Escribe Carmen Rosa Sandoval / Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
A dos meses del vencimiento del plazo para el financiamiento y reinicio de operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, la empresa que tiene la concesión, Doe Run Perú, pretende distraer nuevamente nuestra atención, variando la agenda desarrollada durante meses con el Estado, al presentar cuatro pedidos más. Esta nueva movida era previsible: desde hace años la empresa viene ejerciendo presión para obtener más y más privilegios indebidos. 30 meses extra fueron otorgados a favor de esta empresa en la última prórroga para sus inversiones ambientales. Esto les permitió ganar tiempo enfrascando a todos en negociaciones que, en buena parte, son fruto del cansancio y la deficiente actuación del Estado en el caso.
Por ello, Doe Run no ha dudado en hacer uso de un espacio de negociación donde antes obtuvo buenos resultados, con los mismos representantes gubernamentales que en anteriores oportunidades cedieron a sus exigencias y avalaron priorizar las necesidades de esta empresa en desmedro de la población de La Oroya. La falta de atención que el Estado ha evidenciado en esa zona del país puede remontarse a la época de las operaciones de la empresa pública Centromín, durante la cual no hizo lo necesario para detener el proceso de contaminación. A estos daños hay que sumar las actuales presiones por el ejercicio de derechos laborales y la atención de salud de la población, esta última deteriorada gravemente por desarrollarse en un ambiente altamente degradado.
No obstante la inviabilidad de los pedidos de Doe Run, es oportuno analizarlos, pues se trata de un momento crítico: podemos estar entrando al último capítulo de esta historia, el desenlace. Si no actuamos pronto, Estado y sociedad civil tendremos que resignarnos a tan sólo documentar las pérdidas. Urge el balance.
El primer pedido de Doe Run consiste en la modificación de los términos del contrato de privatización (mediante el cual obtuvo el manejo del Complejo Metalúrgico de La Oroya). El objetivo sería -según fuente oficial- obtener una suerte de blindaje jurídico frente a las denuncias que se le podrían iniciar por los daños ocasionados. Este blindaje le permitiría a la empresa evadir sus responsabilidades. Además, DRP ha manifestado su preferencia por un juzgamiento en sede nacional antes que uno ante tribunal internacional, trasluciendo su expectativa por un trato preferente dentro del país. Que sus intenciones sean puestas en evidencia por el Estado sería la única parte novedosa del pedido, pues, ya en declaraciones del 12 de mayo pasado, el Ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, afirmó que su sector se encontraba aún a la espera de la “propuesta modificatoria” del contrato de privatización por parte de DRP, y que con ella se estarían implementando nuevas modificaciones a la norma que reglamentó en octubre del 2009. Es decir, se venía negociando nuevas adecuaciones legales a solicitud de la empresa, en lugar de exigir el cumplimiento de las vigentes. Negociaciones peligrosas que continúan dándose, ya que Doe Run ha evidenciado su intención de acordar un blindaje jurídico, que no es otra cosa que una ventaja indebida e ilícita, pues no hay forma que el Estado (ni ninguno de nosotros) pueda pactar en contra de la ley, mucho menos escoger las instancias en las cuales, de ser procesados, seríamos juzgados. Este pedido es absurdo e indignante, pero debemos verlo con mirada cuestionadota: ¿por qué pediría una empresa algo que no se le puede conceder? ¿Acaso, para poder retirarse de las negociaciones aludiendo desatención a sus necesidades? ¿Es posible tanto descaro? La realidad nos responde con un sí.
El segundo pedido, fraccionamiento de la deuda tributaria, es contradictorio. Por un lado, la empresa alude antiguos y continuos problemas financieros; por otro, pide un fraccionamiento tributario, que como se sabe requiere del ofrecimiento de una garantía que respalde el pago total de la deuda ante un incumplimiento. Si la empresa actualmente no cuenta siquiera con financiamiento para inicio de operaciones, ¿cómo obtendría respaldo para un fraccionamiento ante SUNAT? ¿Acaso está previendo que, una vez más, no se le apliquen todas las normas al respecto?
