcarra intentó enfrentar la minería ilegal con el operativo ‘Mercurio’. En una primera fase, se desplazaron 1200 policías, 300 militares, así como 70 fiscales. También se instalaron bases militares para apoyar a la PNP y Ministerio Público.

Durante los primeros meses la estrategia mostró buenos resultados: un reporte del Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) reportó la diminución de deforestación minera en un 92 % entre el 2018 y 2019.

Sin embargo, la llegada de la pandemia, la crisis política y la falta de una respuesta contundente de parte del Estado, permitieron que los mineros ilegales retornen a este sector.

El proyecto MAAP identificó 598 dragas en ‘La Pampa’, en agosto de 2023. Esto significó un incremento de más del 400 % comparado a un reporte de 2021. Considerando el número y tipo de dragas encontradas, los especialistas del  MAAP aplicaron un factor de conversión que estimaba a cuatro personas operando en cada una de las dragas. En 2021, se estimaron 592 mineros ilegales, mientras que para dos años después un total de 2392.

Frente a este contexto, el actual gobierno de Dina Boluarte creó en diciembre de 2023 la Comisión multisectorial para la lucha contra la minería ilegal. Su objetivo es realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal y recuperación del ambiente. Este grupo de trabajo se reúne de manera periódica y reporta informes quincenales al presidente del Consejo de Ministros.