En el Perú, así como otros países de la región, la minería ilegal de oro ha crecido de manera exponencial, y esta actividad ha traído consigo otra clase de delitos asociados: trata de personas, sicariato, crimen organizado, entre otros. Entre sus impactos figuran la deforestación, la contaminación de ríos y suelos, y la afectación a la biodiversidad en general, y a ello se suman las amenazas y atentados contra los defensores ambientales y pueblos indígenas, quienes denuncian con frecuenta ataques, invasiones y hasta crímenes.

Según un informe “Estimaciones sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú – 2025”, realizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), el incremento de esta actividad “está impulsado por el alza de los precios de los minerales y la expansión del crimen organizado, en un contexto en el que la capacidad de respuesta del Estado se ha debilitado”.

“A pesar de los esfuerzos desde 2012 para enfrentar este fenómeno —incluyendo normativas, interdicciones y sanciones penales— la actividad continúa expandiéndose”, agrega el informe que analizó hasta 15 diferentes estudios sobre el tema, de los cuales 7 se realizaron entre 2023 y 2024.

El informe revela que, en las últimas dos décadas, se habría producido entre 3260.09 toneladas (como máximo) y 475.83 toneladas (como mínimo) de oro no registrado/ilegal con un valor de entre 165 357.57 y 23 361.48 millones de dólares.

“[…] las estimaciones máximas del valor del oro no registrado/ilegal en los últimos 20 años, representa el 74.8 % del PBI nacional reportado para el 2023”, indica el informe.

“Los estudios analizados nos dan una idea de la magnitud de la minería ilegal de oro en el Perú y es importante mencionar que todos se enfocan en las cifras y registros de producción y exportación de oro metálico; sin embargo, la producción y comercialización del oro metálico podría no ser la única fuente de salida del oro ilegal”, puntualiza el informe.

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Faltan datos para mejores respuestas

Andrea Buitrago, directora ejecutiva de la FCDS, indicó que “la minería ilegal es un desafío global que afecta especialmente al Perú, donde su impacto se ha intensificado debido a la creciente demanda de minerales y la presencia de grupos organizados. A pesar de los esfuerzos estatales como la implementación de normativas desde 2012 y operativos de control, esta actividad ilícita sigue expandiéndose, destacando la necesidad de un sistema eficiente para medir su alcance”.

“Sin datos claros y regulares, es difícil diseñar políticas efectivas y evaluar su impacto. Métodos como el uso de imágenes satelitales, drones y conteo de equipos han permitido aproximaciones, pero siguen siendo limitados en alcance y frecuencia. La participación de organizaciones civiles ha sido clave en el monitoreo, mientras que los reportes estatales regulares aún son insuficientes. Contar con una herramienta integral de medición es fundamental para enfrentar esta problemática y mitigar sus consecuencias sociales, económicas y ambientales”, concluye.