El tercer pedido, quizá el más revelador, consiste en que no se le aplique la normativa relacionada con los estándares de calidad ambiental hasta que concluya el proyecto del circuito de Cobre y su respectiva planta de Ácido Sulfúrico. Recordemos que para los circuitos de Zinc y de Plomo se construyeron dos plantas de Ácido Sulfúrico correspondientemente, las cuales fueron objeto de fiscalización por parte de OSINERGMIN, organismo que abrió diversos procesos por los incumplimientos hallados y estableció sanciones. Por ello decimos que su pedido es revelador, puesto que la empresa ha venido sosteniendo, en sus publirreportajes, la versión que sus actividades ya no dañaban el ambiente ni la salud de las personas, afirmando sostenidamente que: “todo ha mejorado en La Oroya”. Entonces, ¿por qué ahora pide algo que supuestamente no necesita?
Parece que ni una ley hecha a la medida, como la que le concedió la inconstitucional prórroga de 30 meses, le basta. Ya no se trata de sólo de ganar tiempo, sino de obtener impunidad para actuar al margen de la ley, y al hacerlo pretende que el Estado participe conculcando los derechos fundamentales de las personas en La Oroya, y acceda a que se siga introduciendo sustancias altamente contaminantes en el aire, agua y suelos de los que dependen las vida de miles de personas en esta ciudad que sufren la cruel disyuntiva de tener trabajo o tener salud.
Finalmente, el cuarto pedido, la condonación del pago de las multas impuestas por OSINERGMIN, constituye prueba de la irresponsabilidad social con la que se conduce esta empresa. Las condiciones bajo las cuales interviene, procesa y sanciona este organismo autónomo del Estado son preestablecidas, es decir, son conocidas y aceptadas con anterioridad por las partes. Las multas se aplican frente al incumplimiento reiterado de obligaciones, y las sumas impuestas son destinadas a hacer lo que la empresa deja de hacer: remediar el daño ambiental y mitigar los impactos de éste. Este pedido, además, pone al descubierto la falsedad de la versión privada y pública, respecto a que el único proyecto con fallas y atrasos era el correspondiente al circuito de cobre y la planta de ácido sulfúrico del mismo (versión con la que se concedió la prórroga en el 2009), pues buena parte de las multas son por fiscalizaciones de los proyectos supuestamente concluidos.
En buena cuenta, Doe Run, al demandar estos privilegios, le está pidiendo al Estado que deje de serlo, que actúe con un aliado parcializado, vulnere los principios del estado de derecho, afectando los derechos e intereses de la sociedad en su conjunto y perjudicando directamente a una población muy golpeada en cuestiones tan básicas como su calidad de vida, salud y dignidad humana. Doe Run ha tenido el descaro de formular sus exigencias ante un alto funcionario de gobierno, quien ha cedido, permitiendo incluirlas en un diálogo inaceptable en lugar de mantener una agenda dentro de los márgenes de la ley. Al final, el propio Ministerio de Energía y Minas, con cierta ingenuidad y reflejo tardío, ha manifestado su desaprobación. Pero las opiniones ya no bastan, tampoco basta que los sectores involucrados deslinden competencias. La atención a este problema debe ser integral e interinstitucional y sin más dilaciones.
La sociedad en general, cuya intervención es gravitante, no puede ser mera espectadora, pues lo que pasa en La Oroya, le pasa al país. Los cambios en la relación Estado-empresa privada van sentando precedentes que, en este particular caso, vienen siendo negativos para el ejercicio de nuestros derechos a la salud, al cuidado del ambiente y al cumplimiento de las reglas de manera clara y certera.
Es momento de definiciones, de sentar y mantener una posición firme frente a esta prolongada desatención legal y moral en La Oroya, dejando en claro que las inversiones son bienvenidas, pero con respeto a nuestros derechos, sin ventajas indebidas y con visión de desarrollo integral y sostenible para nuestros pueblos y su gente.
