[Lee el informe aquí]

Un reciente informe de Human Rights Watch hace un recuento de cómo el Congreso peruano está debilitando la lucha contra el crimen organizado, además de socavar la independencia judicial, la acción de los fiscales y la protección del ambiente.

En “Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado”, un documento de 44 páginas, la organización detalla que el Congreso ha obstaculizado investigaciones criminales, debilitado instituciones claves y revertido avances relacionados a la protección ambiental.

“El ataque del Congreso al Estado de derecho ha dejado a millones de peruanos más vulnerables frente al crimen organizado”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El Congreso y el gobierno de [Dina] Boluarte deben revertir urgentemente estas medidas y proteger los derechos de toda la ciudadanía”.

El informe fue elaborado a través de 125 entrevistas realizadas entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. Entre los participantes de este estudio figuran fiscales, jueces, policías, defensores ambientales, líderes indígenas, periodistas y funcionarios gubernamentales. Las entrevistas se realizaron en Lima, Puerto Maldonado, Pucallpa y Trujillo. Human Rights Watch también analizó 34 leyes y decisiones legislativas, así como 54 decretos presidenciales emitidos desde 2023.

Inseguridad ciudadana

El informe señala que la situación de seguridad en el Perú se ha deteriorado de manera alarmante. Según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre 2018 y 2024, los homicidios aumentaron un 137 %, y más de la mitad de los asesinatos en 2024 fueron cometidos por sicarios; asimismo, las denuncias por extorsión, especialmente en zonas urbanas y en el transporte de carga, alcanzaron niveles históricos en 2023 y se mantienen elevadas.

Human Rights también hace hincapié en que el Congreso ha contribuido en esta ola de inseguridad, al limitar los mecanismos de colaboración eficaz -lo cual debilita los esfuerzos para desmantelar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos-, o modificar la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir delitos de corrupción. Asimismo, ha obstaculizado los allanamientos y ha destituido arbitrariamente a jueces y fiscales de alto nivel para bloquear investigaciones sobre corrupción.

[Ver además►Ley MAPE: puntos claves de la norma que busca ser aprobada sin la debida participación]

Ambiente en riesgo

La organización internacional también afirma que el Congreso “ha aprobado leyes que socavan las protecciones medioambientales”, al fomentar la deforestación ilegal de grandes áreas (a través de la denominada “Ley Antiforestal”), y blindado a mineros ilegales frente a la persecución penal (aprobado por cuarta vez la extensión del Reinfo), a pesar del daño que ha provocado la minería ilegal en espacios sensibles como la Amazonía, y los delitos conexos que provoca: trata de personas, amenazas a defensores ambientales, homicidios, entre otros.

El informe destaca que, entre 2020 y 2023, casi la mitad de los ataques contra defensores ambientales y líderes indígenas estuvieron relacionados con la minería ilegal, según informó la Defensoría del Pueblo.

“Las hectáreas afectadas por la minería ilegal aumentan año tras año sin que el Estado reaccione, lo que lleva a estas zonas delitos derivados de ella como la trata de personas, los homicidios y las violaciones”, dijo a Human Rights Watch un fiscal de alto rango en la Amazonía.

Ataque a periodistas y ONG

Finalmente, el informe hace referencia a las medidas del Congreso para “restringir gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil en el Perú”. En marzo de 2025, por ejemplo, el Congreso aprobó una ley que amplía significativamente la autoridad del Gobierno sobre periodistas y organizaciones no gubernamentales que reciben fondos desde el extranjero (a través de la modificación de la denominada “Ley APCI”).

Como se recuerda, la “Ley APCI” pondría en riesgo la independencia de las organizaciones civiles y la prensa independiente, ya que serviría como un mecanismo fiscalización y sanción para controlar a las voces incómodas del Gobierno y Congreso. [Lee el informe de la SPDA sobre este tema]

Esta norma también vulneraría el derecho de defensa de las poblaciones más vulnerables, ya que no se podrían usar fondos del extranjero para financiar el asesoramiento o acompañamiento legal de las personas en juicios contra el Estado peruano.

Actualmente, agrega Human Rights, el Perú busca ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integrada en su mayoría por países que promueven políticas públicas para mejorar el bienestar económico y social a nivel global. Sin embargo, este ingreso estaría en riesgo porque el país no cumpliría con los estándares de gobernanza pública, medioambiente y Estado de derecho.

“La OCDE debe buscar que las autoridades peruanas se comprometan a garantizar la separación de poderes y eliminar obstáculos en la lucha contra el crimen organizado, la destrucción del medioambiente y la corrupción”, señaló Juanita Goebertus.

Dato:

• Human Rights Watch es una organización dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Su sede se encuentra en Nueva York (Estados Unidos), y cuenta con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington.
• Lee el informe completo aquí. ​