Ejecutivo aprobó la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

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El Consejo de Ministros aprobó la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (PNFFS), documento que promueve el desarrollo del sector forestal y el manejo sostenible de los bosques, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Según Minagri, la PNFFS fue elaborada de manera participativa y descentralizada, que involucra al Estado en sus tres niveles de gobierno y que define a nivel macro y con visión de largo plazo la gestión pública en materia forestal y fauna silvestre.

Subrayó que ello permite asegurar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Desde el 6 de diciembre del 2012 se desarrolló la etapa participativa de la PNFFS, la misma que incluyó la socialización de esta propuesta a través de la web del Minagri y la realización de talleres y reuniones de trabajo con diversos actores.

Participaron, por ejemplo, representantes de la Asociación de Exportadores (Adex), docentes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), expertos en fauna, entre otros.

Asimismo, se realizaron reuniones de socialización y trabajo con líderes y representantes nacionales y regionales de las principales organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas (Conap).

Los objetivos de la política forestal son contribuir en el desarrollo sostenible del país a través de una adecuada gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre en armonía con el interés social, cultural, económico y ambiental de la Nación.

Además, garantiza un marco institucional que asegura una gestión ecológicamente sostenible, económicamente competitiva, social y culturalmente inclusiva.

De la misma manera, promueve la conservación y el aprovechamiento sostenible fomentando una gestión integrada que respete el ordenamiento forestal, la seguridad sobre los derechos adquiridos, el monitoreo, la supervisión y la fiscalización, así como la información oportuna, transparente y veraz para la toma de decisiones.

También busca propiciar negocios competitivos socialmente inclusivos y ambientalmente sostenibles, que prioricen la generación de alto valor agregado y ofrezcan una duradera rentabilidad a los usuarios del bosque y al país, a la par que desalienten el cambio de uso de las tierras forestales.



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