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Foto Diego Pérez / SPDA
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Debemos recordar que el funcionamiento del complejo metalúrgico de La Oroya data desde 1920 y desde entonces no se ha tenido cuidado del medio ambiente incluso cuando fue administrado por el gobierno peruano con Centromin. Desde esos años la contaminación ha perjudicado a los pobladores y aún lo sigue haciendo. Es lógico pensar que una empresa que se haga cargo de este complejo no tiene necesariamente que pagar por los pasivos ambientales de tantos años de explotación y los juicios entablados no tienen que ser dirigidos contra la empresa actualmente administradora del complejo, son apenas diez años que Doe Run Perú administra este complejo y ha hecho grandes esfuerzos en inversión para tratar de remediar tantos años de contaminación y lo está logrando. En base a este argumento es que esta empresa hace su pedido de indemnidad y que no es de ahora sino que está incluido en el contrato de privatización al momento que se compró el complejo. Más bien el que no está cumpliendo con este contrato es el gobierno peruano al no remediar los pasivos ambientales que le corresponden y que serían los que en buena parte estarían causando los daños ambientales motivo de los juicios iniciados por los pobladores en diferentes estamentos internacionales. Este es el argumento del primer pedido de Doe Run Perú.
Algunos periodistas y activistas ambientales no se informan adecuadamente y en forma irresponsable emiten opinión o escriben sus columnas con el único fin de ganar notoriedad. Es más tergiversan el sentido de la información, como en el caso del tema de la SUNAT que está pidiendo la empresa. Hay que entender que la empresa DRP no tiene ninguna deuda tributaria y lo que trata de conseguir con este ppedido es asegurar un flujo de caja conveniente en la eventualidad de algún contratiempo en la marcha del negocio en el futuro mintras se termina de construir el último proyecto PAMA.
El otro pedido se refiere a la conclusión mismo del proyecto. Es contradictorio que te pongan una multa o que te quieran aplicar estandares cuando precisamente no has terminado el proyecto. Es cierto que se ha concluido dos proyectos de ácido pero estos no son suficientes para disminuir la contaminación (que por cierto ha disminuido considerablemente para ello basta ver en la misma página web del MEM las cifras) y es por eso que se tiene que concluir con la construcción y operación de la última planta de ácido. Entonces no se debe emitir opinión sin antes haber investigado en las fuentes oficiales.
En el cuarto pedido, las multas impuestas se han hecho cuando justamente se ha estado tratando estos temas.
El gobierno ha dicho que cerrará la empresa si esta no reinicia sus operaciones. De hacerlo asi la contaminación no cesará puesto que el estado no ha hecho nada por remediar la contaminación de los pasivos ambientales a lo que se comprometió con la transferencia del complejo de la oroya y es prácticamente imposible que otro adminstrador se haga cargo de este importante centro metalúrgico, alargando con ello el problema de la contaminación. Por qué no permitir que el actual administrador del complejo: DRP, termine de construir lo que le falta y el estado haga lo que le corresponde para terminar de una vez con la contaminación en La Oroya. No seamos ciegos ante una realidad evidente.
Hace más de una década, Doe Run negoció condiciones para hacerse cargo de las operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, entre ellas obtuvo el que los pasivos ambientales quedarán a cargo del Estado. Doe Run por su parte asumió las obligaciones para adecuar sus actividades y manejar las emisiones contaminantes hasta lograr que estás estuviesen conforme a los estándares exigidos por ley y necesarios para dejar de dañar la salud de las personas. Es decir, a Doe Run no se le exige que repare los daños de décadas anteriores, se le exige hacerse responsable por la contaminación que ha provocado. Ello de acuerdo a un plan con objetivos programados, progresivos y medibles. Exigir una exclusión de responsabilidad hasta que termina el 50% una planta que captura dióxido de azufre, no es razonable. En La Oroya se emiten metales pesados y metaloides como plomo, cadmio y arsénico que deben también ser monitoreados.
