Escribe: Marc Dourojeanni* / Profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina 

 

Como bien se sabe, Donald Trump ha lanzado una campaña frontal contra las precauciones ambientales que su propio país ha acumulado a lo largo de décadas y de gobiernos tanto republicanos como demócratas. Los EE. UU. han sido un ejemplo de progresos en el tratamiento del ambiente y los han promovido con bastante eficacia a los países menos desarrollados. Pero el comportamiento de Trump es contagioso y está siendo adoptado en otras partes del mundo, como Brasil y Perú.

En efecto, a las buenas, es decir dando el ejemplo, educando y destinando presupuestos considerables para los temas ambientales a través de la cooperación o, a las malas, imponiendo condicionalidades ambientales a la asistencia financiera a través de los bancos multilaterales donde EE. UU. lleva la voz cantante y, asimismo, convenciendo mediante acuerdos y tratados internacionales, ese país tuvo gran influencia en la adopción de medidas para evitar impactos ambientales negativos y para usar mejor los recursos naturales renovables. No hay duda de que muchos ministerios del ambiente y otras tantas leyes ambientales y sobre recursos naturales se deben a la presión o influencia de EE. UU.

Todo esto cesó abruptamente. El discurso negacionista y las acciones de Trump, que incluyen desde desmantelar las instituciones públicas ambientales, fomentar la producción y el uso de energía fósil hasta recortar el presupuesto del famoso Servicio de Parques Nacionales, está siendo rápidamente copiado en otros países. Eso se constata en gran parte de las naciones del segundo y tercer mundo: (i) con el crecimiento geométrico de las agresiones al ambiente aunado a la cada vez mayor ineficiencia de las instituciones públicas que deben evitarlas y, (ii) con los esfuerzos cada día más desvergonzados para cambiar la legislación vigente haciéndola tan abierta que se puede augurar una situación desastrosa, a contramano de todo lo que se debe hacer hoy para asegurar un futuro más seguro.

Dos ejemplos de esos ataques a la legislación ambiental merecen ser citados: el Proyecto de Ley 2159/2021 del Brasil, «Ley General del Licenciamiento Ambiental», que fue aprobado entre gallos y medianoche el 17 de julio de 2025, y el Proyecto de Ley 11822/2024-CR del Perú, “Ley que garantiza el aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables para generar el aumento del canon y sobre canon que sirvan para el cierre de brechas de infraestructura y sociales”, que estaría próximo a ser votado.

Ambos casos revisten una gravedad extrema. La ley que el Congreso del Brasil acaba de aprobar busca, en teoría, flexibilizar el proceso de licenciamiento ambiental. Eso puede ser válido. Sin embargo, reduce el complejo y delicado proceso de licenciamiento para obras mal definidas como de medio porte a una simple “licencia ambiental especial” que omite las principales etapas del proceso y que impone plazos muy breves. Y, para obras menores o de bajo impacto bastará una “licencia ambiental por adhesión o compromiso”, mediante una elemental declaración jurada, es decir una modalidad de “autolicenciamiento”. Además, como era de suponer, establece que las obras declaradas de “utilidad pública” tendrían facilidades especiales. La ley no define los términos “medio” y “bajo” impacto, que serían determinados en la reglamentación, pero por las declaraciones de los legisladores afectarán obras y desarrollo de todos los sectores, que en su mayor parte requieren actualmente pasar por el tamiz ambiental. Además, transfiere la responsabilidad del licenciamiento a los estados, con lo que se puede esperar cualquier cosa a capricho de los gobiernos regionales y locales de turno. Solo excluye de la nueva ley el licenciamiento para la gran minería y obras reconocidamente de muy grande porte o las que afectan más de un estado. La ley, que fue presentada en 2004 y que durmió durante 20 años pues era considerada escandalosamente permisiva, ha sido y es promovida por el poderoso sector agropecuario, que tiene enorme influencia en el Congreso y que considera que la medida “destrabará” al Brasil y “modernizará” las infraestructuras del país.

