Isabel Calle: Acelerar proyectos no debe alterar el derecho a la participación ciudadana

participación ciudadana - Andina

En su presentación en el el seminario-taller “La minería, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Democracia Ambiental en los Países Andinos”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la SPDA, Isabel Calle, expuso sobre la Participación Ciudadana en el contexto del Proyecto Minero Las Bambas y las debilidades que el mecanismo del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) tiene para promover la participación del público y la canalización de información debida frente a un proyecto de tal magnitud.

Calle Valladares señaló que ante los reclamos del sector empresarial por la demora en la aprobación de proyectos de inversión en construcción, mejoramiento de carreteras, infraestructura educativa, salud, transportes, energía, comercio, pesca, entre otros -supuestamente debido a un exceso de regulaciones ambientales y a cierta rigidez en la administración pública en su aplicación-, el gobierno del presidente Ollanta Humala aprobó los Decretos Supremos 054 y 060-2013-PCM que establecieron una serie de disposiciones de relevancia ambiental que pretenden acelerar la aprobación y puesta en marcha de dichos proyectos.

El DS 054-2013-PCM establece que al tramitar un Informe Técnico Sustentario (ITS), mecanismo orientado a modificaciones no significativas, el titular del proyecto se libra de llevar a cabo un procedimiento de modificación ordinario para la certificación ambiental. El titular minero deberá presentar el ITS ante la autoridad competente antes de su implementación, el mismo que deberá ser aprobado en un plazo de 15 días hábiles.

“Este plazo asignado nos permite adelantar que el plazo general deviene en insuficiente el desarrollo de un proceso sustantivo de participación ciudadana para la aprobación del ITS, lo que a la larga podría generar una serie de potenciales conflictos socioambientales como lo veremos más adelante”, señaló Isabel Calle.

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Según la especialista de la SPDA, desde la fecha de aprobación del EIA para el Proyecto Minero Las Bambas, hasta el inicio de su operación, el titular del proyecto había realizado cinco modificaciones al EIA inicial, dos por el procedimiento regular de modificación de EIA y tres por medio del procedimiento de aprobación de ITS.

Si bien los dos cambios realizados bajo el procedimiento regular de modificación del EIA habrían tenido mecanismos de participación ciudadana, lo cuestionable es que bajo el trámite de los ITS los mecanismos de participación ciudadana no son exigibles, dejando como decisión del titular minero sobre la posibilidad de realizar o no dichos mecanismos de participación ciudadana.

“Debe considerarse que la reducción de los plazos de un trámite no puede comprometer el ejercicio de los derechos de participación ciudadana. Asimismo, la reducción o eliminación no justificada del derecho a la participación ciudadana puede generar, contrariamente a los objetivos de una norma de aceleración de la economía, situaciones de conflicto, desvirtuándose así la intención de viabilizar las inversiones al afectarse la eficiencia del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la credibilidad del estudio ambiental y los derechos ciudadanos involucrados”, concluyó la abogada.



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