En cuanto a los juicios seguidos contra Doe Run, el entablado en la Corte de San Luis – EEUU el 2007, fue presentado por los elevados índices de plomo en sangre de 137 niños, cuando la empresa aún era –formalmente- parte de la matriz Resources Corp, de la cual se separó en papeles para evitar las responsabilidades internacionales. El proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es contra Doe Run, es contra el Estado peruano por su responsabilidad en el incumplimiento de las normas ambientales, vulnerando derechos fundamentales a la vida, integridad personal, acceso a la justicia y otros. El Estado aún no ha entablado ninguna demanda contra Doe Run, por eso es que el blindaje que busca la empresa es a futuro.
Los esfuerzos llevados a cabo por Doe Run cuentan para un juicio de valor, pero lo que detiene y remedia el daño en el ambiente y la salud son acciones concretas e integrales. Recoger la mitad de la basura que desechamos diariamente, no es suficiente, como no lo sería si el Municipio sólo recogiese dos tercios. Justificar el incumplimiento del PAMA en base a sus esfuerzos implica una doble moral.
En cuanto al pedido de fraccionamiento de deuda tributaria, este lo ha hecho la propia empresa. El Ministro (fuente oficial) ha señalado en un comunicado de prensa que la deuda con SUNAT asciende a 270 millones de dólares (ver en notas del MEM, 20/05/10), cifra también mencionada en medios como El Comercio en nota del 21 de mayo del presente. Si no tiene deuda, ¿por qué Doe Run lo ha planteado en sus negociaciones? Verificable sin duda, pero esa es la información oficial.
En cuanto a la exigencia del cumplimiento de los estándares ambientales durante la construcción de la última planta de ácido sulfúrico, este puede ser varias cosas, menos contradictorio (lo hubiera sido durante los últimos 13 años y no recién ahora). Por eso es que el PAMA es un plan de adecuación y manejo, porque se planifican acciones con resultados medibles, y las mediciones se hacen comparando éstos con los estándares de ley. Buena parte de la información de monitoreo ambiental colgada en la página del MEM tiene por fuente a la propia Doe Run, no contiene la opinión de esta cartera sobre la misma. Porque el organismo fiscalizador es OSINERGMIN y este halló hasta 20 incumplimientos a 2008 e inició los procesos sancionadores por las faltas subsistentes en el 2009, por proyectos de remediación diferentes al prorrogado en octubre último. Durante el 2009, antes que Doe Run paralizara actividades completamente, el Director General de DIGESA, informó a la Viceministra de Gestión Ambiental (mediante oficio formal) que no obstante la inauguración de la segunda planta de ácido sulfúrico las emisiones se habían incrementado, con el correspondiente aumento de los estados de alerta por emergencia ambiental en La Oroya, y la exposición a peligro por contaminación de hombres, mujeres y niños en La Oroya.
Precisamente lo que están haciendo los medios y los mismos entes oficiales en este tema es dar la información segada y tergiversada. Si lo dice el ministro que duda cabe, para que preocuparnos en investigar. Es fácil dejarse llevar por las llamadas fuentes oficiales. Ellas están sesgadas y ocultan intereses es más la estrategia de estas fuentes es no desagradar al público sobre todo en épocas electorales.
En cuanto al monitoreo de los metales pesados ello ya se está haciendo, nuevamente incurrimos en opiniones que no queremos investigar para emitirlas.
Todos sabemos las dificultades que atraviesan las empresas debido a la crisis de los últimos años y la minería no es ajena a ella.
Tenemos la idea de que al venir una empresa extranjera nos tiene que solucionar todos los problemas. Pero no vemos por ejemplo el mal manejo que hacen las municipalidades de los desechos sólidos, líquidos y sin embargo permanecemos callados. Hasta ahora personalmente no he visto a ninguna ONG reclamar o pedir a las municipalidades hacerse cargo de un manejo adecuado de estos desechos. Todos los ataques son hacia empresas extranjeras. Cuando Centromin administraba el complejo de la Oroya las ONG no se pronunciaban sobre la contaminación.