Según las primeras evaluaciones del impacto esta modificación, ya apodada “Ley de la devastación”, permitirá expandir la agricultura y la ganadería sobre hasta 17 millones de hectáreas de bosques naturales, pues limita el rol de las instituciones responsables para permitir el cambio de uso de los bosques para usos agropecuarios y posibilitaría el desbosque inclusive dentro de las áreas naturales protegidas y, especialmente, en lo poco que queda del Bosque Atlántico. Se podrá construir represas, vías de comunicación, duplicación y pavimentación de carreteras, represas de tamaño medio, redes de transporte de energía, obras sanitarias y hasta centrales hidroeléctricas de medio porte, entre otras obras con obvio impacto ambiental prácticamente sin trámite. El agronegocio se beneficiará especialmente con la eliminación del licenciamiento para implantar cultivo de especies temporales o perennes, ganadería semi intensiva e intensiva de pequeño y medio porte y para las infraestructuras relacionadas, como captación y almacenamiento de agua superficial, explotación de agua subterránea, etc.  Para eso bastaría una declaración de adhesión o compromiso de respetar las normas legales. Se ha señalado que el uso de la tal declaración liberaría al 90 % de los licenciamientos que son tradicionalmente otorgados en el Brasil, incluidos los de la industria y la pequeña y mediana minería.

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En el Perú, después de varios intentos infructuosos de abrir áreas protegidas a la explotación de sus recursos, de los que los casos más recientes fueron el de la pesca industrial dentro de la Reserva Nacional de Paracas y la extracción de gas dentro del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, está avanzando un proyecto de ley que abriría todas las áreas naturales protegidas, tanto las nacionales como las regionales, a prácticamente cualquier forma de uso de los recursos naturales renovables y no renovables. Además, reduce los requisitos para eliminar o recortar áreas protegidas y dificulta enormemente el establecimiento de nuevas, las que son tan necesarias para completar la cobertura de la conservación de la diversidad biológica. Todos esos atropellos se realizarían apenas mediante una declaración de “necesidad y utilidad pública” por el Congreso, es decir un trámite puramente formal que ni siquiera requiere de estudios previos, o por el Gobierno. La propuesta llega al extremo de someter los planes maestros de parques y reservas a los sectores interesados en explotar los recursos, especialmente energía y minas, limitando drásticamente la injerencia del Ministerio del Ambiente (Minam) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

En ambos países esas propuestas han levantado innúmeras protestas. Significan un inédito retroceso de la legislación ambiental, de muchas décadas. De hecho, se espera que el presidente del Brasil la vete o que vete gran parte de esa ley cuando llegue a su despacho y, en el caso del Perú, se espera que no sea aprobada y que si lo fuera sea igualmente vetada por la presidenta de la República. Los argumentos científicos y técnicos para oponerse a ambas leyes son sólidos y deberían ser escuchados, pero, quizá lo más importante es que ambos proyectos son claramente anticonstitucionales por lo que se espera que en el caso dramático de que no sean vetados, en ambos casos el asunto terminaría en las cortes supremas o en el tribunal constitucional. Pero el riesgo existe.

Lo que resulta incomprensible es que eso ocurra precisamente ahora, cuando la humanidad contempla las evidencias  abrumadoras de los impactos del cambio climático, con una elevación descontrolada de la temperatura y la alteración del ciclo del agua con sus secuelas de incendios forestales incontrolables, inundaciones violentas seguidas de interminables sequías, glaciares desapareciendo y océanos con aguas subiendo, contaminación general tanto del aire como del agua y suelo, pérdida de la capacidad productiva de las pesquerías y de los bosques. Es decir, esas propuestas aparecen pese a un escenario tendencial apocalíptico. Personajes como Trump y los que promovieron esas leyes en Brasil y Perú aparecen como los jinetes bíblicos, persistiendo en acelerar el fin previsible. Lo hacen con argumentos socioeconómicos risibles, deleznables, como si no estuviese pasando nada y pensando apenas en lucros inmediatos, sin ninguna consideración por la realidad y menos por el futuro de sus propios hijos.

 

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* La sección “Debate Abierto” es un espacio de Actualidad Ambiental donde diversos especialistas publican artículos o columnas de opinión. Las opiniones son enteramente responsabilidad de los y las columnistas.

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