Frank Almanza, coordinador de las FEMA a nivel nacional. Fotos: Andina y La Encerrona

La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas ambientales y sociales del país. A diferencia de la minería formal, esta actividad no cuenta con autorizaciones ni medidas de control ambiental, y en muchos casos contamina ríos con mercurio y cianuro, devasta los bosques y fomenta redes de criminalidad.

“La minería ilegal, entre todos los delitos ambientales, es hoy la que más preocupación y problemas nos está generando por su alcance nacional”, señaló Almanza. Asimismo, explicó que además del daño ambiental, se están registrando delitos conexos como sicariato, extorsión y lavado de activos.

Almanza también alertó que en los operativos han notado que los mineros ilegales ya no portan solamente motores, balsas y otras herramientas, sino también fusiles automáticos, armas de guerra “y eso es una muestra inequívoca de que atrás de eso hay una actividad organizada bastante peligrosa”.

“Casi todo lo malo que pasa en ciudades como Trujillo tiene que ver con minería ilegal. ¿Por qué lo mataron? Minería ilegal. ¿Por qué lo secuestraron? Minería ilegal. ¿Por qué lo extorsionaron? Minería ilegal. Esta actividad incentiva la criminalidad organizada, por una sola razón: el poder económico que maneja”, afirmó.

El fiscal también se refirió a un estudio reciente en Iquitos, el cual reveló que más del 80 % de las personas que viven cerca de los ríos tienen cinco veces más mercurio en el cuerpo que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. “Esos niños no tienen memoria ni retención. ¿Qué futuro tienen esas regiones?”, se preguntó.

Pese a este escenario crítico, el presupuesto destinado a la lucha contra estos delitos ha sido drásticamente reducido. “A las FEMA nos han quitado el presupuesto asignado para delitos de minería ilegal. Nos han puesto presupuesto cero”, denunció. Sólo ante casos extremos, como el asesinato de 13 personas en Pataz (La Libertad), se destinan recursos de forma puntual, pero otras zonas con igual o mayor presencia minera —como Puerto Maldonado, Pucallpa, Rinconada o Puerto Inca— siguen desatendidas.

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Minería ilegal en Madre de Dios. Foto: Vico Mendez / SPDA

El coordinador de las FEMA también señaló que aún no existe una sensibilización a nivel de ciudadanía sobre este problema nacional. “Si la gente que ese es un problema de un río y del que vive al costado del río, no entiende el fenómeno de una economía ilegal, y lo que eso puede transcender y repercutir”, agregó.

Por otro lado, lamentó que el Congreso haya modificado la Ley de crimen organizado. Los delitos ambientales no alcanzan penas mayores a cinco años, por lo que no pueden ser investigados bajo los mecanismos de la mencionada ley. “Sin esas herramientas —como interceptaciones, agentes especiales o colaboraciones eficaces— ningún juez aprueba medidas. Y no podemos llevar los casos a la Corte Penal Nacional, que es la instancia competente para este tipo de delitos”, indicó.

Ante esta situación, el coordinador de las FEMA explicó que, desde el Ministerio Público, están demandando dos situaciones: presupuesto suficiente y normas que permitan a los fiscales actuar. “FEMA ha demostrado su compromiso trabajando en condiciones extremas, acampando en la selva o en zonas altas. Imagínense lo que podrían lograr si tuvieran herramientas adecuadas y normas favorables”, concluyó Almanza.