ARRODILLAR A UNA NACIÓN ANTE UNA EMPRESA
La abogada del Programa de Defensa del Interés Ciudadano, Carmen Rosa Sandoval, de las filas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, colabora en la prosecución del caso de contaminación ambiental en La Oroya. Carmen Rosa Sandoval remarca certeramente:
“A Doe Run no se le exige que repare los daños de décadas anteriores” ….se le exige hacerse responsable por la contaminación que ha provocado AHORA… Ello de acuerdo a un plan con objetivos programados… progresivos … medibles”.
“Exigir una EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD hasta que termine el 50% una planta que captura dióxido de azufre, no es razonable”…
“En La Oroya se emiten metales pesados y metaloides como plomo, cadmio y arsénico que deben también ser monitoreados”…
La licenciada en Derecho y Ciencia Política Carmen Rosa Sandoval es versada en Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Ha trabajado en la Procuraduría Ad Hoc para casos Fujimori – Montesinos, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y Defensoría del Pueblo. Además, ha integrado el equipo de ONGs como Associazione Solidarietà Paesi Emergenti, en temas de desarrollo comunitario.
Hace más de una década, Doe Run asumió las obligaciones para adecuar sus actividades y manejar las emisiones contaminantes hasta lograr que estás estuviesen conforme a los estándares exigidos por ley y necesarios para dejar de dañar la salud de las personas. Es decir, a Doe Run no se le exige que repare los daños de décadas anteriores, se le exige hacerse responsable por la contaminación que ha provocado.
Hace más de una década, que Doe Run incumple su obligación de no envenenar el Perú.
De manera que lo que sostiene Herles Agurto, quien oficia de escudero de Doe Run a capa y espada, carece de fundamento. dijo:
Herles Agurto dice maniqueamente que como el funcionamiento del complejo metalúrgico de La Oroya data desde 1920 y como desde entonces no se ha tenido cuidado del medio ambiente … es lógico pensar que una empresa …(una impecable y maravillosa empresa como Doe Run)… que se haga cargo de este complejo no tiene necesariamente que pagar por los pasivos ambientales ya que son APENAS DIEZ AÑOS que Doe Run Perú CONTAMINA y ha hecho grandes esfuerzos en inversión para TRATAR (tratar sin éxito)… de remediar la contaminación.
Ricardo Pando, quien preside la comisión de energía y minas del Congreso hace bien al apuntar que SI EL GOBIERNO PERUANO HUBIERA PEDIDO GARANTÍAS EL 2006, CUANDO SE CONCEDIÓ LA PRIMERA PRÓRROGA A DOE RUN PARA QUE CUMPLIERA CON EL PAMA AMBIENTAL, SE HUBIERA EVITADO LOS PROBLEMAS EN QUE AHORA EL ESTADO PERUANO ESTÁ ENFRASCADO
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Es cierto,que hace más de una década, cuando Doe Run y el Estado Peruano negociaron condiciones para que Doe Run se encargara de las operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, la minera del multimillonario norteamericano Ira Rennert obtuvo el que LOS PASIVOS AMBIENTALES QUEDARAN A CARGO DEL ESTADO, lo que significa que si la remediación de esa contaminación a lo largo de todo el siglo XX, no se ha realizado, es porque el Estado Peruano durante el gobierno de Toledo y de Alan García A INCUMPLIDO SU COMPROMISO, A INCUMPLIDO SU RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, A INCUMPLIDO SU OBLIGACIÓN PARA CON LA SALUD DE TODOS LOS PERUANOS Y ESPECIALMENTE PARA CON LOS NIÑOS DE LA OROYA …RAZÓN MAS QUE SUFICIENTE PARA DECEPCIONAR A TODOS LOS PERUANOS DE LOS DOS MANDATARIOS…
…lo que es peor aún, es que esto TAMPOCO HA SIDO DEBIDAMENTE DENUNCIADO por los organismos encargados de que el Estado cumpla sus obligaciones …así como ha ocurrido en La Oroya …ahora ocurre a lo largo y ancho del Perú … se concesiona y lotiza A LA DIABLA …y la contaminación se patea para el próximo siglo, para el siglo XXI …
HACIENDO DEL PERÚ UNA BARRABASADA!!!
El haber pasado de un 15% en 2004 a un 71% en 2009 de concesionamiento y lotización de la Amazonía peruana, se ha hecho A LA DIABLA …HACIENDO DEL PERÚ UNA BARRABASADA …envenenando el país impunemente, mafiosamente, desvergonzadamente, amparados en el silencio de quienes por temor o conveniencia al callar han otorgado al Estado “la patente de corso” de los crimenes socioambientales.
En este momento el gobierno de Obama se tambalea y la supervivencia de British Petroleum (BP) está en duda por el CRIMEN AMBIENTAL que constituye la fuga y derrame de petroleo del 20 de abril en el Golfo de México…parece que recién en agosto podrá ser controlada… si ese fuera el caso…tanto BP como Barack Obama …caerían. Pero eso es posible por la alta conciencia ecológica que el mundo viene alcanzando.
En el caso del Perú, vamos a contracorriente y ahora contaminamos largamente, mucho más de lo que se ha contaminado en toda nuestra história… y el gran contaminador es el mismísimo Estado Peruano.
Si el Estado Peruano durante el gobierno de Toledo y de Alan García A INCUMPLIDO SU COMPROMISO, A INCUMPLIDO SU RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, A INCUMPLIDO SU OBLIGACIÓN PARA CON LA SALUD DE TODOS LOS PERUANOS Y ESPECIALMENTE PARA CON LOS NIÑOS DE LA OROYA … ¿con que cara puede exigirle a DOE RUN que sea responsable? … acá tenemos el paradigmático caso de “El cajón de las manzanas podridas”.
Tarea será del próximo gobierno poner la casa en orden y detener esta criminal contaminación que ahora perpetran el Estado Peruano y sus empresas licitantes y concesionantes mega-extractivas.
EN LA FUNDICIÓN DE LA OROYA DOE RUN EMITE CANTIDADES INGENTES DE LOS LETALES METALES PESADOS PLOMO, CADMIO Y ARSÉNICO, QUE DEBEN SER ATRAPADOS ANTES DE ALCANZAR Y CONTAMINAR LA ATMÓSFERA …PORQUE SON TANTO O MAS TÓXICOS Y VENENOSOS QUE EL DIÓXIDO DE AZUFRE
SI EL CASO DE LA REBELDÍA DE DOE RUN Y EL CINISMO DE DOE RUN ESTAN ALCANZANDO NOTORIEDAD, ES POR EL MAYÚSCULO ESCÁNDALO QUE AHORA REPRESENTAN, DE MANERA QUE LAS COMPONENDAS, ARREGLITOS Y ARREGLAZOS YA NO DAN PARA MÁS … Y HA SALIDO A LA LUZ PUBLICA QUE LO QUE DEMANDA DOE RUN PARA NO INCUMPLIR LA LEY DEL PERÚ … ES CAMBIAR LA LEY DEL PERÚ …VOLVER A ARRODILLAR A UNA NACIÓN ANTE UNA EMPRESA!!!
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malcolm.allison@gmail.com
Es algo contradictorio y sorprendente lo que solicita la emprsas DRP SRL, por lo siguiente:
1º.- DRP sabia bien lo que estaba comprando, al momento de participar en la licitacion internacional, donde ocupo el segundo lugar , despues de la empresa mexicana Peñoles; mas aun se adicionamos la contratacion de profesionales peruanos que antes trabajaron en la Oroya (Fundicion y Refinerias), ocupando puestos administrativos de jerarquía (elaboracion y aprobacion del PAMA) y en entidades estatales decisorios.
2.- Desde el momento de la privatizacion la empresa Centromin SA y DRP se han efectuado un total de 11 entre modificaciones y ampliaciones del PAMA del complejo metalurgico, esto solo ocurre en el Peru, utilizando a trabajadores y familia para exigir al estado peruano sus requerimientos, amedrentando a organizaciones ambientalistas, lideres que exigianel cumplimiento de las nortmas ambientales en vigencia.
3.- Que ejemplo estamos dando a las generaciones futuras y imagen internacional con este tipo de actitudes negativas como estado, como ciudadano comun y corriente, responsables de la eliminacion y/o minimización de la contaminacion de una de las 10 ciudades mas contamiabndas de la tierra (Aire, agua y suelos).
4.- DRP debe seguir con su responsabilidad de finalizar sus compromisos adqueridos; corresponde al estado peruano tomar las acciones coercitivas para que DRP SRL no siga meciendo mas a los trabajadores, poblacion de la Oroya y entorno que dependen de esta empresa con sus actitudes de niño malcriado.
DOE RUN TIENE MAS ESCUDEROS EN PERÚ QUE EN ESTADOS UNIDOS
Doe Run: Contaminación en las operaciones de EE.UU.
Doe Run ha sido citado regularmente por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency EPA), por infringir los límites máximos de emisión, contaminando carreteras y en general contaminando las inmediaciones de su fundición [1]. Exceder los límites de emisiones se ha traducido en la reducción de la capacidad de fundición autorizada para la fundición de la Doe Run, Herculaneum. La contaminación de las carretera se ha traducido en órdenes estatales y federales para que Doe Run limpie las carreteras que ha contaminado, y se ha traducido en órdenes estatales y federales para limpiar sus vehículos de carga, antes de ir por vías públicas [2]. La compañía también ha sido demandada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) por cuestiones relacionadas con los niveles elevados de plomo en la sangre en la comunidad y plomo en los suelos de la comunidad adyacente a su fundición. También ha sido obligada a gastar 10,4 millones de dólares en la compra de 160 viviendas residenciales cerca de la fundición que están contaminadas y obligada a limpiar suelos contaminados. [3] La compañía ha pagado también la investigación y desarrollo de un sustituto químico del fundente que suele usar, Flubor [4]
Pollution at the U.S. operations
Doe Run has been cited regularly by the Environmental Protection Agency (EPA) for infringing emission limits, contaminating roads and generally polluting the immediate vicinity of the smelter. Exceeding of emission limits has resulted in the reduction of the permitted capacity of the Herculaneum smelter. Road contamination has resulted in orders to clean up certain roads and to wash down vehicles before they go onto public roads. The company has also been ordered by the EPA to address issues relating to elevated lead blood levels in the community and lead in community soils adjacent to the smelter. It has also spent US$10.4 million on buying up to 160 residential properties close to the smelter that are contaminated and is to clean up contaminated soils. The company has paid for research developing a chemical replacement of primary smelting, Flubor
1- ^ “doe%20run%20company”&start=1&doctype=html EPA search results for Doe Run
2- ^ EPA Fact Sheet Feb 2007 3- ^ Ddoe Run 10-Q/A, 2Q 2006 4- ^ St.Louis Post-Dispatch: Doe Run unveils new technology to replace primary smelting.
elprofesorquiroz@gmail.com
ESTADO PERUANO COMO CONTAMINADOR ALFA DE LA MANADA DE CONTAMINADORES DEL PERÚ
El haber pasado de un 15% en 2004 a un 71% en 2009 de concesionamiento y lotización de la Amazonía peruana, se ha hecho A LA DIABLA …HACIENDO DEL PERÚ UNA BARRABASADA …envenenando el país impunemente, mafiosamente, desvergonzadamente, amparados en el silencio de quienes por temor o conveniencia al callar han otorgado al Estado “la patente de corso” de los crimenes socioambientales.
En este momento el gobierno de Obama se tambalea y la supervivencia de British Petroleum (BP) está en duda por el CRIMEN AMBIENTAL que constituye la fuga y derrame de petroleo del 20 de abril en el Golfo de México…parece que recién en agosto podrá ser controlada… si ese fuera el caso…tanto BP como Barack Obama …caerían. Pero eso es posible por la alta conciencia ecológica que el mundo viene alcanzando.
En el caso del Perú, vamos a contracorriente y ahora contaminamos largamente, mucho más de lo que se ha contaminado en toda nuestra história… y el gran contaminador es el mismísimo Estado Peruano.
malcolm.allison@gmail.com